?Tiene l¨ªmite la impunidad del poder?

No dejo de sorprenderme, a pesar de mis ya muchos a?os, y de haber vivido buena parte de mi juventud en plena dictadura, la propensi¨®n del poder de abusar de sus privilegios y prebendas. Y ello se hace m¨¢s evidente cuando sus actuaciones no requieren argumentaci¨®n alguna. Son simple y llanamente discrecionales y ¡°soberanamente¡± abusivas. Cuanto m¨¢s tradici¨®n autoritaria y machista tiene una sociedad, m¨¢s afloran ese tipo de actuaciones que mezclan ¡°fuero¡± y ¡°huevo(s)¡±. Ya me explicar¨¢n sino como se entiende que seg¨²n los datos recogidos por Ignacio Escolar, en un a?o el gobierno Rajoy haya concedido 444 indultos. No ha sido un a?o excepcional. El promedio de indultos desde 1977 es de cerca de 500 al a?o, con algunas puntas en el per¨ªodo Aznar. Mientras en los Estados Unidos, por ejemplo, en sus ocho a?os de gobierno, Bush, concedi¨® s¨®lo 200 indultos. El esc¨¢ndalo que ha significado el doble indulto concedido a los cuatro Mossos condenados por tortura, demuestra lo inveros¨ªmil de la pr¨¢ctica cuando se abusa de ella. Como bien dicen los m¨¢s de doscientos jueces en su comunicado, ese indulto supone ¡°una afrenta a la dignidad humana¡±, al margen del menosprecio a la labor judicial como garante de los derechos de ciudadan¨ªa, y a?aden, ¡°la decisi¨®n del Gobierno es impropia de un sistema democr¨¢tico de derecho, ileg¨ªtima y ¨¦ticamente inasumible¡±. En este ¨²ltimo a?o se ha indultado a oficiales implicados en el caso del Yak-42, o a implicados en casos de corrupci¨®n probada, como los dirigentes de Uni¨® Democr¨¢tica en el llamado cas Treball o alcaldes y cargos del PP.

Mientras, circula por las redes el v¨ªdeo en el que Ester Quintana narra como perdi¨® el ojo izquierdo por una carga con uso de pelotas de goma u otros proyectiles por parte de los Mossos el pasado 14N. Una carga que el cuerpo de polic¨ªa y el propio Felip Puig siguen negando que se diera. Mientras, hay gente que sigue perdiendo el piso al adeudar menos de 5.000 euros, pero las instituciones financieras siguen recibiendo miles y miles de millones de euros para conseguir que el mercado vuelva a funcionar como est¨¢ previsto que lo haga. Mientras, el gobierno del Estado deja de pagar a la Seguridad Social las contribuciones de 145.000 personas que cuidan a otros tantos ancianos.

Es evidente que estamos en un momento excepcional. Un momento en el que la capacidad de mantener los ingresos p¨²blicos se hace muy dif¨ªcil por la evidente insolidaridad de los que pudiendo pagar, aprovechan los innumerables mecanismos legales o paralegales para incumplir o medio cumplir sus obligaciones tributarias. En ese contexto, la capacidad de mantener el grueso de unas pol¨ªticas sociales que aseguran el acceso a bienes b¨¢sicos como educaci¨®n, salud o ingresos de subsistencia, est¨¢n claramente en peligro de extinci¨®n. Los conflictos aumentan y aumentar¨¢n. Algunos tendr¨¢n un contenido pol¨ªtico y reivindicativo, otros se expresar¨¢n en formatos estrictamente delictivos. Pero, ante ello, lo que hemos de exigir a las fuerzas de orden p¨²blico y la justicia es entender su papel de garantes y servidores de la ley, y no meros instrumentos de la prepotencia y de la impunidad de los m¨¢s poderosos. Con dirigentes como Felip Puig, que confunde lealtad a sus subordinados con defensa de la m¨¢s absoluta discrecionalidad, no vamos por buen camino. Tampoco me parece que el actual ministro de justicia (ya que de la consejera de justicia en funciones no hay noticias), haya sabido estar a la altura de las circunstancias al reaccionar al asunto recordando sus prerrogativas.

M¨¢s atinada me parece la opci¨®n de algunos jueces que tratan de encontrar resquicios legales e interpretaciones normativas que defiendan, por ejemplo, a los afectados por los desahucios. Los l¨ªmites a la impunidad del poder en democracia reside en el sistema de garant¨ªas y en los controles que la propia divisi¨®n de poderes contempla, desde una l¨®gica de desconfianza liberal. Pero cuando esos controles no sirven o cuando se abusa de las prerrogativas, ha de ser la ciudadan¨ªa que ponga en pie un sistema de vigilancia y de contrapeso, un sistema de desconfianza democr¨¢tica basada en la movilizaci¨®n social y en la denuncia de conductas que s¨®lo generan m¨¢s y m¨¢s graves conflictos. Esperemos que en los debates de estos d¨ªas sobre la formaci¨®n del nuevo gobierno, m¨¢s all¨¢ de fechas de consulta y reparto del poder, esos temas tambi¨¦n se tengan en cuenta y podamos volver a recuperar, al menos, parte de la confianza perdida en las instituciones.

Joan Subirats es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica en la UAB.