Catalu?a no aplicar¨¢ el plan de Rajoy para ¡®adelgazar¡¯ los ayuntamientos

Ni rebajas forzadas de sueldo para los alcaldes ni vaciado de competencias de los municipios peque?os hacia las Diputaciones. El pacto local que el Gobierno y el PSOE est¨¢n ultimando y que tiene por objetivo desinflar el aparato pol¨ªtico de la administraci¨®n local quedar¨¢ en papel mojado en Catalu?a. As¨ª lo asegura al menos la Generalitat, que da por hecho que la Ley de Bases de R¨¦gimen Local tendr¨¢ que dejar Catalu?a al margen porque su Estatuto de Autonom¨ªa otorga plenas competencias a la Generalitat en materia de organizaci¨®n de la administraci¨®n local.

Los dos grandes partidos de ¨¢mbito nacional ultiman el acuerdo en el Congreso con varias medidas que la Generalitat rechaza. Uno de los aspectos m¨¢s llamativos de la nueva ley es que se quiere limitar el sueldo de los alcaldes para que ninguno de ellos cobre m¨¢s que un secretario de Estado, eso es 67.055 euros. Catorce alcaldes espa?oles cobran m¨¢s que esto, entre ellos el de Barcelona, Xavier Trias, que con 109.939 euros es el mejor pagado de Espa?a. El Gobierno tambi¨¦n pretende eliminar las mancomunidades de municipios, clarificar las competencias, reducir el n¨²mero de concejales y fijar las bases para que los municipios de menos de 20.000 habitantes deleguen servicios en las Diputaciones. Concretamente el Gobierno quiere evaluar la calidad de los servicios que prestan estos municipios para, en caso de no alcanzar un m¨ªnimo, obligarles a traspasarlos a las diputaciones.

La Generalitat no quiere saber nada de la mayor parte de estos aspectos. Con 947 municipios, 41 comarcas y decenas de mancomunidades de municipios, Catalu?a ver¨ªa seriamente modificado su organizaci¨®n local en caso de aplicarse a rajatabla la reforma del Gobierno. El director general de Administraci¨®n Local, Joan Ca?ada, asegur¨® ayer en TV-3 que existe la promesa, por parte del Gobierno central, de respetar las competencias y no aplicar en Catalu?a la ley espa?ola. Fuentes del departamento de Gobernaci¨®n, que dirige Joana Ortega, reiteraron ayer que la intenci¨®n es no aplicar la reforma del Gobierno central porque, seg¨²n recordaron, la Generalitat tiene muy avanzada su propia ley de Gobiernos Locales, que ya va en la l¨ªnea de la racionalizaci¨®n.

Pero, aunque ni la ley catalana ni la espa?ola han visto la luz, ya se adivina un conflicto pol¨ªtico de primer orden. Y es que, por ejemplo, la Generalitat rechaza regular por ley el sueldo de los alcaldes, y el texto catal¨¢n se limitar¨¢ a dar unas ¡°recomendaciones¡± a los ayuntamientos sobre los sueldos de los ediles. Tambi¨¦n se descarta la supresi¨®n de municipios y no hay previsi¨®n de reducir el n¨²mero de concejales. ¡°La inmensa mayor¨ªa de concejales no tienen sueldo¡±, recuerdan fuentes de Gobernaci¨®n.

El otro choque puede darse en lo referente a las diputaciones provinciales. Mientras el PP quiere reforzarlas con las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes la Generalitat quiere mantenerlas como est¨¢n. La ley catalana facilitar¨¢ la creaci¨®n de m¨¢s mancomunidades de servicios municipales, algo que precisamente la ley del Gobierno quiere evitar.

De hacerse como quiere el Gobierno central podr¨ªa darse el caso de que comarcas enteras, especialmente del Pirineo, acabaran delegando sus competencias en las diputaciones, ya que no tienen ning¨²n municipio de m¨¢s de 20.000 habitantes.

Pero este problema no es, ni de lejos, monopolio de Catalu?a. En Castilla y Le¨®n, por ejemplo, el fen¨®meno es mucho m¨¢s acentuado y en provincias como Burgos solo tres municipios superan los 20.000 habitantes.

La otra inc¨®gnita es qu¨¦ ocurrir¨¢ con los consejos comarcales. Creados por la Generalitat de Jordi Pujol, CiU siempre se ha sentido muy identificado con ellos, y no quiere que desaparezcan. A lo sumo, la ley catalana eliminar¨¢ los consejos de comarcas muy pobladas, modificar¨¢ algunos l¨ªmites y reducir¨¢ la estructura pol¨ªtica de los mismos.