¡°La ley de tasas judiciales impone un sistema perverso¡±

Antonio Esteban (Onda, 1945) es decano del Colegio de Abogados de Castell¨®n desde abril de 2011. En su toma de posesi¨®n critic¨® la desidia de la Administraci¨®n para resolver los problemas de la justicia y lo sigue manteniendo. "Abordarlos o no hacer nada es algo que no tiene ni r¨¦dito ni coste pol¨ªtico", se queja. Lleva m¨¢s de un a?o al frente de un colegio que asiste a una sociedad duramente afectada por la crisis y por ello insiste en medidas que solucionen el endeudamiento de las familias. Esteban considera una ¡°barbaridad¡± la ley de tasas judiciales y anuncia v¨ªas para plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad.

?Pregunta. El ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n ha acusado de corporativismo a quienes, como los abogados, critican las tasas. ?Qu¨¦ opina?

Respuesta. Corporativismo no hay ninguno, a nosotros no nos afectan personalmente sino a los ciudadanos y al recorte de sus derechos. Son un recorte importante de los derechos de los ciudadanos que se ver¨¢n sobre todo en la franja de clase media, que no podr¨¢ acceder al proceso y tampoco tendr¨¢ derecho a la justicia gratuita. La ley recoge la vinculaci¨®n de las tasas con la justicia gratuita, para financiarla, e insistimos en que tiene que financiarse con cargo a los presupuestos. ?Es que la justicia gratuita la van a pagar otros? Es un sistema perverso.

P. ?Deja la ley una puerta abierta a la posibilidad de no pagar?

Hay que buscar f¨®rmulas para liberar a las familias de su deuda

R. No, la ley est¨¢ hecha de forma que es un requisito imprescindible para tramitar el proceso. Si no lo pagas no se dar¨¢ curso a la denuncia. Y es ah¨ª donde tenemos que tratar de introducir la cuesti¨®n de inconstitucionalidad.

P. Recientemente tambi¨¦n se ha aprobado un pol¨¦mico decreto sobre desahucios que contenta a pocos ?Qu¨¦ reformas ser¨ªan necesarias?

R. Hay que mejorar los instrumentos de defensa de los deudores, modificar puntos como los intereses moratorios, que son abusivos, y cambiar el concurso de acreedores de las personas f¨ªsicas. Las personas jur¨ªdicas cuando entran en liquidaci¨®n se disuelven y se extinguen aunque no cobre casi nadie. Con las personas f¨ªsicas se acaba el concurso pero se sigue debiendo todo. Hasta que no se mueren no se extinguen y esta parte de la ley concursal no se ha resuelto. Hay que buscar un tratamiento espec¨ªfico que resuelva el endeudamiento familiar y, cuando finalice el concurso, queden liberadas de la deuda y puedan empezar de cero. Si existiera esta f¨®rmula se podr¨ªa solventar la hip¨®tesis de perder la vivienda y tener que seguir debiendo el dinero.

P. Usted defendi¨® que urg¨ªa una reforma legislativa. ?Se ha perdido la oportunidad?

R. Las reformas legislativas han de ser ponderadas y reflexivas para no legislar al hilo de la actualidad porque las normas tendr¨ªan fecha de caducidad. Pero tambi¨¦n es verdad que no se ha iniciado, ni discutido, ni nadie se ha pronunciado sobre el alcance de esas futuras reformas. No ser¨¢ inmediato, pero desde luego, si no se empieza se ir¨¢ alargando indefinidamente.

Veremos si el Consell puede pagar este mes los 4 millones del turno de oficio

P. Con la ley actual, ?qu¨¦ herramientas tiene un abogado para defender a una persona con amenaza de desahucio?

R. Hoy pr¨¢cticamente ninguna. En una ejecuci¨®n hipotecaria no puedes alegar pr¨¢cticamente nada. Adem¨¢s, cualquier alegaci¨®n que no sea estrictamente formal debe ir a un procedimiento posterior para plantear cuestiones sobre intereses abusivos, etc. En estos casos solo se puede hacer despu¨¦s, cuando ya has perdido la vivienda y cuando te han echado.

P. Recientemente el Colegio ha implantado una oficina de mediaci¨®n hipotecaria en Castell¨®n, ?se han cerrado ya acuerdos con las entidades?

R. A algunos acuerdos s¨ª se est¨¢n llegando. En Castell¨®n, donde llevamos m¨¢s tiempo, me consta que se ha realizado alguna daci¨®n en pago y otra refinanciaci¨®n. Son procesos lentos, pero lo importante es que la ciudadan¨ªa se va acercando y reciben un asesoramiento y una gesti¨®n profesional que hasta ahora no ten¨ªan.

P. Y en esa mediaci¨®n, ?hay disposici¨®n de las entidades a negociar?

R. Soy un poco esc¨¦ptico, porque las manifestaciones p¨²blicas son de buena voluntad, el clamor social se ha intensificado y las entidades deben estar reflexionando. Hasta d¨®nde y en qu¨¦, no lo s¨¦.

P. ?Se han resuelto los problemas con el pago del turno de oficio?

R. Ahora estamos al corriente y tambi¨¦n tenemos que reconocer el esfuerzo y la buena disposici¨®n de la consejer¨ªa y la de los abogados de sacrificarse y tener una paciencia m¨¢s all¨¢ de la debida. Veremos el 1 de diciembre si se ha cumplido o no con el pago del tercer trimestre del turno, que es de casi cuatro millones. Veremos si lo puede afrontar.

P. ¡°No conf¨ªo en la justicia porque cada d¨ªa es m¨¢s lenta y m¨¢s cara, he llegado a la conclusi¨®n de que en Espa?a no somos todos iguales ante la ley¡±. Lo dijo su antecesor hace unos meses. ?Opina lo mismo?

R. Entiendo que se refer¨ªa a la administraci¨®n de la justicia. Bajo ese punto de vista, creo que el funcionamiento es malo y francamente mejorable. El Gobierno no est¨¢ cumpliendo el par¨¢metro de calidad en cuanto a prontitud en las resoluciones, exigible para un servicio p¨²blico de esa envergadura. Adem¨¢s, est¨¢ claro que si los destinatarios finales de este servicio son los m¨¢s desfavorecidos y las clases medias, evidentemente el resultado final es que hay diferencias. Con la ley de tasas vamos a una administraci¨®n de justicia para ricos, para quienes puedan pagarla, y otra para pobres que ser¨¢ la justicia gratuita. Tambi¨¦n habr¨¢ una zona de nadie en que la soluci¨®n estar¨¢ en las alternativas a los juzgados como la mediaci¨®n porque habr¨¢ mucha gente que no re¨²ne requisitos para la justicia gratuita y no podr¨¢n afrontar el pago de las tasas.