La ilegalidad como norma

Como parte del programa oficial de fiestas navide?as y con el ceremonial acostumbrado, la Sindicatura de Comptes ha presentado en las Cortes la auditoria sobre la gesti¨®n de la Generalitat correspondiente al a?o 2011, de la que sin duda tiene noticia el lector. Una vez m¨¢s, el ¨®rgano fiscalizador ha emitido su dictamen sobre algunas de las irregularidades que ha constatado en el mentado ejercicio y que sumariamente podemos comprimir en dos rasgos: el estado de quiebra t¨¦cnica de las finanzas auton¨®micas y la contumacia rebozada de descaro con que el Gobierno auton¨®mico se cisca en la legalidad vigente. Una caracter¨ªstica, ¨¦sta, que ha sido una constante en creciente agravamiento desde que el PP gan¨® las elecciones en 1995 y, hegem¨®nico e incontestado, configur¨® la administraci¨®n a la hechura de sus ambiciones, al tiempo que aplicaba la ilegalidad como norma. Un cap¨ªtulo m¨¢s, acaso, de lo que el dirigente socialista Ximo Puig ha descrito como ¡°corrupci¨®n sist¨¦mica¡±.

Prueba de lo dicho es el referido informe auditor. Visto en su conjunto uno puede creer que se corresponde con el D¨ªa de la Marmota por la reiteraci¨®n de los asuntos que aborda un a?o tras otro, las repetidas irregularidades que denuncia y el mismo apagado tono con que lo hace por m¨¢s escandaloso que nos resulte el desm¨¢n se?alado. La arbitrariedad a la par con la opacidad son las notas m¨¢s comunes de los asuntos auditados y ello explica el auge de tramposos y tramperos a la hora de adjudicar y beneficiarse de contratos sin observar los obligados principios de publicidad y concurrencia en beneficio de la adjudicaci¨®n a dedo. Los auditores suelen calificar como incidencias estos generalizados enjuagues, que en realidad son reminiscencias tercermundistas, propias del juzgado de guardia.

En los a?os germinales de la autonom¨ªa, digo de los 80, cuando tanto los pol¨ªticos como los funcionarios eran de aluvi¨®n y en su inmensa mayor¨ªa no ten¨ªan el colmillo retorcido, el cuerpo de interventores ejerc¨ªa su autoridad y salvaguardaba razonablemente el buen fin de los ¡ªpocos¡ª dineros p¨²blicos. Esa autoridad se esfum¨® con los a?os de prosperidad y, sobre todo, por el autocr¨¢tico e imperativo estilo de gobernar, propio de nuevos ricos que afluyeron a la pol¨ªtica ¡°para forrarse¡± y mangonear sin trabas. El S¨ªndic de Comptes ¡ªadem¨¢s de la sanci¨®n social y la Justicia¡ª debi¨® ser el freno democr¨¢tico e institucional a la querencia depredadora que nos ha mortificado y esquilmado como una plaga de trincones. Pero por desgracia no ha pasado de ser una referencia estatutaria que emite anualmente un informe que en modo alguno ha impedido las irregularidades y delitos que nutre esos hitos escandalosos o corruptos que son la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el Aeropuerto de Castell¨®n, la Ciudad de la Luz, Emarsa, RTVV y etc¨¦tera.

No estamos sugiriendo que se licencie esta figura, sino todo lo contrario. Lo que procede es potenciarla, dot¨¢ndola de medios y de independencia para que no se deprecie cual un don Tancredo emisor de un dictamen peri¨®dico y previsible que carece de consecuencias. Es obvio que tal reivindicaci¨®n exige como condici¨®n previa o simult¨¢nea la restauraci¨®n de la democracia y lo que ello conlleva en punto a la observancia de la ley, la transparencia de la administraci¨®n y el saneamiento de la vida p¨²blica con la remoci¨®n de quienes la han corrompido con su acci¨®n u omisi¨®n. Una tarea que no est¨¢ al alcance del PP, de este al menos.