Choque de trenes en el juzgado
Alaya presenta su propuesta de reparto de los casos de los ERE, Mercasevilla y Betis El TSJA interviene para aliviar los desacuerdos con dos magistrados
Las espadas est¨¢n en alto. El regreso de Mercedes Alaya al juzgado que instruye el caso de los ERE ha sido atormentado. Su fuerte personalidad se ha topado con los dos compa?eros magistrados de juzgado. Y el reparto de casos que ha motivado este sonado choque de trenes se despeja este lunes en Sevilla, o si no hay acuerdo ma?ana en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en Granada.
Ning¨²n juez de instrucci¨®n trabaja para otro y todos llevan a gala su autonom¨ªa de gesti¨®n y criterio. De ah¨ª que esta divisi¨®n de tareas sea tan espinosa. Alaya volvi¨® tras seis meses de baja por enfermedad y comunic¨® en su juzgado que pretend¨ªa acaparar las causas del Betis, Mercasevilla y los ERE fraudulentos, con un magistrado para ayudas puntuales que ella requiriera y otro para instruir los asuntos menores que entraban a diario. Y las guardias, tambi¨¦n para ella, a pesar de que su econom¨ªa familiar no parece necesitar complementos. La negativa de los dos jueces Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes ante este reparto fue tajante. Tanto como la intenci¨®n de Alaya para aferrarse al tim¨®n de unas instrucciones que le han costado sudor y l¨¢grimas, y una enfermedad harto dolorosa.
Sin embargo, por debajo de la discrepancia personal y la lucha de egos subyacen otros factores que elevan varios grados la importancia del reparto. En teor¨ªa, la justicia debe ser ecu¨¢nime y la instrucci¨®n de los casos no deber¨ªa alterarse porque las decisiones para priorizar l¨ªneas de investigaci¨®n o la prisi¨®n preventiva de los imputados est¨¦n en manos de un juez u otro. Pero la teor¨ªa, en este caso, sirve de poco.
El caso Mercasevilla y el de los ERE, sobre todo, han sido un arma pol¨ªtica muy afilada, usada por el Partido Popular contra el Gobierno andaluz, y un gran dolor de cabeza para la Junta y sus dirigentes. Miles de ciudadanos est¨¢n pendientes del caso m¨¢s grave de corrupci¨®n que los socialistas han afrontado en Andaluc¨ªa. Alaya ha se?alado directamente al presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y tuvo un choque brutal con el Ejecutivo, al que amenaz¨® para revisar las actas de los Consejos de Gobierno. Pero tambi¨¦n el caso Betis tiene en vilo a miles de aficionados, dado que la investigaci¨®n devino en el embargo de las acciones del expresidente Manuel Ruiz de Lopera, con una fianza r¨¦cord de 25 millones. Y el club est¨¢ ahora en manos de administradores judiciales.
Nadie pasa por alto la firmeza y el dif¨ªcil car¨¢cter de Alaya. Su m¨¦todo es llevar al l¨ªmite la instrucci¨®n. Tras rectificar la Audiencia de Sevilla la prisi¨®n preventiva dictada para el exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, reconoci¨®: la prisi¨®n incondicional ¡°tampoco debe mantenerse sine die, como desde el inicio era pensamiento de esta instructora¡±. Mientras, los abogados han censurado el tono, las formas y los argumentos utilizados por Alaya en los interrogatorios. Algunos pidieron que se grabaran para evitar los excesos y salidas de tono. Otros letrados elevaron quejas ante el TSJA y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fuentes judiciales conf¨ªan en que la propuesta que presente Alaya hoy satisfaga a sus dos compa?eros y ceda parcelas de la investigaci¨®n para salir del atolladero. Porque el atasco que motiv¨® la llegada de dos jueces de refuerzo, nuevos funcionarios y otra secretaria, no es ninguna ficci¨®n. Los recursos de reforma se suelen resolver en tres d¨ªas, y este juzgado mantiene algunos sin respuesta desde hace casi un a?o. Y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce fueron imputados por delito societario en mayo de 2010. Casi tres a?os despu¨¦s, a¨²n est¨¢n pendientes de declarar para poder defenderse. La pregunta de las fuentes judiciales es obvia: ¡°?Tantos refuerzos para que est¨¦n de brazos cruzados? Son compatibles estos refuerzos para agilizar el juzgado con la independencia y titularidad del ¨®rgano¡±.
Si Alaya se niega a presentar hoy una propuesta para repartir juego, cada juez presentar¨¢ una opci¨®n de divisi¨®n de asuntos al TSJA. La magistrada conserva el as en la manga para retener el grueso de la investigaci¨®n bas¨¢ndose en una ley que le otorga prioridad, pero como suele ocurrir en Derecho, hay otros argumentos jur¨ªdicos que el alto tribunal puede estimar para arrebatarle ciertas causas, como el principio de igualdad de jurisdicci¨®n. En cualquier caso, la confluencia de tres jueces en el mismo juzgado acabar¨¢ este verano, y despu¨¦s es muy probable que el ¨®rgano se quede con uno o dos magistrados tras apretar el acelerador esta primavera. Ahora la cuesti¨®n es evitar pisotones para apretar los pedales.
Un peque?o ej¨¦rcito para desatascar el juzgado
La plantilla del juzgado que investiga los ERE (250.000 folios de sumario y decenas de recursos pendientes) ha sido reforzada para desatascar este y otros casos. A los cinco tramitadores, tres gestores y dos auxilios como plantilla habitual se le sumaron dos tramitadores y un auxilio que acude ciertas horas al juzgado, seg¨²n estableci¨® la Junta. Mientras, el Ministerio de Justicia ha nombrado una secretaria de refuerzo por seis meses y el TSJA mantiene dos jueces de adscripci¨®n territorial que acompa?an a Alaya.
La fiscal¨ªa tiene una fiscal adscrita al caso Betis y dos fiscales de Anticorrupci¨®n para Mercasevilla y los ERE fraudulentos. La Direcci¨®n General de Seguros posee dos peritos que emiten informes de cada ERE investigado para determinar irregularidades como sobrecomisiones e intrusos. La Intervenci¨®n General conserva dos peritos nombrados hace un a?o que a¨²n deben emitir su informe sobre los ERE.
Adem¨¢s, la Agencia Tributaria act¨²a como auxilio jurisdiccional para consultas puntuales que el juzgado plantea a sus t¨¦cnicos. Finalmente, la Unidad Central Operativa (UCO) lleva el grueso de la investigaci¨®n policial desde que hace a?o y medio Alaya arrebat¨® el caso a la polic¨ªa. Durante la baja de la juez, la investigaci¨®n ha avanzado y se ha abierto una pieza secreta. ¡°Otra cosa es lo que trasciende a la opini¨®n p¨²blica. Como las declaraciones judiciales, que ciertamente son necesarias para avanzar. Pero el trabajo de investigaci¨®n no ha parado¡±, subrayan fuentes del caso.
La premura para finalizar la instrucci¨®n del caso Betis (iniciada en 2008), el delito societario en Mercasevilla (de 2010, pero muy incipiente) y la venta de suelos de la empresa p¨²blica (iniciada en 2010), est¨¢ justificada. "Hay altos funcionarios de Urbanismo puestos en entredicho", recuerdan dichas fuentes.
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