Las imputaciones judiciales cercan al gobierno local de Ourense

La Operaci¨®n Pok¨¦mon se alz¨® como la sonora estocada que hizo tambalear el gobierno socialista de Ourense. Hace medio a?o que el Ayuntamiento de la tercera ciudad de Galicia contiene la respiraci¨®n entre acciones judiciales que azotan a la corporaci¨®n. Pero la g¨¦nesis es anterior: salpica a funcionarios que estamparon su firma desde 2007 en contratas y pagos cuestionados por la justicia. Al igual que Santiago, donde el dividido gobierno municipal del PP sobrevive a duras penas tras sucesivas imputaciones, Ourense tambi¨¦n est¨¢ a merced de los jueces.

?Ahora, la lista de encausados crece. Marga Mart¨ªn, teniente de alcalde y edil de Bienestar, ha sido imputada por la gesti¨®n del servicio de ayuda a domicilio. El 27 de marzo ser¨¢ interrogada por el juez, que ha encontrado ¡°indicios de delito¡± tras la investigaci¨®n de pagos, presuntamente ilegales, a la empresa concesionaria desde 2007. La actuaci¨®n judicial surgi¨® tras una denuncia interpuesta por Democracia Ourensana (DO) a ra¨ªz de una informaci¨®n de EL PAIS, que revel¨® el reembolso de facturas presuntamente falsas por valor de 236.000 euros en 2008.

Mart¨ªn siempre ha negado irregularidades. Ayer lo hizo una vez m¨¢s. Insiste en que todos los pagos fueron ¡°refrendados¡± por t¨¦cnicos municipales, ¡°personas honorables e inocentes¡±. Compareci¨® con gesto serio y acompa?ada por dos concejales socialistas que la auxiliaron ante las inc¨®modas preguntas de la prensa. Respondi¨® a todo, salvo a una cuesti¨®n. Interpelada por este peri¨®dico, no quiso explicar si se reuni¨® con el empresario que gestiona el servicio ¡°para establecer la estrategia a seguir en relaci¨®n con la parte del presupuesto no utilizado¡± en 2008. Este entrecomillado pertenece a uno de los correos electr¨®nicos enviados a la concejala por Alberto L¨®pez, el gerente ¨²nico de la empresa. En otro correo, el empresario aseguraba que ¡°la factura de noviembre seguir¨¢ su tr¨¢mite normal y la extra de noviembre te la enviamos en un sobre cerrado¡±. Estos documentos obran en el abultado sumario instruido por Antonio Pi?a. El juez incluso ha tenido que solicitar un esc¨¢ner especial ante la ingente cantidad de documentos que investiga.

La polic¨ªa requis¨® documentaci¨®n en dependencias municipales en tres ocasiones tras recibir expedientes incompletos. El juez tambi¨¦n orden¨® la incautaci¨®n del ordenador personal de Mart¨ªn. Los investigadores tienen claro que se ha cometido una cadena de irregularidades que derivar¨¢n en responsabilidades. La implicaci¨®n ¡°es clara, ya que refrend¨® todas las facturas con su firma¡±, aseguran fuentes cercanas a la investigaci¨®n. ¡°No solo se est¨¢ investigando la facturaci¨®n. La prestaci¨®n del servicio est¨¢ plagada de irregularidades que el Ayuntamiento omiti¨®", explican. Las pesquisas se centran ahora en los cuadrantes de trabajadoras, el pago de los desplazamientos, las facturas desglosadas por horas, el estudio de los correos electr¨®nicos cruzados con el empresario y en los informes econ¨®micos que autorizaron los pagos. El actual alcalde, Agust¨ªn Fern¨¢ndez, entonces concejal de Econom¨ªa y Hacienda, era el responsable ¨²ltimo de esa autorizaci¨®n.

La operaci¨®n judicial que rodea el servicio de ayuda a domicilio ha salpicado a numerosos funcionarios. Declarar¨¢n como imputadas cuatro empleadas municipales, entre ellas tres jefas de servicio nombradas directamente por Mart¨ªn. Un asesor jur¨ªdico y el jefe de gesti¨®n econ¨®mica testificar¨¢n en calidad de testigos. El interventor municipal, que repar¨® decenas de facturas pagadas a la empresa, declar¨® la pasada semana. Descarg¨® toda responsabilidad en la edil imputada y en su jefa de servicio. Mart¨ªn no dimitir¨¢ mientras no haya una sentencia. Tampoco lo har¨¢ Aurea Soto, concejala de Urbanismo y segunda teniente de alcalde. La justicia ha puesto el foco sobre ella con dos imputaciones por presunta prevaricaci¨®n administrativa. El mismo juez que instruye la causa contra Baltar dirime si la socialista actu¨® a sabiendas de que era ilegal en operaciones urban¨ªsticas. La edil asegura que se encuentra ante ¡°chantajes¡± de empresas de la construcci¨®n. Declarar¨¢ por segunda vez el pr¨®ximo 5 de abril. Soto, muy pr¨®xima al exalcalde ourensano, lleg¨® a calificar de ¡°insensatez¡± pedir la dimisi¨®n a un pol¨ªtico imputado. La edil de personal no electa, Carmen Rodr¨ªguez Dacosta, tambi¨¦n podr¨ªa ser encausada pr¨®ximamente. El delegado del Gobierno, Samuel Ju¨¢rez, ha ordenado impugnar ocho contratos firmados por ella. El PP ultima una querella por prevaricaci¨®n.

Como en Santiago, el gobiernos de Ourense se consume entre imputaciones y dimisiones. En las dos ciudades, los alcaldes elegidos en las urnas tuvieron que abandonar el cargo. De nada le vali¨® al ourensano Francisco Rodr¨ªguez ser el socialista que, porcentualmente, m¨¢s apoyos recaud¨® en las elecciones de 2011. Su arresto y posterior puesta en libertad bajo fianza acab¨® rompiendo el gobierno de coalici¨®n con el BNG. Tras la imputaci¨®n de Rodr¨ªguez, del concejal nacionalista Fernando Varela y del jefe de la Polic¨ªa Local, las aguas parec¨ªan volver a su cauce. Pero solo fue una tregua.