El Gobierno vasco renuncia a pagar la extra tras paralizarla el Constitucional

El Gobierno vasco en funciones ha acabado por ceder y a ¨²ltima hora de este martes comunic¨® que acataba la orden del Tribunal Constitucional que le obliga a dar marcha atr¨¢s con el abono de la paga extra de Navidad a los 70.000 funcionarios y empleados p¨²blicos dependientes del Gobierno auton¨®mico.

En una nota explicaba que el Ejecutivo ¡°ha actuado con total responsabilidad y coherencia¡± en este asunto, defendiendo hasta el final las competencias atribuidas a la Comunidad Aut¨®noma, pero asumiendo tambi¨¦n que la resoluci¨®n del alto tribunal, aceptando a tr¨¢mite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, y por lo tanto suspendiendo el acto administrativo del abono de la paga, est¨¢ por encima de sus convicciones.

¡°Pese a no compartir el acuerdo del alto tribunal este Gobierno siempre ha manifestado su respeto al sistema democr¨¢tico y a las decisiones jurisdiccionales¡±, cita la nota. ¡°Por ello en el momento en el que reciba oficialmente la comunicaci¨®n del TC se adoptar¨¢n las medidas necesarias para su debido cumplimiento¡±, concluye el Gobierno vasco.

El lehendakari socialista, Patxi L¨®pez, que hab¨ªa decidido inicialmente ignorar esa decisi¨®n y ganar tiempo otras 24 ¨® 48 horas, ¡ªdependiendo de la rapidez con la que llegue la comunicaci¨®n escrita¡ª ha acabado por rebajar la tensi¨®n.

Fuentes del gabinete jur¨ªdico del Ejecutivo auton¨®mico indicaron este martes que, en caso de recibir la comunicaci¨®n a lo largo del d¨ªa de hoy, aprovechar¨¢n la sesi¨®n parlamentaria de investidura del pr¨®ximo presidente vasco, ¡ªse celebra este mi¨¦rcoles o el jueves¡ª para anunciar de forma p¨²blica la retirada de la paga. Pero tambi¨¦n dejaron muy claro que si la comunicaci¨®n no llega, no dar¨¢n la orden de paralizarla.

Durante una buena parte de la tarde, la Presidencia especul¨® con la posibilidad de encargar otro informe jur¨ªdico para retrasar el efecto de la admisi¨®n a tr¨¢mite del Tribunal Constitucional, e incluso recurrir esa decisi¨®n. Finalmente, si la comunicaci¨®n llega este mi¨¦rcoles, el Ejecutivo ordenar¨¢ a los bancos que retiren las ¨®rdenes de transferencia de los 207 millones de euros y pasar al plan B, el que ya les propuso el PNV.

El partido de I?igo Urkullu se ha mostrado partidario durante todo este proceso, de adelantar a enero la paga de extra de junio de 2013. Una f¨®rmula que va a poner en marcha la Diputaci¨®n Foral de Bizkaia, tambi¨¦n del PNV, como una manera de eludir el mandato del Decreto Ley del pasado julio en el que el Gobierno popular eliminaba la extra para todos los empleados p¨²blicos.

La decisi¨®n del Tribunal Constitucional ha puesto fin a un enfrentamiento que ha mantenido en vilo a toda la plantilla del Gobierno. Las 70.000 familias vascas que dependen de la administraci¨®n auton¨®mica han actualizado sus cartillas en estos seis ¨²ltimos d¨ªas m¨¢s veces que en los ¨²ltimos seis meses.

Pero adem¨¢s ha metido mucha presi¨®n a los funcionarios que ten¨ªan que firmar el abono, y a los empleados de los bancos que tienen que generar el correspondiente fichero de sus clientes y darle al enter.

De hecho, unos 2.500 funcionarios recibieron a lo largo de la ma?ana de este martes el ingreso de la n¨®mina en sus cuentas. Una confusi¨®n en algunos casos y quiz¨¢s las prisas en otros, hicieron que durante unos minutos muchos funcionarios tuvieran la paga en su poder. El BBVA, una de las dos entidades afectadas, aclar¨® que no se trataba de ning¨²n error, pero Ipar Kutxa lo consider¨® as¨ª. En cualquier caso los dos bancos lo retiraron de las cuentas minutos despu¨¦s.

Pero ese no fue el ¨²nico episodio fruto de la tensi¨®n. Uno de los altos funcionarios que ten¨ªa que firmar el abono, el considerado ¨²ltimo tr¨¢mite de la cadena de mando del propio Gobierno vasco previa al abono, se neg¨® inicialmente a hacerlo alegando que podr¨ªa ser sancionado.

El delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco, Carlos Urquijo, fue el primero que advirti¨® de las consecuencias que podr¨ªa tener para los funcionarios firmar las ¨®rdenes de pago. Urquijo hablaba de sanciones como la inhabilitaci¨®n.

El argumento que ha utilizado la administraci¨®n del Estado durante todo el proceso, es que un decreto ley es de obligado cumplimiento para todas las administraciones p¨²blicas. Incumplirlo a sabiendas que se est¨¢ obrando mal ¡°podr¨ªa tener consecuencias penales¡±, advirti¨® Urquijo.

A lo largo de estos tres a?os y medio de legislatura, y hasta ahora, ninguna de las dos administraciones hab¨ªa levantado el pie del acelerador en su enfrentamiento. El fuego cruzado entre Madrid y Vitoria, con el alto tribunal de fondo, asciende a 25 recursos de inconstitucionalidad. La mayor¨ªa de ellos interpuestos por el Pa¨ªs Vasco cuestionan los recortes sociales en sanidad, educaci¨®n, y salariales.

El enfrentamiento se ha trasladado incluso a los flujos financieros entre los dos gobiernos. El Ejecutivo vasco le est¨¢ reclamando al central, debido a discrepancias en la valoraci¨®n del Cupo y de diversas transferencias, un total de 798 millones de euros, el 56% m¨¢s que lo que le reclamaba hasta junio.