Agua en venta

Ya todos lo admiten. Pol¨ªticos, usuarios, operadores y asociaciones reconocen o denuncian que el recibo del agua est¨¢ financiando un sistema municipal en quiebra. La secuencia es f¨¢cil: es un ingreso seguro y constante porque ning¨²n ciudadano puede prescindir de este servicio y no hay competencia; como pocos mercados tienen caracter¨ªsticas similares, el negocio atrae a grandes empresas privadas que acuden a los Ayuntamientos a ofrecerles dinero a cambio de hacerse con los clientes durante 25 a?os o m¨¢s. La falta de una normativa precisa y un regulador independiente para arbitrar esta tensi¨®n genera aut¨¦nticas crisis institucionales y favorece las supuestas irregularidades.

El ¨²ltimo conflicto en Andaluc¨ªa ha estallado con Gesti¨®n Integral del Agua de Huelva (Giahsa), pero hay m¨¢s frentes abiertos, como el Puerto de Santa Mar¨ªa, donde el proceso de concesi¨®n est¨¢ muy avanzado.

El 60% de los andaluces paga a una empresa p¨²blica cada vez que abre el grifo y el resto, a una compa?¨ªa privada o participada. Las principales son Aqualia, del grupo FCC, y Aquagest, con una mayor¨ªa de Aguas de Barcelona. De las grandes capitales y ¨¢reas metropolitanas andaluzas, solo M¨¢laga, Sevilla y C¨®rdoba mantienen el servicio p¨²blico.

Tras el estallido de la crisis del ladrillo, los Ayuntamientos se han lanzado a buscar ingresos que no encuentran ni en los bancos ni en los Gobiernos ni en los impuestos. La salida m¨¢s f¨¢cil es vender. Pero las empresas solo compran algo que sea rentable y vaya a ser negocio y con esas caracter¨ªsticas solo est¨¢ la basura en ciudades con poblaci¨®n muy concentrada y el servicio de agua en grandes municipios. En especial en localidades costeras, donde muchos usuarios pagan religiosamente mes a mes, pero no requieren el servicio m¨¢s que en verano.

Las empresas privadas gestionan el agua desde hace muchos a?os. En el levante espa?ol son mayor¨ªa. Cuando entran en este negocio buscan un leg¨ªtimo lucro mientras que las p¨²blicas tienen como misi¨®n principal el servicio.

Las primeras argumentan que consiguen el beneficio porque son m¨¢s eficientes y reducen gastos en suministros, materiales y repuestos al disponer de muchos contratos. Al mismo tiempo, afirman que innovan y desarrollan tecnolog¨ªas propias.

Al conceder el servicio a estas empresas, los municipios obtienen un canon muy variable: Jerez calcula que recibir¨¢ 80 millones en dos plazos; Huelva obtuvo 57,3 millones por el 49% de su empresa municipal y Lepe vendi¨® por 11 millones m¨¢s dos en obras. Son solo ejemplos. Los municipios consiguen, adem¨¢s de dinero, prescindir del problema del personal, de la gesti¨®n del servicio y de la responsabilidad de subir las tarifas.

Jaime Morell, gerente del Consorcio de Aguas de Sevilla y secretario general de la?Asociaci¨®n Espa?ola de Operadores P¨²blicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), advierte que los Ayuntamientos se quedan sin la ¨²nica empresa que les genera ingresos, que venden la gesti¨®n de un elemento declarado derecho humano por la ONU, que las entidades p¨²blicas son m¨¢s transparentes y que las concesiones hipotecan el futuro sin posibilidad de marcha atr¨¢s por el alto coste de los rescates. Tambi¨¦n rechaza el argumento de la ineficiencia: ¡°Lo que funciona mal habr¨¢ que hacerlo funcionar bien, porque un derecho ciudadano [el acceso al agua] hay que prestarlo desde lo p¨²blico. Adem¨¢s, si no se controla al concesionario, este hace lo que quiere¡±. Concluye que las empresas no obtienen el lucro del ahorro sino de los usuarios, a los que les cobran, ¡°desde el primer d¨ªa¡±, con el recibo lo que adelantan al Ayuntamiento, los intereses y los beneficios.

Roque Gistau, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), donde se agrupan muchas de las operadoras privadas y mixtas, adem¨¢s de p¨²blicas, admite que las empresas pueden ser m¨¢s eficaces que las sociedades p¨²blicas.

