Urdangarin rechaza la fianza porque ni delinqui¨® ni cobr¨® de Valencia o Baleares
El abogado del duque de Palma dice que actualmente son "inexistentes" las relaciones entre Urdangarin y su exsocio. El fiscal hab¨ªa solicitado 8,1 millones por responsabilidad civil
El yerno del Rey se escuda en que no ha cobrado fondos p¨²blicos de Baleares ni de la Comunidad Valenciana y niega que haya delinquido. I?aki Urdangarin, imputado por supuesta corrupci¨®n en el caso N¨®os y bajo la sospecha de haber malversado m¨¢s de seis millones de euros de los convenios que logr¨® de la Generalitat Valencia y del Gobierno de Baleares, rechaz¨® este martes depositar una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros que le exige la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por el supuesto desv¨ªo de dinero p¨²blico. El instituto N¨®os, de Urdangarin y su socio Diego Torres ¡ªque afronta el pago solidario de la fianza¡ª, consigui¨® la organizaci¨®n de cinco eventos deportivo-tur¨ªsticos internacionales, entre 2003 y 2006, en los que, para la fiscal¨ªa, se embolsaron cantidades millonarias de manera ilegal.
Urdangarin abre la puerta a reconocer eventuales desavenencias econ¨®micas, que ser¨ªan, ¡°en el peor de los casos, simples irregularidades¡± por cuestiones administrativas, dice su letrado. En su defensa, el duque de Palma se ubica en un papel institucional de figura representativa, ajena al trabajo sobre los congresos, y carga el peso de la responsabilidad de la gesti¨®n econ¨®mica de la trama sobre su socio Diego Torres.
¡°No hay en su actuaci¨®n ning¨²n tipo de ilicitud penal, no ha cometido delito alguno¡±, sostiene en sus m¨¢s de 30 folios de alegaciones, m¨¢s un peritaje administrativo de 60, contra la fianza que este martes present¨® en el juzgado el letrado de Urdangarin, Mario Pascual. Este subraya que el duque de Palma ¡°no ha percibido cantidad alguna de los convenios celebrados en Valencia o Palma¡±, sino que fue el instituto N¨®os, ¡°exclusivamente¡±, el beneficiario.
Urdangarin no percibe que se haya causado ¡°ning¨²n perjuicio¡± a las administraciones y, ¡°por ende, nada se deber¨ªa poder reclamar¡±. En la r¨¦plica jur¨ªdica a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, su abogado toma la iniciativa, por primera vez, y pretende despejar directamente las cargas de acusaci¨®n penal existentes.
En la acusaci¨®n y en los miles de folios de la instrucci¨®n, Urdangarin no ve ¡°indicio racional de criminalidad¡± y considera que ¡°no existen objetivos de los que quepa inferir el supuesto ¨¢nimo fraudulento¡±, sostiene. A su entender, se ajust¨® a ¡°la existencia de previo concierto con la Administraci¨®n¡± y niega ¡°cualquier otra finalidad o actividad ilegal¡± en su relaci¨®n con los Gobiernos de Baleares y Valencia, ambas instituciones del PP.
Desde su declaraci¨®n judicial de febrero de 2012, la estrategia defensiva del yerno del Rey se centr¨® en reivindicar el buen fin de los convenios de los tres Valencia Summit y los dos F¨®rum Illes Balears, y en recalcar su distancia de la gesti¨®n directa y la firma de los convenios y acuerdos. Las administraciones implicadas, dice, no reclamaron porque se aportaron ¡°ideas ¨²tiles, oportunas, y valor a?adido¡±. Urdangarin cree que tampoco sus actuaciones han generado ¡°da?o o lesi¨®n patrimonial de ninguna clase, dado que se limit¨®, ¨²nica y estrictamente, a cumplir lo acordado¡± en los contratos y convenios. Adem¨¢s, refuta la acusaci¨®n de la fiscal¨ªa sobre el Instituto N¨®os de haberse lucrado, pese a su condici¨®n filantr¨®pica y social.
Su actuaci¨®n la considera institucional, por su figura de presidente de N¨®os, en la que ces¨® en 2006, y en la patrimonial Aiz¨®on que comparte con la infanta Cristina. Se distancia de todas las actuaciones de su socio Torres y del equipo de colaboradores. Nadie, dice, ¡°puede tener conocimiento de todas¡± las acciones y ¨¦l no ten¨ªa jerarqu¨ªa directa. Ignora, adem¨¢s, cu¨¢l era la entidad de la malla de empresas de su socio.
Mario Pascual rese?a que Urdangarin, asimismo, no tiene por qu¨¦ ¡°identificarse con todas las actividades que efect¨²an todos y cada uno de los integrantes de las entidades en que particip¨®: resulta inadmisible¡±. El yerno del Rey reconoce que ¨¦l y su sociedad con la infanta (Aiz¨®on) facturaron al Instituto N¨®os y a N¨®os Consultor¨ªa Estrat¨¦gica, 706.932 euros en los tres a?os en los que particip¨® por los actos en Valencia y Baleares, mientras que ¨¦l personalmente percibi¨® un salario de 106.850 euros. Urdangarin considera que ¡°no parece¡± riguroso exigirle la misma fianza que a su socio.
El abogado cuestiona la personaci¨®n como acusaci¨®n del Gobierno balear. ¡°Entra en el terreno del del¨ªrium tr¨¦mens que la propia Administraci¨®n que decidi¨® la forma jur¨ªdica en que deb¨ªa llevarse a cabo la colaboraci¨®n propuesta por el Instituto N¨®os, tenga la osad¨ªa de personarse¡±.
Bajo la lupa de Hacienda
La Agencia Tributaria, en paralelo a la actuaci¨®n judicial del caso N¨®os, somete desde noviembre de 2011 a I?aki Urdangarin y a la sociedad Aiz¨®on, cuya propiedad comparte con la infanta Cristina, a una "exhaustiva inspecci¨®n tributaria". El duque de Palma dice que siempre ha tenido "el convencimiento personal de haber actuado dentro de la legalidad y honorabilidad que le ha sido exigida". Por encargo judicial, en otra v¨ªa, la Agencia Tributaria en Catalu?a examina el historial fiscal de la trama de N¨®os y Aiz¨®on para verificar eventuales infracciones en las liquidaciones de la malla de sociedades y analizar la existencia de un posible delito fiscal de alguno de los administradores y accionistas.
El letrado Mario Pascual, defensor de Urdangarin, abre la puerta a una posible reparaci¨®n indirecta de da?os ante la Administraci¨®n, si se diera el caso, al advertir al juez de la existencia de la revisi¨®n ordinaria por Hacienda de declaraciones fiscales. El abogado tan solo contempla posibles desavenencias por cuestiones administrativas y no penales, sobre IVA o impuestos de sociedades.
Si las declaraciones de impuestos de Urdangarin y de Aiz¨®on, en las que se recogieron los ingresos de los eventos bajo sospecha, ¡°no fueron correctos, no se ajustaron a la legalidad vigente en aquel momento (...) como no podr¨ªa ser de otra manera, [se] contribuir¨¢ al pago de las eventuales cantidades adicionales que en v¨ªa administrativa resulten¡±.
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