Privatizaciones y transparencia

La b¨²squeda de estructuras de Estado avanza imparable sobre el papel, constre?ida de momento al terreno de los prop¨®sitos. El pasado jueves se constituy¨® el Consejo de Transici¨®n Nacional (CTN), porque en el viaje a ?taca se precisan muy buenos asesores. La expedici¨®n puede abortar por los cantos de sirena o las barreras de arrecife, pero no hay que descartar que la incompetencia o el amotinamiento de la tripulaci¨®n sean el motivo del naufragio.

La creaci¨®n del CTN fue una de las condiciones que Esquerra impuso a Mas para firmar el pacto de legislatura que le hizo presidente. La funci¨®n del organismo es asesorar al jefe del Ejecutivo en el proceso que tiene el fin confeso de preparar la consulta de 2014. El CTN tiene una triple virtud: cohesiona al soberanismo catal¨¢n, hace otro tanto con el espa?olismo en Catalu?a y consigue enervar a las fuerzas vivas de la ¡°naci¨®n amiga¡±. A este consejo se le supone una utilidad por demostrar y que si de alg¨²n dirigente de CiU dependiera nunca llegar¨ªa a transustanciarse.

Pues bien, mientras el Gobierno y sus aliados buscan nuevas estructuras de Estado, hacen chirriar otras m¨¢s antiguas. Y es que en la misma reuni¨®n en que se avanzaba en la creaci¨®n del CTN, la propia Generalitat anunciaba que iba a recurrir contra una resoluci¨®n de otra estructura de Estado ya en funcionamiento. Y es que al Gobierno de CiU no le ha gustado que el organismo que fiscaliza los contratos p¨²blicos ¡ª?rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalu?a (OARCC)¡ª le enmiende la plana al hallar irregularidades en la privatizaci¨®n y adjudicaci¨®n de Aig¨¹es Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona. El grupo que preside Jos¨¦ Manuel Entrecanales present¨® un proyecto de mejora de la red de suministro con un plazo de ejecuci¨®n superior a 10 a?os, por encima del m¨¢ximo previsto en el pliego de condiciones, seg¨²n razona la resoluci¨®n. Ese incumplimiento de una de las bases del concurso abarataba la oferta de Acciona frente a su competidora Agbar. La resoluci¨®n del OARCC se produjo solo cinco d¨ªas despu¨¦s de la firma de la adjudicaci¨®n de la ATLL a Acciona. Y aqu¨ª empieza el c¨²mulo de sospechosas y atropelladas urgencias por parte del Ejecutivo: lo firm¨® el consejero saliente y en funciones de Territorio y Sostenibilidad, Llu¨ªs Recoder, el mismo d¨ªa que el actual Ejecutivo ¡ªcon Santi Vila como relevo¡ª tomaba posesi¨®n del cargo.

El Gobierno ha reconocido que la decisi¨®n de la OARCC es ¡°ejecutiva y vinculante¡±, pero pese a todo ha decidido recurrir contra esa resoluci¨®n de su propia administraci¨®n por la v¨ªa contencioso-administrativa al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). El flamante consejero de Presidencia, Francesc Homs, reconoc¨ªa la ¡°profesionalidad¡± de quienes hab¨ªan hecho la adjudicaci¨®n y, con menor ¨¦nfasis y a petici¨®n de los periodistas, la de los otros funcionarios (los de la OARCC) que la hab¨ªan invalidado.

Lo peor de este desprop¨®sito pol¨ªtico-administrativo es que, de ser invalidada por el TSJC la adjudicaci¨®n, Acciona exigir¨¢ la devoluci¨®n de los 298,65 millones pagados el pasado 27 de diciembre como primer canon concesional y la reparaci¨®n por los da?os y perjuicios causados. Todo con cargo al erario p¨²blico. La mala gesti¨®n del Gobierno Mas es innegable. Sin entrar a debatir la oportunidad de la privatizaci¨®n de un servicio b¨¢sico, el Ejecutivo, en su obsesi¨®n por recortar d¨¦ficit y hacer caja, ha incurrido en una irregularidad que amenaza con castigar¨¢ las maltrechas y recortadas cuentas p¨²blicas.

Adem¨¢s, esta privatizaci¨®n expr¨¦s huele inevitablemente a chamusquina cuando el campo de la corrupci¨®n est¨¢ abonado: el caso Palau, en el que CDC tiene un ex tesorero imputado y la sede central en dep¨®sito como fianza judicial; o el caso ITV, que amenaza las cabezas de notables convergentes. La privatizaci¨®n de ATLL siembra dudas sobre un poder que se considera infalible mientras somete a la ciudadan¨ªa a dieta de austeridad. Exigir que el dinero p¨²blico se maneje con respeto no deber¨ªa ser una demanda ut¨®pica. Mientras la nueva CiU extiende sobre la mesa su carta de navegaci¨®n hacia ?taca, podr¨ªa empezar por gestionar con transparencia. Y por mostrar respeto hacia la ciudadan¨ªa y las estructuras de Estado ya existentes.