Las obras de Girona vinculadas al clan de los ¡®asfalteros¡¯ se encarec¨ªan hasta un 46%
La Sindicatura de Cuentas denuncia los sobrecostes en concursos de Gisa entre 2007 y 2009
Los concursos que Gisa adjudic¨® en Girona entre 2007 y 2009 sufrieron sustanciales encarecimientos una vez en marcha. Es la principal conclusi¨®n que la Sindicatura de Comptes ha sacado tras cumplir el mandato del Parlamento catal¨¢n, que le encomend¨® la detecci¨®n de posibles anomal¨ªas en los procesos de adjudicaci¨®n de obras investigadas en el caso del clan de los asfalteros, una supuesta trama con la que un grupo de constructoras se reparti¨® el pastel de las obras p¨²blicas en la provincia gerundense. El reparto habr¨ªa contado con la presunta connivencia del gerente de carreteras de Gisa en Girona, Jordi Verg¨¦, despedido tras conocerse la investigaci¨®n.
Las cuatro principales obras adjudicadas en la provincia durante 2007 y fiscalizadas por la Sindicatura sufrieron desviaciones presupuestarias que supusieron para la Administraci¨®n incrementos de coste de entre el 21,9% y el 46,1%. Esa din¨¢mica se repiti¨® en los a?os sucesivos analizados, por lo que el organismo fiscalizador exige un planteamiento t¨¦cnico y una supervisi¨®n m¨¢s firme que evite posteriores replanteamientos de obras.
Del informe elaborado por la la Sindicatura tambi¨¦n se evidencia un importante peso de elementos subjetivos a la hora de adjudicar las obras. El organismo p¨²blico reclama a Gisa el establecimiento de ¡°criterios de valoraci¨®n que se puedan cuantificar mediante la aplicaci¨®n de una f¨®rmula o de un c¨¢lculo de proporcionalidad y ser expresados en cifras o porcentajes¡±.
Recurso tras el robo
Recurso tras robar
Los ¨²ltimos informes referentes a Gisa tambi¨¦n recogen el caso de la contable de la empresa p¨²blica denunciada en abril del pasado a?o acusada de robar 513.107 euros a la empresa p¨²blica mediante la falsificaci¨®n y cobro de diversos cheques. La Sindicatura desvela que la mujer, que habr¨ªa falsificado la firma de centenares de talones desde 2007 a 2011, se habr¨ªa apropiado en realidad de un total de 517.452 euros, lo que, a efectos pr¨¢cticos, habr¨ªa supuesto un sobrecoste de la obra total ejecutada en esos a?os. Como consecuencia de ese robo, que Trinidad I. A. utilizaba para cargar en una tarjeta de El Corte Ingl¨¦s y cubrir su af¨¢n consumista, Gisa se ha visto forzada a reformular sus cuentas de 2010 para reflejar el incidente.
Poco despu¨¦s de conocerse el caso, la empresa despidi¨® a la empleada por causas disciplinarias, incumplimiento muy grave, falsedad socumental, premeditaci¨®n, lucro il¨ªcito y grave perjuicio a la entidad, con agravante de uso de posici¨®n en beneficio propio. Aunque la empleada no recurri¨® el despido s¨ª ha presentado una demanda por reclamaci¨®n de cantidad de la liquidaci¨®n.
De esa forma se evitar¨ªa, como acab¨® sucediendo, que en uno de cada tres concursos abiertos por la empresa encargada de las obras de la Generalitat no se impusiera la empresa que hab¨ªa conseguido la mejor puntuaci¨®n en los baremos objetivos.
La Sindicatura de Cuentas analiz¨® expedientes de contrataci¨®n de obras de acondicionamiento de firmes, nudos viarios y rotondas aprobados en 2007 que forman parte de la investigaci¨®n judicial iniciada en febrero del pasado a?o.
Prueba del descontrol existente en el control de las obras de Gisa, aquel a?o el importe total de las obras analizadas ascend¨ªa a un presupuesto inicial de 9,13 millones de euros, pero el organismo fiscalizador pone el acento en que si a ese importe se le suma ¡°el del conjunto de proyectos modificados y de obras complementarias adjudicadas posteriormente ¡ªno necesariamente a las mismas empresas¡ª el coste total adjudicado¡± ser¨ªa de 75,3 millones de euros.
Casos similares sucedieron en 2008 y 2009, seg¨²n otro trabajo hecho p¨²blico ayer por la Sindicatura. En ese caso, los ocho expedientes analizados por el ente fiscalizador del Parlamento contaban con un presupuesto conjunto de 137,1 millones de euros, una cifra que creci¨® hasta los 224,16 millones a causa de proyectos modificados y obras complementarias.
El informe, al que ni el Departamento de Econom¨ªa ni la Oficina Antifraude han aportado informaci¨®n, constata que en seis de los ochos expedientes de 2008 y 2009 podr¨ªa haberse incumplido el ¡°principio de concurrencia¡±.
Como en el de 2007, el informe pone ¨¦nfasis en la necesidad de dar ¡°preponderancia a los criterios objetivos¡± en los pliegos de bases de los concursos. En otro caso, se?ala, ¡°hace falta que el informe de la comisi¨®n t¨¦cnica [...] incluya la motivaci¨®n de la puntuaci¨®n otorgada¡±. Sobre todo ¡°si se tiene en cuenta que de los ocho expedientes solo en tres ha resultado adjudicatario el licitador de mayor puntuaci¨®n en los criterios econ¨®micos¡±, que s¨ª se pueden valorar de forma objetiva.
A causa de que el 50% del baremo se decid¨ªa por criterios subjetivos eran indispensables las decisiones que se tomaban en el seno de la comisi¨®n t¨¦cnica de valoraci¨®n de las propuestas t¨¦cnicas. ?sta la integraban el director de la divisi¨®n de carreteras, que la presid¨ªa, el gerente de planificaci¨®n y programaci¨®n operativa y el gerente de carreteras de Girona, que ejerc¨ªa de secretario. Jordi Verg¨¦, que ocupaba ese ¨²ltimo puesto, pod¨ªa acceder as¨ª a valiosa informaci¨®n e influir en las adjudicaciones, por las que presuntamente recib¨ªa comisiones. A causa de esa implicaci¨®n es uno de los imputados en el caso, acusado de cohecho y alteraci¨®n de precios de concursos y subastas p¨²blicas. La empresa p¨²blica Gisa se ha personado en la causa, por lo que se librar¨ªa de posibles responsabilidades patrimoniales para la entidad.
Algunas de las conclusiones expresadas en el informe de la Sindicatura ¡ªque no detecta, no obstante, pruebas de irregularidades punibles¡ª coinciden con las alcanzadas por la Oficina Antifraude cuando analiz¨® las adjudicaciones al clan de los asfalteros desde la Diputac¨ª¨®n de Girona. La OAC consider¨® en aquel caso que la corporaci¨®n municipal decidi¨® con criterios ¡°arbitrarios¡±.
Seg¨²n las pesquisas judiciales, las empresas salpicadas por el caso actuaban como un cartel que decid¨ªa los precios de las obras de carreteras. Se habr¨ªan adjudicado hasta 75 concursos en Girona por un valor de 300 millones de euros solo en 2009 y 2010. En enero de este a?o, el juez que instruye el caso ampli¨® a los ejercicios 2007 y 2008 la investigaci¨®n para esclarecer las irregularidades.
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