El pr¨®ximo gran recorte social

Usted probablemente no sepa qui¨¦n paga la escuela infantil a la que lleva a sus hijos o el sueldo del enfermero que asiste a sus ancianos padres. Son servicios p¨²blicos. Se pagan con sus impuestos y con eso basta. Pero ?qu¨¦ suceder¨ªa si ma?ana desaparecieran? ?De qui¨¦n ser¨ªa la culpa? ?Del Ayuntamiento, que ha dejado de prestarlos? ?De la Comunidad, que ha dejado de pagarlos? Puede que eso no suceda jam¨¢s, pero si ocurre, vuelva la vista hacia el Gobierno. Siga leyendo y sabr¨¢ por qu¨¦.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprob¨® un papel que todav¨ªa tiene que someterse a variadas consultas, volver a ser refrendado en la misma mesa y pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado antes de entrar en vigor. Por ahora es un joven y maleable anteproyecto de ley. Pero redactarlo ha costado meses de negociaciones a cara de perro con el PSOE y dentro del Gobierno, entre diferentes ministerios (Sanidad, Hacienda, Educaci¨®n). Ayer, la mayor¨ªa de titulares period¨ªsticos se ocuparon del sueldo de los alcaldes o de los miles de concejales que dejar¨¢n de cobrar por su trabajo. Pero, por debajo de esas disposiciones tan llamativas en este tiempo de desprestigio de la pol¨ªtica, el anteproyecto inclu¨ªa una profunda y dr¨¢stica redefinici¨®n (o, realmente, definici¨®n) de las funciones de un Ayuntamiento.

¡°No lo vamos a poder hacer¡±, avisa la Comunidad

El Ejecutivo auton¨®mico ha recibido con mezcla de estupor y rechazo absoluto la intenci¨®n del Gobierno de transferir a las autonom¨ªas los servicios sociales y la educaci¨®n infantil de los 179 ayuntamientos de la regi¨®n. ¡°Si el Estado no pone el dinero, no lo vamos a poder hacer¡±, avisan en la Comunidad. ¡°?Acaso pretenden la asfixia de las autonom¨ªas? Esta reforma, tal cual est¨¢, significa que los ciudadanos van a perder servicios. Y las comunidades asumir¨¢n la culpa¡±, apostillan.

El presidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez, conoci¨® las intenciones de La Moncloa, tambi¨¦n gobernada por el PP, siguiendo por televisi¨®n la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La decisi¨®n se adopt¨® sin tener en cuenta a las autonom¨ªas. Sin informarlas. Manu militari. "Se lo han guisado y se lo han comido sin consultar nada... La esperanza que nos queda es que esto tiene una tramitaci¨®n parlamentaria. Esperamos que al menos se pueden modificar algunos plazos, las fechas de entradas en vigor¡­", afirman desde la Comunidad.

La obligaci¨®n de tener que asumir la financiaci¨®n de esas partidas, una carga inesperada en plena crisis y que adem¨¢s incumple los principios del "coste cero" que, al menos sobre el papel, se iban a respetar en el traspaso de competencias entre Administraciones, deja al Gobierno regional en una situaci¨®n muy inc¨®moda. "Compartimos la filosof¨ªa del anteproyecto de Una Administraci¨®n, una competencia, pero cada una de ellas tiene que estar financiada", observ¨® el n¨²mero dos de Gonz¨¢lez, Salvador Victoria.

El consejero de Presidencia y Justicia resalta que asumir esas nuevas obligaciones es ¡°inviable a corto plazo¡±. ¡°Hay muchas competencias duplicadas, pero es inviable que venga a las comunidades cualquier nueva competencia que no est¨¦ financiada¡±, a?ade el consejero de Econom¨ªa y Hacienda, Enrique Ossorio, que vuelve a reivindicar al Estado una revisi¨®n del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica.

¡°No puede ser que la Administraci¨®n regional asuma servicios que antes daban los municipios, que los daban precisamente porque los financiaba la Administraci¨®n central¡±, insisten desde el Ejecutivo madrile?o.

