Alperi y sus l¨ªos con la justicia

Luis D¨ªaz Alperi (Oviedo, 1945) es tan conocido en pol¨ªtica como en los tribunales. El exalcalde de Alicante atesora un amplio historial por sus actividades privadas y pol¨ªticas. Desde 1995, los casos se han ido sucediendo: Alivacsa, Mercalicante, aparcamientos o Brugal, entre otros. Ahora, el todav¨ªa diputado auton¨®mico del PP se enfrenta a una denuncia de la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia por supuestos delitos contra la Hacienda P¨²blica y por falsedad documental. Alperi, por ahora, ha salido indemne. H¨¢bil en las distancias cortas, a este avezado jugador de mus da la impresi¨®n que se le empiezan a complicar las cosas.

D¨ªaz Alperi siempre ha dado que hablar. Cuando accedi¨® a la alcald¨ªa, en 1995, arrastraba asuntos pendientes de su pasado empresarial, como una sentencia ratificada por la Audiencia Provincial del caso Alivacsa que le conden¨® a pagar una deuda bancaria superior a los 18 millones de las antiguas pesetas. El alcalde esquiv¨® la orden de embargo declar¨¢ndose insolvente. La denuncia acab¨® difumin¨¢ndose.

Ya superado el ecuador de su segundo mandato, una auditor¨ªa revel¨® irregularidades contables en Mercalicante entre 1999 y 2001. La investigaci¨®n judicial constat¨® que los proyectos de construcci¨®n de c¨¢maras frigor¨ªficas y un sistema de venta electr¨®nico fueron la tapadera de un desfalco de 6 millones de euros. La jueza Cristina Castro imput¨® a los principales directivos de Mercalicente, al primer edil y a dos concejales, Juan Zaragoza y Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Galant. Con todo ello, D¨ªaz Alperi consigui¨® una tercera mayor¨ªa absoluta en el 2003.

El tercer mandato concentr¨® los focos de la justicia sobre ¨¦l. El consistorio adjudic¨® al m¨¢ximo contratista de la ciudad, Enrique Ortiz, la construcci¨®n y explotaci¨®n de tres aparcamientos en el centro. La modificaci¨®n del contrato entre Ayuntamiento y constructor acab¨® con la imputaci¨®n de D¨ªaz Alperi, su protegida pol¨ªtica y edil de Urbanismo, la actual alcaldesa Sonia Castedo, y el edil de Tr¨¢fico y ex asesor de la consejer¨ªa de Sanidad, Luis Concepci¨®n. Es el llamado caso de los aparcamientos, que seg¨²n el ministerio fiscal supuso un quebranto a las arcas municipales de 2,2 millones de euros. Con esta nueva imputaci¨®n, las alarmas se dispararon en el PP en septiembre de 2006. Quedaba un mes para la elecci¨®n del candidato popular a la alcald¨ªa y campistas y zaplanistas luchaban por el puesto. En el curr¨ªculum de D¨ªaz Alperi constaban tres imputaciones conocidas, dos candentes entonces (Mercalicante y el caso aparcamientos) y la prescrita. Por si no fuera suficiente trama, meses despu¨¦s trascendi¨® que el alcalde y su protegida Castedo denunciaron haber recibido misivas amenazadoras. El sobre que recibi¨® cada uno inclu¨ªa una bala y un escrito: ¡°Se acab¨® tu tiempo, m¨¢rchate¡±. Pero no lo hizo. Fiel a su idiosincrasia de lobo solitario, el que subiera al poder en plena ola zaplanista acab¨® haci¨¦ndose con su cuarta alcald¨ªa con el apoyo campista.

En su primer mandato, se declar¨® insolvente para esquivar un embargo

En la recta final de campa?a durante 2007 no dejaron de surgir datos truculentos. El caso de Mercalicante languidec¨ªa por la lentitud judicial y en el caso aparcamientos el fiscal Felipe Briones pidi¨® investigar las viviendas de los hijos de Alperi, tres chalets adosados que meses atr¨¢s constaban como propiedad de Viviendas del Mediterr¨¢neo (la mitad del accionariado entonces era de Enrique Ortiz).

El 27 de mayo Alperi gan¨® de nuevo las elecciones. Esta vez la distancia con la oposici¨®n fue m¨ªnima pero otra vez gobernaba con mayor¨ªa absoluta. Tambi¨¦n fue elegido diputado y, por tanto, consigui¨® su condici¨®n de aforado. D¨ªaz Alperi cogi¨® aire. Los dos casos por los que estaba imputado deber¨ªan resolverse en el TSJ. La carambola se produjo: en febrero de 2008 el TSJ le absolvi¨® por el caso de los aparcamientos. A ¨¦l, a Castedo y a Concepci¨®n.

En su ¨²ltimo mandato, Alperi compr¨® el 50% de la mercantil Andarx Bussines al promotor Antonio Solana. Al mes, la sociedad adquiri¨® un yate por 600.000 euros. En septiembre dej¨® la alcald¨ªa en manos de Castedo. Desde su butaca auton¨®mica, D¨ªaz Alperi vi¨® c¨®mo en febrero de 2009 el juez del TSJ, Juan Montero le exim¨ªa de las imputaciones de Mercalicante. A ¨¦l, a Zaragoza y a Rodr¨ªguez Galant ¡ªque acabar¨ªa dirigiendo la Ciudad de la Luz¡ª. El juez mantuvo a los directivos encausados.

A partir de aqu¨ª, silencio casi absoluto del diputado. Cerr¨® la boca y se refugi¨® en su esca?o. El calvario judicial de Alperi aument¨® con los casos de corrupci¨®n Brugal y G¨¹rtel. En ambos est¨¢ implicado, en el primero incluso est¨¢ imputado junto al empresario Ortiz y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. El TSJ investiga si los pol¨ªticos del PP ofrecieron informaci¨®n reservada sobre el PGOU de Alicante al promotor.

En 2010 complet¨® la compra de una empresa que ten¨ªa dos yates

En una conversaci¨®n del 3 de noviembre de 2009, incluida en el sumario de caso G¨¹rtel, figura que D¨ªaz Alperi regal¨® un reloj de 24.000 euros al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Y en Brugal, Alperi compr¨® en febrero de 2010 el 49% restante de Andarx Bussines al empresario Antonio Solana por 1.500 euros qued¨¢ndose con los dos yates de la empresa.

En 2011 comenzaron a cambiar las tornas para el diputado: este diario descubri¨® que Hacienda ejecut¨® en 2007 un aval de 886.032 euros presentado por el alcalde en el 2005, diez a?os despu¨¦s de su supuesta declaraci¨®n de insolvencia. Cuando EL PA?S le pregunt¨® c¨®mo consigui¨® el aval, secamente, contest¨®: ¡°No tengo ninguna declaraci¨®n que hacer¡±. 2011 es tambi¨¦n el a?o que el caso Brugal lleg¨® a Alicante. El caso naci¨® en la Vega Baja al investigar una supuesta trama pol¨ªtico empresarial vinculada al negocio de las basuras. La grabaci¨®n de conversaciones telef¨®nicas al promotor Ortiz involucr¨® al ex alcalde, Alperi y a la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Esta semana la fiscal¨ªa del TSJ ha presentado una denuncia contra el exalcalde por tres delitos fiscales