Puertas abiertas

Suele decirse que la transparencia es el mejor de los desinfectantes contra la corrupci¨®n. Despu¨¦s de que a un caso de abuso le siga otro y a este otro m¨¢s; del hartazgo de los ciudadanos ante estas situaciones pringosas, recogido de manera rotunda en todas las encuestas; y de la aversi¨®n e irritaci¨®n que provoca la espesa opacidad, los partidos aparentan haber cogido la bandera de poner luz a la acci¨®n pol¨ªtica y p¨²blica sin necesidad de descoyuntarse, sino de manera natural, pero obligados por la ley y por la brutal desafecci¨®n democr¨¢tica. Este desapego descomunal exige a los partidos cambios radicales, aunque solo sea por su propia supervivencia. Los datos del ¨²ltimo Estudio General de Opini¨®n P¨²blica de Andaluc¨ªa (Egopa), elaborado por la Universidad de Granada, no arrojan dudas: el 77,3% de los andaluces no se siente identificado con ninguna formaci¨®n y el 80,7% est¨¢ insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. La vacuna para combatir esta situaci¨®n tiene un nombre, transparencia; y un apellido compuesto, informaci¨®n clara y comprensible.

Transparencia es la palabra de moda en la pol¨ªtica nacional y auton¨®mica y los tres grupos del Parlamento andaluz parecen haber emprendido una carrera a ver qui¨¦n es el m¨¢s fuerte, salta m¨¢s alto y tambi¨¦n m¨¢s lejos. El Gobierno andaluz tiene previsto que la futura ley de transparencia y acceso a la informaci¨®n sea no una norma gubernamental sino de todos.

Tambi¨¦n quiere acompasar el proyecto auton¨®mico a la ley general del Ejecutivo de la naci¨®n para evitar posibles conflictos competenciales que acaben con la norma andaluza atascada en el Tribunal Constitucional o, en el mejor de los casos, verse obligado a reformar la ley al poco de publicarla en el bolet¨ªn oficial. Esto significa que el borrador del proyecto de ley que ha elaborado la Consejer¨ªa de la Presidencia no entrar¨¢ en el registro de la C¨¢mara hasta el mes de junio, por lo que su aprobaci¨®n final est¨¢ prevista en el ¨²ltimo trimestre del a?o.

Los expertos creen que la norma andaluza estar¨¢ muy condicionada por la estatal, por lo que Andaluc¨ªa deber¨ªa incidir en otros aspectos. ¡°La ley andaluza tendr¨ªa que ir en la l¨ªnea de poner los medios suficientes para facilitar la difusi¨®n de la informaci¨®n como servicio a la ciudadan¨ªa y que esta pueda ejercer un control real sobre el acontecer p¨²blico¡±, afirma Susana Corzo, decana de la Facultad de Ciencias Pol¨ªticas y Sociolog¨ªa de la Universidad de Granada.

La polit¨®loga opina que la futura ley andaluza no deber¨ªa quedarse en hablar de comportamientos ejemplares de los pol¨ªticos ¡ª¡°algo que es importante pero insuficiente¡±, precisa¡ª, sino la de desarrollar la idea de gobierno abierto, algo que ¡°va mucho m¨¢s all¨¢ del acceso a la informaci¨®n¡±.

Corzo plantea algunos ejemplos de ese ¡°m¨¢s all¨¢¡±. ¡°Por ejemplo, ofrecer mecanismos eficaces desde la representaci¨®n pol¨ªtica para tratar los casos de obstrucci¨®n de acceso a la informaci¨®n, o cuando los l¨ªmites a este derecho se administren de forma caprichosa desde el organismo estatal creado para gestionar y administrar dicho acceso, o el introducir la obligaci¨®n de rendir cuentas ante la ciudadan¨ªa...¡±.