Las cr¨ªticas al anteproyecto de ley aprobado el viernes tambi¨¦n son contundentes desde IU. "Esta reforma es un golpe total al municipalismo, pretende convertir a los Ayuntamientos en los paganini de esta crisis, el pretexto con que se desguaza la autonom¨ªa municipal y se refuerzan las burocr¨¢ticas", denuncia su coordinador general en Madrid, Eddy S¨¢nchez. "Quieren acabar de golpe con el despliegue de inversiones y servicios p¨²blicos que han mejorado la calidad de vida de decenas de millones de ciudadanos. Todo para convertir a los Ayuntamientos en terminales administrativas, perif¨¦ricas, meras delegaciones de las comunidades aut¨®nomas y del Gobierno", concluye S¨¢nchez.

La mayor¨ªa de ellas ya estaban fijadas en la Ley Reguladora de las Bases del R¨¦gimen Local. A partir de esta norma, de 1985, los municipios fueron acumulando con el paso de los a?os un sinf¨ªn de competencias adicionales por la v¨ªa de los hechos consumados: hab¨ªa dinero, y reportaba votos. La gran depresi¨®n les pill¨® con el pie cambiado, y dej¨® a muchos al borde de la bancarrota. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) apuntal¨® el a?o pasado las finanzas municipales con medidas extraordinarias, pero fue el viernes cuando puso la primera piedra de una reforma local merecedora de tal nombre. Reforma que, al contrario de lo que solicitaban los Ayuntamientos, no pasa por reforzar la financiaci¨®n sino por limitar los gastos (y servicios).

Efectivamente, el anteproyecto recoge la mayor¨ªa de competencias municipales de la ley de 1985, pero no todas: elimina ¡°la prestaci¨®n de los servicios sociales y de promoci¨®n y reinserci¨®n social¡±, limitando la funci¨®n de los Ayuntamientos a la ¡°evaluaci¨®n e informaci¨®n de situaciones de necesidad social, y la atenci¨®n inmediata a personas en situaci¨®n o riesgo de exclusi¨®n social¡±. ¡°La prestaci¨®n de los servicios sociales y de promoci¨®n y reinserci¨®n social¡± pasa a ser responsabilidad de las comunidades aut¨®nomas. Por acuerdo mutuo, podr¨¢n delegar en los Ayuntamientos, pero ser¨¢n ellas las que sufraguen esos servicios.

El anteproyecto de ley aprobado el viernes establece un plazo de un a?o para que las autonom¨ªas asuman la cobertura de esas prestaciones, o cuando menos su financiaci¨®n. Y deja en sus manos ¡°establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalizaci¨®n del servicio¡±. Es decir, los recortes que deseen. Porque el Gobierno es muy claro en una cosa: no habr¨¢ financiaci¨®n adicional. Deja abierta eso s¨ª, aunque sin enunciarla, la posibilidad a detraer parte del dinero que se transfiere a los Ayuntamientos cada a?o para compensar el cambio de competencias. En caso de no avanzar por este camino, las autonom¨ªas, que apenas pueden pagar sus facturas ya, deber¨¢n hacerse cargo de los servicios sociales municipales sin financiaci¨®n adicional. O eliminarlos.

En el caso de la Comunidad de Madrid (PP), el presupuesto de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales asciende en 2013 a 1.249 millones de euros, el 8% del total. ?Cu¨¢nto supondr¨ªa aglutinar el gasto municipal? Las principales ciudades de la regi¨®n por poblaci¨®n son Madrid (3.213.000), M¨®stoles (206.000), Alcal¨¢ (204.000), Fuenlabrada (199.000), Legan¨¦s (184.000), Getafe (169.000), Alcorc¨®n (169.000), Parla (121.000), Torrej¨®n (116.000) y Alcobendas (110.000). Suman 4,7 millones de personas, el 72% de la poblaci¨®n de la regi¨®n. Tom¨¢ndolas como referencia, se puede aproximar el gasto adicional para la Consejer¨ªa de asumir los servicios sociales municipales. Encabezados por la capital, donde m¨¢s de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio y 137.000 cuentan con asistencia telef¨®nica, estas ciudades suman 530 millones de euros en esta ¨¢rea. Asumir esa cantidad supondr¨ªa un aumento del 42% sobre el presupuesto regional de asuntos sociales.

