La Fiscal¨ªa de C¨¢diz critica la escasa ejecuci¨®n de los derribos de casas ilegales

?La Fiscal¨ªa de C¨¢diz prepara un inventario de sentencias con ¨®rdenes de derribo de viviendas ilegales en la provincia gaditana que no se han ejecutado. En los ¨²ltimos meses, el ministerio p¨²blico ha recibido con satisfacci¨®n fallos judiciales que, acordes con su criterio, han establecido estas demoliciones como la regla general y no como una excepci¨®n.

Pero la mayor¨ªa de estas casas siguen levantadas. Contin¨²an as¨ª porque la actual mara?a judicial lo permite y porque el propietario y condenado no se hace cargo. Los Ayuntamientos, que deben asumir esta operaci¨®n con car¨¢cter subsidiario, tampoco lo cumplen, para lo que argumentan razones econ¨®micas.

El inventario auspiciado por la fiscal jefe de C¨¢diz, ?ngeles Ayuso, pretende ser un toque de atenci¨®n a un problema no resuelto. Y lo va a intentar hacer con datos concretos porque, conociendo la dimensi¨®n del problema, se pueden encontrar mejor las soluciones. En una aproximaci¨®n, la fiscal jefe de C¨¢diz considera que podr¨ªa haber m¨¢s de 70 ¨®rdenes de derribo sin ejecutar. Las victorias judiciales contra el urbanismo ilegal chocan con la realidad.

A muchas de las sentencias firmes contra viviendas ilegales ¡ªque proliferan en municipios como Chiclana o El Puerto de Santa Mar¨ªa¡ª les sigue una petici¨®n de indulto al Ministerio de Justicia. La fiscal¨ªa, por regla general, se opone a esta figura como medida de garant¨ªa porque, seg¨²n ?ngeles Ayuso, la demolici¨®n no es una pena como lo son las condenas de c¨¢rcel o las indemnizaciones econ¨®micas, sino que son un intento de restablecimiento del da?o causado. La fiscal jefe de C¨¢diz llama la atenci¨®n de que, en muchos de los expedientes de estos indultos, los Ayuntamientos aparezcan como perjudicados cuando han sido ellos los que han permitido esas construcciones ilegales durante a?os. Ayuso tambi¨¦n protesta por el hecho de que los Consistorios se muestren muchas veces a favor de esos indultos para que lo construido siga en pie.

La tramitaci¨®n del indulto retrasa todo el proceso y, aunque finalmente no se concedan, las demoliciones no llegan a ejecutarse. El propietario muy raras veces ha asumido el derribo por su cuenta. As¨ª que son los Ayuntamientos los que deben proceder a la demolici¨®n con car¨¢cter subsidiario. Las posturas de unos y otros ante esta situaci¨®n son variadas. En algunos casos, los jueces aplazan los derribos porque el gobierno municipal anuncia planes de legalizaci¨®n de esas zonas. La fiscal¨ªa gaditana no considera que este sea un argumento serio porque, en su opini¨®n, los dirigentes pol¨ªticos mantienen en el tiempo anuncios de mejoras en los planeamientos urbanos.

Cuando ya se agotan las razones urban¨ªsticas, los Ayuntamientos aducen motivos econ¨®micos. Si el propietario no derriba, es el Consistorio el que lo tiene que ordenar. ¡°A veces, dicen que no encuentran una empresa dispuesta a hacer ese trabajo y otras veces que no cuenta con una partida presupuestaria suficiente para asumir estos costes¡±, lamenta Ayuso.

El ministerio p¨²blico espera tener terminado el inventario de sentencias sin ejecutar para febrero o marzo. La fiscal¨ªa cree que al denunciar el estado del problema con datos concretos, se pod¨ªa llamar la atenci¨®n al Poder Judicial sobre lo dif¨ªcil para hacer frente al urbanismo ilegal.