Un c¨¢rtel en los muelles de Barcelona

El negocio del transporte de contenedores en el puerto de Barcelona fue v¨ªctima de ¡°un cartel¡± que imped¨ªa la libre competencia. Al menos entre los a?os 2006 y 2011, seg¨²n lo considera la Comisi¨®n Nacional de Competencia (CNC), que ha impuesto una multa a dos patronales de transportistas y a la propia Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), el gestor portuario, participado por las Administraciones. Los hechos investigados se remontan a entre 2006 y 2011 y sus conclusiones conllevan sanciones por valor de 20 millones de euros.

El origen de las pr¨¢cticas anticompetitivas se encuentra en un acuerdo suscrito por las dos organizaciones de transportistas implicadas en el expediente sancionador, la Asociaci¨®n Log¨ªstica de Transporte de Contenedores (ALTC) y Transcont (ahora denominada Cotraport). Con este, las dos patronales fijaban las tarifas y las condiciones comerciales, limitaban y controlaban la producci¨®n y repart¨ªan el mercado dentro de las instalaciones portuarias. La implicaci¨®n de la APB se centraba en la organizaci¨®n del observatorio de costes que serv¨ªa de base para marcar unos precios que despu¨¦s eran remitidos al resto de actores del transporte, que los trataban como oficiales.

Seg¨²n la resoluci¨®n de Competencia, ¡°el c¨¢rtel formado por los aut¨®nomos y las empresas ha alterado las condiciones de competencia que podr¨ªan existir en este mercado: alterando la competencia entre los aut¨®nomos a la hora de ofertar sus servicios a las empresas transportistas, la competencia entre estos aut¨®nomos y las empresas de transporte para captar clientes finales y la competencia entre las empresas de transporte¡±.

ALTC, con unas 60 empresas asociadas y alrededor de 1.200 ch¨®feres, deber¨¢ asumir una sanci¨®n de 15,2 millones de euros. Transcont, una cooperativa de camioneros con unos 600 aut¨®nomos asociados, deber¨¢ afrontar una sanci¨®n de 5,25 millones de euros. Fuentes cercanas a esta ¨²ltima organizaci¨®n negaron la existencia de ning¨²n c¨¢rtel y explicaron que la sanci¨®n est¨¢ calculada en base al 10% de la facturaci¨®n de cada aut¨®nomo.

El control sobre la actividad alcanzaba incluso la elecci¨®n de transportistas que pod¨ªan operar en el puerto. Los asociados de las dos organizaciones deb¨ªan pedir permiso para poder hacerlo, lo que no consegu¨ªan hasta que las respectivas asambleas y las juntas directivas decid¨ªan su incorporaci¨®n al grupo. Para ello, recib¨ªan una etiqueta que deb¨ªan llevar en zona visible del cami¨®n.

Ning¨²n transportista pod¨ªa fijar sus propias tarifas, que llegaban determinadas por ALTC en consenso con Trancont. Para ello utilizaban el denominado observatorio de costes, en cuya elaboraci¨®n estaba implicada la Autoridad Portuaria de Barcelona. Hab¨ªan creado un listado de precios estructurado b¨¢sicamente en funci¨®n de una serie de tramos kil¨®metricos que se iban ajustando en funci¨®n de las subidas del IPC o del encarecimiento del combustible. Las compa?¨ªas de transitorios, consignatarios y agentes de aduana ten¨ªan ese listado de precios de ALTC, que, seg¨²n Competencia, promov¨ªa como ¡°la tarifa¡± del puerto.

Ambas compa?¨ªas ya saben lo que es una sanci¨®n de Competencia. En 2008 ya fueron sancionadas con multas de siete millones de euros para cada una de ellas. Pese a recurrirlas, la Audiencia Nacional las confirm¨® el pasado a?o. La Autoridad Portuaria de Barcelona seguir¨¢ el mismo camino y recurrir¨¢. Niega haber realizado ¡°ninguna actuaci¨®n potencialmente restrictiva de la libre competencia" y aseguraque su ¨²nica actuaci¨®n ha sido guiada ¡°por la b¨²squeda del di¨¢logo y la paz social¡±.

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