El juez de G¨¹rtel investiga a fondo la campa?a electoral de Camps de 2007

El juez Jos¨¦ Ceres, que instruye el caso G¨¹rtel en Valencia, ha ordenado una bater¨ªa de diligencias para desentra?ar las cuentas de la campa?a electoral de las auton¨®micas de 2007, en las que Francisco Camps fue reelegido presidente de la Generalitat. El magistrado mantiene imputada a la mayor parte de la direcci¨®n regional del partido en aquella ¨¦poca, entre ellos Ricardo Costa, as¨ª como al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, a quienes la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n considera autores de un delito electoral (el nombre t¨¦cnico de la financiaci¨®n ilegal) por haber recibido importantes sumas de dinero de constructoras.

El magistrado ha reclamado a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana toda la documentaci¨®n sobre la contabilidad del PP valenciano. Entre ella, el libro mayor, los balances, el diario y los extractos. El juez ha tenido que reclamar a lo largo de la instrucci¨®n de forma repetida documentaci¨®n al Partido Popular, tanto a la direcci¨®n regional como a la nacional. Entre los imputados en la conocida como causa de financiaci¨®n ilegal del PP valenciano se encuentra el extesorero nacional del partido, Luis B¨¢rcenas.

El juez ha requerido, en paralelo, informaci¨®n exhaustiva a 10 empresas de publicidad que hicieron trabajos para la campa?a popular. La organizaci¨®n de los actos electorales corri¨® a cargo de Orange Market, la empresa de la trama G¨¹rtel que dirig¨ªa en Valencia ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes.

El magistrado solicita a nueve de las empresas, radicadas en Valencia, Castell¨®n y Alicante, informaci¨®n al detalle sobre la contrataci¨®n de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007, que dieron a Camps su segunda mayor¨ªa absoluta.

El juez las requiere para que detallen si las vallas contratadas lo fueron para las elecciones auton¨®micas y locales (que se celebran el mismo d¨ªa). As¨ª como los contratos, ¨®rdenes de publicidad, y otros documentos que regulasen la relaci¨®n comercial mantenida. Y tambi¨¦n: cu¨¢ntas vallas se les contrataron; d¨®nde; cu¨¢ntos d¨ªas estuvieron colgadas; el importe unitario de cada una de ellas (por d¨ªa, catorcena o quincena); la fecha y el modo en que se pag¨® el servicio, y tambi¨¦n la identificaci¨®n completa de la persona f¨ªsica o jur¨ªdica que les remiti¨® los carteles para proceder a insertarlo.

El instructor solicita informaci¨®n similar, pero en este caso a una empresa de publicidad con sede en Madrid y dedicada tambi¨¦n a insertar anuncios en otros soportes. El juez requiere a la empresa para que aporte las facturas que le emiti¨® a Orange Market en 2007, as¨ª como los contratos, ¨®rdenes de publicidad y otros documentos que fijaran las condiciones de la relaci¨®n comercial. E igualmente: cu¨¢nto y c¨®mo les fueron pagados los servicios; copias de las im¨¢genes publicadas; su n¨²mero; el tiempo que dur¨® su inserci¨®n; la localizaci¨®n de los soportes donde se realiz¨® la publicidad y tambi¨¦n la persona f¨ªsica o jur¨ªdica que les remiti¨® las im¨¢genes que deb¨ªan anunciarse.

El magistrado cit¨® ayer para declarar como testigos, dentro de la misma l¨ªnea de investigaci¨®n, a tres trabajadoras de una empresa de publicidad con sede en Paterna a las que Orange Market subcontrat¨® parte de los trabajos de la campa?a de 2007. La sociedad que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez percibi¨®, seg¨²n la polic¨ªa, 3,3 millones de euros en 2007 por los actos electorales del PP valenciano. De ellos, solo 870.000 euros habr¨ªan sido declarados a Hacienda, mientras que los 2,5 millones restantes fueron en dinero b, e incluidos en la cuenta que la red corrupta denominaba Barcelona.

El juez tambi¨¦n interrog¨® como testigos a dos empleadas p¨²blicas, una de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Sociedad An¨®nima (Cacsa) y la otra de la direcci¨®n general de Promoci¨®n Institucional, adscrita a presidencia de la Generalitat. En este caso, Ceres profundizaba en la investigaci¨®n de los 76 contratos que el Gobierno valenciano adjudic¨® a dedo a la trama fraccionando para ello supuestamente su importe de forma que no superasen el l¨ªmite legal de los 12.000 euros, que hubiera requerido una modalidad contractual mucho m¨¢s exigente.

Una de las testigos citadas envi¨® un correo electr¨®nico a C¨¢ndido Herrero, n¨²mero dos de Orange Market, en el que le indicaba que el importe de la facturaci¨®n, cuando la directora general de Promoci¨®n Institucional, Dora Ibars, lo hubiera decidido, se repartir¨ªa entre Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (dos tercios de la factura) y la empresa privada Parques Reunidos Valencia SA (el tercio restante).