Pero no ser¨ªa ese el ¨²nico gasto adicional cargado contra las cuentas regionales por esta nueva divisi¨®n de competencias. Entre las funciones que los Ayuntamientos han ido sumando sin cobertura normativa en los ¨²ltimos 30 a?os, hay varias que, pese a que los ciudadanos las ven ya como fundamentales, no podr¨¢n seguir ejerciendo a partir de la aprobaci¨®n de la nueva ley. Dos de ellas son especialmente llamativas: los servicios de emergencias sanitarias y las escuelas infantiles. El Samur es un pilar fundamental del Ayuntamiento de Madrid. Tanto es as¨ª que lo defiende como competencia propia acudiendo a su labor de protecci¨®n civil. Pero es un servicio m¨¦dico, y como tal deber¨ªa recaer en la Comunidad. Hasta ahora, la alcaldesa, Ana Botella (PP), y el presidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez (PP), parec¨ªan inclinarse por que el Samur siguiera en manos municipales, ampliando sus labores al interior de las viviendas (hasta ahora, s¨®lo actuaba en la v¨ªa p¨²blica); el Summa regional dejar¨ªa de hacerlo y se concentrar¨ªa en dar servicio al resto de municipios. El presupuesto del Samur es de 47 millones de euros. Perder ese servicio supondr¨ªa un fuerte da?o pol¨ªtico para el Ayuntamiento de la capital.

Pero la Comunidad deber¨ªa asumir muchos otros, entre ellos las escuelas infantiles. En este caso, el periodo de adaptaci¨®n ser¨ªa mayor: cinco a?os, a un ritmo del 20% por ejercicio; de nuevo, las autonom¨ªas ¡°podr¨¢n establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalizaci¨®n del servicio¡±. En concreto, durante el primer a?o deber¨¢n elaborar ¡°un plan de evaluaci¨®n y reestructuraci¨®n de los servicios¡±.

O sea: m¨¢s recortes.

La partida regional para Educaci¨®n Infantil, Primaria y Especial es de 1.390 millones de euros, sobre un total en esa ¨¢rea de 4.230 millones, algo m¨¢s de un cuarto de todo el presupuesto de la Comunidad. La capital tiene 55 escuelas infantiles, con una oferta de 7.059 plazas, que ascienden a 8.232 sumando las concertadas. Su partida de preescolar y primaria es de 28,4 millones. Los diez municipios con mayor poblaci¨®n suman un gasto total en esta ¨¢rea de 90 millones. A esta cifra habr¨ªa que sumar el coste de la vigilancia y mantenimiento de todos los centros escolares, ahora en manos municipales.

Sumados todos los costes de las transferencias de competencias ordenadas por el Estado, se aproximar¨ªan o incluso superar¨ªan los 1.000 millones de euros que pusieron en pie de guerra a la Comunidad contra el Gobierno central a finales del a?o pasado. El Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez reclamaba esa financiaci¨®n adicional, que le fue negada por el Ministerio de Hacienda. Eso sirvi¨® a la Comunidad para justificar nuevos recortes y la profundizaci¨®n en el modelo de privatizaci¨®n de la Sanidad p¨²blica.

?Podr¨¢n los Ayuntamientos seguir prestando servicios sociales, aunque no sean de su competencia? S¨ª, si la Comunidad los delega y financia. En caso contrario, ser¨¢ extremadamente dif¨ªcil, puesto que deber¨ªan justificar ante el Gobierno regional que no constituyen una duplicidad respecto a sus competencias; y ante el Ejecutivo central que no pone en riesgo la prestaci¨®n del resto de servicios municipales, muy da?ados en estos a?os de crisis.

El pr¨®ximo gran recorte social ya est¨¢ en marcha.