Hogares con cimientos de barro

A Rosaura, una mujer de 78 a?os, ya le ha llegado la ¨²ltima sentencia que le obliga a derribar su casa construida en 2006 en un terreno que est¨¢ sujeto a especial protecci¨®n: la marjaler¨ªa de Nules-Burriana. La Audiencia Provincial de Castell¨®n la ha condenado adem¨¢s a una pena de seis meses de c¨¢rcel y una multa de casi 3.000 euros por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio.

Tambi¨¦n deber¨¢ hacer frente al pago del derribo de su vivienda. De nada le han valido sus justificaciones en las que negaba que supiera que en ese terreno no se pod¨ªa construir porque en la zona se levantan m¨¢s de 600 viviendas. Pero el fallo es rotundo y ya no hay posibilidad de recurso. El de Rosaura es, de momento, de los pocos casos en los que se ha ordenado ejecutar el derribo de la casa, pero son muchos los vecinos que viven bajo la misma amenaza.

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente incluy¨® en 2002 a la marjaler¨ªa de Nules-Burriana en el Cat¨¢logo de Zonas H¨²medas de la Comunidad Valenciana declarando las m¨¢s de 500 hect¨¢reas de la zona como suelo no urbanizable sujeto a especial protecci¨®n. Ya entonces hab¨ªa edificaciones diseminadas, pero en los a?os posteriores las construcciones prosiguieron sin ning¨²n control hasta que el grupo ecologista Gecen lo denunci¨®.

La fiscal¨ªa abri¨® entonces diligencias penales por las que imput¨® al exalcalde de Nules por no abrir ning¨²n expediente de sanci¨®n a unos 80 propietarios (tambi¨¦n imputados) pese a conocer la existencia de las edificaciones. Tras ello, la consejer¨ªa actu¨® y remiti¨® en 2008 m¨¢s de un centenar de ¨®rdenes de derribo que han sido recurridas por la v¨ªa contenciosa.

"Los dos procesos siguen adelante", explica Juan Gil, el abogado que defiende a los cientos de vecinos cuyas viviendas, construidas ilegalmente, peligran. "Jur¨ªdicamente est¨¢n condenados porque las casas se han levantado en una zona de especial protecci¨®n donde no se puede hacer nada", afirma. La ¨²nica salida est¨¢ en buscar ¡°una soluci¨®n pol¨ªtica¡± con los dos consistorios afectados y con la Generalitat para regularizar las m¨¢s de 600 viviendas de la marjal. Seg¨²n sostiene, las administraciones locales son responsables de permitir la constante edificaci¨®n en la zona. ¡°No han paralizado ni una sola¡±, insiste.

La esperanza de los vecinos para no verse en la misma situaci¨®n que Rosaura est¨¢ en el Plan Especial que est¨¢ elaborando la consejer¨ªa de Medio Ambiente y que debe aprobarse el pr¨®ximo mes. ¡°Las viviendas construidas antes de la catalogaci¨®n como zona h¨²meda se salvar¨¢n, pero el problema son las m¨¢s de 500 construidas despu¨¦s, cuando el suelo es de especial protecci¨®n", dice. Los propietarios exigen que las casas ya edificadas puedan mantenerse, pero desde los ayuntamientos lo ven complicado.

El plan especial establecer¨¢ los usos del suelo y el borrador adelantado a los ayuntamientos no incluye ninguna soluci¨®n para las casas m¨¢s all¨¢ de establecer entre sus objetivos "adecuar el sistema de asentamientos a la conservaci¨®n del paisaje agrario".

Por ello, Burriana ya ha comenzado a trabajar en un plan de minimizaci¨®n de impacto. "Se han identificado en nuestro t¨¦rmino municipal 417 edificaciones, de las que 338 podr¨ªan acogerse a las ventajas del plan (es decir, regularizarse)", advierten desde el Consistorio. El edil de Medio Ambiente concreta que se salvar¨¢n ¡°todas las levantadas antes de 2005, que es desde cuando tenemos datos oficiales¡±. El resto est¨¢n abocadas al derribo, ya que desde fiscal¨ªa se les ha instado a comunicar cualquier ilegalidad. "Estamos remitiendo todo lo construido a partir de 2007", dice sin especificar n¨²mero.

En Nules, seg¨²n afirman desde el ayuntamiento, ¡°se desconoce¡± el n¨²mero de viviendas que podr¨¢n salvarse y trasladan a la consejer¨ªa toda responsabilidad. ¡°Todas las que se construyeron despu¨¦s de 2002, cuando se aprob¨® el Cat¨¢logo de Zonas H¨²medas, no son legales y ser¨¢ un tribunal el que decida", indicaron. Pero desde la asociaci¨®n de afectados apuntan que apenas un dos por ciento de todas las construcciones se realizaron antes de esa fecha y apelan a un compromiso del alcalde y diputado provincial de medio ambiente, Mario Garc¨ªa, para salvarlas.

Mientras, desde Medio Ambiente remiten al plan que se aprobar¨¢ en diciembre y esquivan afirmar si el documento dejar¨¢ una puerta abierta para amnistiar las viviendas de cientos de vecinos. Aun as¨ª recuerdan que la fiscal¨ªa ha abierto una investigaci¨®n (que afecta de momento a un centenar de casas) y que en esos casos habr¨¢ que someterse a la decisi¨®n judicial.