El Poder Judicial cree que el TC ¡°matizar¨¢¡± la subida de tasas

Uno de los elementos que ha soliviantado al mundo de la justicia en contra el Gobierno ha sido la fuerte subida de las tasas judiciales que los ciudadanos deben abonar para acceder al servicio p¨²blico. Un salto de tal nivel que el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Dur¨¢n, lo calific¨® hace poco como el ¡°mayor ataque del poder pol¨ªtico a nuestro sistema de valores constitucional¡±. En un tono mucho m¨¢s moderado, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, y el vicepresidente del organismo, Fernando de Rosa, expresaron ayer dudas en ese mismo sentido.

De Rosa, que fue consejero de Justicia durante la etapa del expresidente Francisco Camps, record¨® que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en ocasiones anteriores la existencia de tasas judiciales. Pero agreg¨®: ¡°Queda la cuesti¨®n que plante¨® ya el Consejo \[General del Poder Judicial\] de algunas cuant¨ªas en las que efectivamente se puede pensar que pueden ser excesivas en algunos supuestos concretos, y yo creo que ser¨¢n matizadas. Sobre ello tendr¨¢ que resolver el Tribunal Constitucional¡±. Bravo se?al¨® que, en mayo, el consejo ¡°ya constat¨® cu¨¢les eran los puntos que entend¨ªamos que de alguna forma pod¨ªan obstaculizar el derecho a la tutela judicial efectiva¡±. Y ahora, el Constitucional ¡°tendr¨¢ que valorar si la desproporci¨®n de alguna de las tasas podr¨ªa suponer una vulneraci¨®n de ese derecho¡±, aunque es a dicho tribunal al que le corresponde ¡°estudiarlo y valorarlo¡±, afirm¨®.

De Rosa y Bravo hicieron las declaraciones tras reunirse con el consejero de Gobernaci¨®n y Justicia, Seraf¨ªn Castellano, y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Pilar de la Oliva, con quienes trataron la puesta en marcha de un plan piloto de oficina judicial. Castellano se?al¨® que se aprovechar¨¢n las experiencias que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana y otros territorios, especialmente el Pa¨ªs Vasco.

Castellano confi¨® en la llegada de al menos 25 nueves jueces a la comunidad aut¨®noma. Y anunci¨® un convenio para ¡°dar salida¡± a los veh¨ªculos incautados en procedimientos judiciales, cuyo mantenimiento representa un gasto para el Consell.