La juez absuelve a los dos profesores de la UPV acusados de matricular a etarras

La juez ha absuelto a los profesores de la UPV Xabier Aierdi y Enrique Antol¨ªn, que fueron juzgados la semana pasada acusados de permitir que estudiasen en la universidad p¨²blica dos etarras deportados. El fiscal ped¨ªa para cada uno de ellos ocho a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n administrativa.

La titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Bilbao, en una sentencia fechada ayer y difundida hoy, considera que en la actuaci¨®n de los dos docentes ni elementos objetivos ni subjetivos que avalen la comisi¨®n de dicho delito, por lo que solo puede concluir dictando la absoluci¨®n de Aierdi y Antol¨ªn. Contra el fallo las acusaciones ¡ªla fiscal¨ªa, la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo¡ª pueden recurir ante la Audiencia de Bizkaia.

La UPV y el centro de Bergara de la UNED firmaron en 1988 un convenio para que alumnos presos en Espa?a pudieran estudiar una carrera en la primera, que se extendi¨® despu¨¦s a los reclusos en Francia, fundamentalmente de ETA. A ese sistema se incorporaron dos etarras deportados por Francia: ?ngel Mar¨ªa Lete, enviado en 1985 a Cabo Verde, donde falleci¨® en 2002, y Bel¨¦n Gonz¨¢lez Pe?alva, deportada en Rep¨²blica Dominicana entre 1989 y 1999 y quien hoy cumple prisi¨®n atenuada en Espa?a al padecer un c¨¢ncer.

Antol¨ªn era responsable de los alumnos presos y Aierdi fue tutor de ambos etarras mientras cursaron estudios en la UPV. El fiscal consideraba que su incorporaci¨®n y mantenimiento en ese sistema para que fuesen alumnos de la universidad p¨²blica resultaba ¡°arbitraria¡± y se hizo ¡°sin cobertura jur¨ªdica alguna y sin recabar la autorizaci¨®n¡± de quienes fueron sucesivamente rectores de la UPV en ese tiempo: Pello Salaburu y Manuel Montero.

La UPV, que se volc¨® en respaldar en ambos docentes en el juicio, ha mostrado en un comunicado su satisfacci¨®n por el fallo.

¡°Esta sentencia absolutoria supone un paso trascendental en la larga pol¨¦mica que pretend¨ªa se?alar un comportamiento irregular de la Universidad en el desempe?o de su labor docente¡±, agrega el texto. Y recuerda que las acusaciones a Aierdi y Antol¨ªn determinaron la apertura de diligencias en 2005 y, con ellas, la revisi¨®n de m¨¢s de 500 expedientes acad¨¦micos, la declaraci¨®n de 36 personas, entre personal de administraci¨®n y servicios, docentes e investigadores y cargos acad¨¦micos como rectores, decanos y vicedecanos, imputadas por prevaricaci¨®n y falsedad documental, imputaciones que se levantaron a lo largo de la instrucci¨®n, y la comparecencia como testigos de otras 18.