La honorabilidad del banquero

El gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero, estando ya en funciones, a la puerta de las elecciones en que fue derrotado, indult¨® al banquero Alfredo S¨¢enz. Le indult¨® a?adiendo una coletilla al decreto de indulto que dec¨ªa as¨ª: ¡°¡­quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jur¨ªdicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria¡±. Sorprend¨ªa, y sorprende, que se a?adiera esa coletilla, porque nunca se hab¨ªa hecho una cosa semejante. Ahora, hace unos d¨ªas, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ha dicho que esa coletilla es ilegal, y ha ordenado que se deje sin efecto.

La sentencia no tiene desperdicio. El varapalo al exceso ins¨®lito del Gobierno es memorable. Su argumentaci¨®n, impecable.

Se daba la circunstancia de que la ben¨¦vola condena impuesta a S¨¢enz ten¨ªa un efecto grave, externo al proceso y al C¨®digo Penal. S¨¢enz, al ser un delincuente condenado, perd¨ªa su condici¨®n de persona honorable. Y sin esta condici¨®n no pod¨ªa dedicarse a la actividad bancaria. Ello es as¨ª porque el Real Decreto 1245/1995, que regula la creaci¨®n de bancos, establece que es necesaria la honorabilidad para ejercer la profesi¨®n de banquero. Define la honorabilidad comercial y profesional como la observancia de una trayectoria personal de respeto a las leyes que regulan la actividad econ¨®mica y la vida de los negocios, as¨ª como las buenas pr¨¢cticas comerciales, financieras y bancarias. Y a?ade el Real Decreto que carecen de honorabilidad quienes tengan antecedentes penales por delito doloso.

Esta era la severa consecuencia de la benigna condena. Era un delincuente. No era honorable. No pod¨ªa dedicarse a lo suyo. Por eso el Gobierno saliente acudi¨® en su socorro, con el indulto y su coletilla. No solo le indult¨® la pena. Adem¨¢s, pretendi¨® hacerle honorable. Y el actual Gobierno, ahora acorde con la herencia recibida, tambi¨¦n. El Abogado del Estado, dependiente jer¨¢rquicamente del gobierno, ha defendido a S¨¢enz en el pleito, sosteniendo la pretendida legalidad de la coletilla del indulto.

S¨¢enz y el Abogado del Estado dicen que si el gobierno puede indultar la pena tambi¨¦n podr¨¢ indultar las consecuencias de la pena, porque la facultad de proponer indultos es discrecional del gobierno. Pero no es as¨ª, exactamente. El argumento del tribunal es muy sencillo. Recuerda que la Ley del Indulto concede al Gobierno la facultad de proponer el indulto ¡°conforme a la ley¡±. El Gobierno no puede actuar como un poder ajur¨ªdico, al margen de la ley.

Los tribunales, desde luego, no pueden controlar si el gobierno ejerce su facultad discrecional de conceder o no conceder un indulto. Pero s¨ª pueden y deben controlar si, al concederlo, el gobierno act¨²a seg¨²n manda la ley que establece lo que se puede perdonar, y lo que no. Y la ley del Indulto es muy clara. El indulto s¨®lo perdona la pena, pero no borra la condena. La condena, adem¨¢s de imponer la pena, declara los hechos, tal como fueron. Eso fue as¨ª, y ya no se borra. Y como fue as¨ª, as¨ª debe constar en el Registro de Penados. El condenado tiene antecedentes penales. Estos no se pueden borrar, porque si volviera a delinquir, ser¨ªa necesario tenerlos presentes, a efectos de posible reincidencia. Y como tiene antecedentes penales, no es honorable.

El Real Decreto que exige la honorabilidad para ser banquero no es una ley penal. El ¡°deshonor bancario¡±, por lo tanto, solo es una consecuencia bancaria de la condena, pero no es una pena, y por ello no puede ser indultada. Por eso el Supremo ha dejado sin efecto la ins¨®lita coletilla del indulto.

Pero que nadie se alarme ante una decisi¨®n judicial favorable a la ¨¦tica bancaria. El Gobierno ya tiene preparada una reforma del Real Decreto, que suprime la exigencia de carecer de antecedentes penales para ser banquero, y la sustituye por una extensa lista de requisitos que parece redactada por S¨¢enz. Se podr¨¢ ser delincuente y banquero, sin complejos.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.