La presidenta de la fundaci¨®n Nueva Cultura del Agua, Nuria Hern¨¢ndez-Mora, cree que en Espa?a hay grandes empresas p¨²blicas para gestionar el agua, y pone como ejemplo las de Sevilla, entre otras. De hecho, sugiere que sean estas entidades las que intervengan o se asocien a otras cuando algunos municipios se plantean la posibilidad de abrir el accionariado de sus empresas. ¡°Ser¨ªa una forma de fortalecer lo p¨²blico¡±, comenta.

Gistau a?ade que no cree que la titularidad sea el problema, sino el destino del dinero. ¡°Debe ir al agua. Si no, se trata de una especie de malversaci¨®n¡±, ha advertido reiteradamente.

En este sentido abunda el gerente de Aeopas, Luis Babiano, al asegurar que ¡°¡°los usuarios del agua deben soportar solo los costes de la gesti¨®n, las infraestructuras o los vinculados al medio ambiente, como establece la normativa europea¡±. La repercusi¨®n en el recibo del agua de c¨¢nones concesionales que no han sido destinados a infraestructuras hidr¨¢ulicas sino a otras necesidades financieras del municipio es una puerta abierta a posibles irregularidades, seg¨²n Babiano, quien reclama que se proh¨ªba como se ha hecho en la Ley de transparencia y anticorrupci¨®n francesa o que se cree un regulador o un observatorio independiente que vele por la transparencia del servicio.

Los problemas que genera la falta de una regulaci¨®n clara sobre los c¨¢nones y el destino de los fondos se ha puesto en evidencia en la crisis generada en Giahsa, la empresa p¨²blica de la mancomunidad de Huelva MAS, con procesos de privatizaci¨®n abiertos cuestionados legalmente.

Giahsa nace con el objetivo de garantizar un suministro estable y de calidad a toda la provinicia onubense, salvo la capital. Su sistema se basa en la solidaridad: los municipios grandes y costeros facilitan la prestaci¨®n del servicio en pueblos que por su menor poblaci¨®n, por la dispersi¨®n de su caser¨ªo o por la distancia a la red principal, no podr¨ªan tener una empresa propia ni ser¨ªan atractivos para las privadas. Con este principio de subsidiaridad, Giahsa se convirti¨® en una empresa rentable.

Pero lleg¨® la crisis del ladrillo y a los Ayuntamientos grandes comenzaron a llegar las ofertas de las empresas privadas: a cambio de la concesi¨®n del servicio, adelantaban el dinero correspondiente a m¨¢s de 25 a?os del canon que se estableciera. Con las arcas municipales necesitadas de fondos, los Ayuntamientos m¨¢s grandes, principalmente, comienzan a separarse de Giahsa, haci¨¦ndola inviable. La sociedad p¨²blica intenta parar la hemorragia con pagos anuales por el uso de redes, pero los alcaldes reclaman toda la cantidad. En septiembre de 2011, todos los partidos firman un pacto para salvaguardar la sociedad p¨²blica, pero se incumple y los abandonos contin¨²an.

Entre los Ayuntamientos que se han sumado a la corriente privatizadora est¨¢ Valverde del Camino. Su alcaldesa, Dolores L¨®pez (PP), aunque no respondi¨® a las reiteradas llamadas de este peri¨®dico, s¨ª ha enviado una carta en la que duda de la objetividad de los informes que cuestionan la legalidad del proceso de separaci¨®n y la adjudicaci¨®n por la v¨ªa de urgencia del servicio. Estos informes fueron elaborados por el exletrado del Tribunal Constitucional y catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Javier Barnes, los abogados Francisco Hidalgo ?lvarez y Eduardo Caruz Arcos del prestigioso bufete Cuatrecasas, y por la mancomunidad provincial. Seg¨²n el escrito de L¨®pez, los informes ¡°carecen de la m¨ªnima objetividad¡± y constituyen ¡°una opini¨®n jur¨ªdica de los abogados de Giahsa¡±. Tambi¨¦n defiende que todas sus decisiones tienen el respaldo de los servicios t¨¦cnicos y jur¨ªdicos del Ayuntamiento y que, en cualquier caso, la decisi¨®n final sobre la legalidad del procedimiento estar¨¢ en manos de los jueces y no de los abogados. El mismo escrito fue remitido por el alcalde de San Juan del Puerto, Juan Carlos Duarte (PP).