Por ahora, los pol¨ªticos cuando hablan de transparencia se ci?en en exclusiva a reglas que les afectan solo a ellos y a sus organizaciones, como, por otra parte, no pod¨ªa ser de otra manera con la epidemia de casos de corrupci¨®n que inunda los informativos de la ma?ana y de la noche. De ah¨ª que los pol¨ªticos pongan el acento en endurecer la ley de financiaci¨®n de los partidos, en publicar todos sus datos fiscales y de patrimonio o en establecer incompatibilidades para que solo puedan cobrar un sueldo, en lugar de tres, como ha sido el caso de Mariano Rajoy cuando era l¨ªder de la oposici¨®n. La m¨¢xima de un cargo, un sueldo ya est¨¢ adem¨¢s contemplada en la ley Electoral de Andaluc¨ªa, recurrida por el PP al Constitucional.

De momento, de lo que menos hablan los partidos es del acceso de los ciudadanos a la informaci¨®n, pero es de eso en lo que insisten los expertos consultados por EL PA?S. Mar¨ªa Holgado Mej¨ªas, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, lo tiene claro: ¡°La ley debe regular tanto la obligaci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica de difundir de manera constante y veraz toda aquella informaci¨®n que se considere relevante, sin necesidad de que nadie lo solicite, as¨ª como el derecho de acceso a la informaci¨®n p¨²blica que permita a cualquier ciudadano solicitarla sobre cualquier aspecto de la gesti¨®n p¨²blica¡±.

Y esta informaci¨®n no se debe suministrar de manera encriptada o farragosa, sino ¡°de forma clara, objetiva, actualizada y comprensible, aprovechando las nuevas tecnolog¨ªas¡±, subraya Holgado Mej¨ªas.

El catedr¨¢tico de Derecho Financiero y Tributario y expresidente de la C¨¢mara de Cuentas, Rafael Navas, asegura que a?adir otra norma auton¨®mica de transparencia a la que se est¨¢ tramitando en el Congreso de los Diputados, ¡°reproduciendo deberes y derechos que est¨¢n ya regulados, no es ni conveniente ni transparente¡±, ironiza.

A Navas le parece m¨¢s pr¨¢ctico regular ¡°bajo una f¨¦rrea voluntad de transparencia¡± asuntos como los presupuestos, las subvenciones, los contratos, los gastos de personal o la administraci¨®n instrumental. ¡°Tendr¨ªamos as¨ª una ley general de la Hacienda P¨²blica de Andaluc¨ªa m¨¢s transparente, y la de subvenciones y las normas para la informaci¨®n sobre contratos del sector p¨²blico¡±, apunta.

Este experto tambi¨¦n ha trabajado por su cuenta en la reforma de la ley de Hacienda P¨²blica de Andaluc¨ªa, donde incluye un t¨ªtulo espec¨ªfico sobre transparencia presupuestaria que implica ¡°la publicidad de todos los actos y tr¨¢mites por los que discurre el procedimiento de aprobaci¨®n y ejecuci¨®n del presupuesto¡±. La propuesta de Navas recoge, entre otros muchos aspectos, la limitaci¨®n de las ampliaciones de cr¨¦dito que desnaturalizan las propias cuentas. Y defiende un mayor empoderamiento de la Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa, tambi¨¦n de la C¨¢mara de Cuentas, a la hora de establecer las responsabilidades de altos cargos y funcionarios por la comisi¨®n de infracciones presupuestarias.

En su opini¨®n, el Interventor General debe comparecer una vez al a?o en el Parlamento para informar sobre las infracciones investigadas, las sanciones o resoluciones adoptadas y de las propuestas para mejorar la normativa. ¡°No hay que olvidar las responsabilidades¡±, asegura Navas. ¡°Lo m¨¢s normal es que la mala gesti¨®n sea poco transparente, pero publicarlo solo no sirve. A los malos gestores hay que reducirles el presupuesto o cambiarlos de sitios, o quitarlos. Es decir, hacerlos responsables¡±, enfatiza.