La juez apunta al soborno de altos cargos
Alaya acusa a una consultora de los ERE de pagar comisiones a responsables de la Administraci¨®n andaluza. La investigaci¨®n ha acreditado sobornos a Guerrero
La juez Mercedes Alaya considera que la consultora m¨¢s beneficiada por los ERE fraudulentos, Vitalia, pag¨® comisiones ilegales a altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa despu¨¦s de obtener los jugosos contratos que le reportaron sobrecomisiones superiores al 15%, muy por encima de la media que cobran otras empresas por este tipo de trabajos. Era un supuesto intercambio de favores entre ciertos pol¨ªticos y los directivos de la empresa, a partir de los beneficios generados por el fondo de los ERE que la Junta dot¨® con 721 millones de euros. La magistrada estima que Vitalia, propiedad del grupo Eurobank, soborn¨® con cohechos durante varios a?os a altos cargos de la Administraci¨®n andaluza, aunque no da nombres.
¡°La empresa Vitalia obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administraci¨®n auton¨®mica, habi¨¦ndose acreditado indiciariamente hasta el momento, el caso del Sr. Guerrero¡±. Alaya desliza su acusaci¨®n en el auto de prisi¨®n de los administradores del grupo Eurobank, Eduardo Pascual y Mar¨ªa Vaqu¨¦, encarcelados el pasado s¨¢bado tras ser acusados de tres delitos continuados de cohecho, malversaci¨®n y prevaricaci¨®n y asociaci¨®n il¨ªcita, entre otros. La investigaci¨®n ha concretado que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero cobr¨® 249.000 euros gracias a 170 transferencias de dinero procedentes del holding Vitalia. Pero la juez sostiene en esta investigaci¨®n, sobre la que hay secreto sumarial, que hay otros cargos de la Junta implicados por cobrar sobornos.
Alaya incide dos veces en el desv¨ªo de comisiones a pol¨ªticos en el auto. La juez menciona c¨®mo los fondos en principio se transfer¨ªan desde la central de Vitalia en Barcelona hasta la oficina de Madrid, y de ah¨ª el dinero finalizaba en Sevilla: ¡°Se retirar¨ªan cantidades en efectivo o se ordenar¨ªan nuevas transferencias cuyo destino, entre otros cargos de la Junta de Andaluc¨ªa, eran las cuentas de Guerrero¡±.
Las sobrecomisiones pagadas a las consultoras causaron ¡°un enorme perjuicio a la Hacienda p¨²blica andaluza¡±, seg¨²n Alaya. Guerrero acordaba con el ex director comercial encarcelado de Vitalia, Antonio Albarrac¨ªn, la minuta para estos ¡°gastos externos¡± de las p¨®lizas de los ERE, pero la juez implica al nivel superior y destaca ¡°el conocimiento y la autorizaci¨®n¡± de la c¨²pula de ambas patas de este ¡°negocio¡±: Vitalia y la Consejer¨ªa de Empleo. Y hace menci¨®n expresa a Pascual y Vaqu¨¦ por un lado, y al consejero de Empleo por el otro.
El auto judicial no identifica a los cargos que cobraron comisiones ilegales
Sin embargo, la investigaci¨®n patrimonial que llev¨® a cabo la Guardia Civil sobre los bienes del exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez y varios miembros de su familia concluy¨® sin indicios de un enriquecimiento il¨ªcito, por lo que la inc¨®gnita del resto de altos cargos beneficiados junto a Guerrero sigue sin despejarse. Fern¨¢ndez estuvo en prisi¨®n preventiva entre abril y agosto pasados. Mientras, el otro exconsejero de Empleo al que la Guardia Civil ya ha se?alado por su ¡°papel esencial¡± en ciertas subvenciones espinosas, es el diputado nacional del PSOE Jos¨¦ Antonio Viera. De momento, Alaya no ha definido su implicaci¨®n, y si lo hiciera deber¨ªa inhibirse en favor del Tribunal Supremo, dada la condici¨®n de aforado de Viera.
La Guardia Civil resuelve todas las dudas ahora planteadas en el grueso atestado que present¨® a la juez para que esta autorizara las 22 detenciones de la Operaci¨®n Heracles. El atestado se conocer¨¢ tan pronto la juez levante el secreto de sumario sobre las actuaciones. ¡°Las piezas del puzle comienzan a encajar¡±, ha escrito Alaya para definir el estado actual en que se encuentra esta compleja investigaci¨®n.
Alaya censura que las mutualidades del grupo Eurobank ¡ªPersonal Life, Norton Life y Fortia Vida, disuelta e intervenida por la Generalitat¡ª carec¨ªan de autorizaci¨®n para realizar operaciones de seguro fuera de Catalu?a, por lo que las p¨®lizas suscritas con la Junta ser¨ªan irregulares. As¨ª lo destaca en su informe aportado al caso la Direcci¨®n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
La magistrada resume la actividad supuestamente delictiva de Vitalia: ¡°Sobrecomisiones por encima de la media del mercado, introducci¨®n de intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas), colocaci¨®n de testaferros al frente de algunas sociedades, pagos de comisiones a terceros por dar trabajo a Vitalia¡±.
La consultora enviaba fondos a su oficina en Madrid y de all¨ª a Sevilla
Esta consultora, seg¨²n la juez, reparti¨® ¡°abultadas sobrecomisiones¡± por 4,2 millones de euros a UGT y CC OO a trav¨¦s de sus corredur¨ªas ITG y Atlantis. El intermediario Juan Lanzas, amigo de Guerrero, recibi¨® 1,9 millones en transferencias, 455.000 euros a trav¨¦s de dos p¨®lizas para ¨¦l y su esposa, y finalmente 4,5 millones a trav¨¦s de empresas de mensajer¨ªa que usaba como firmas pantalla y realizaban facturas falsas. Para ello, Lanzas utiliz¨® cuatro testaferros, dos de los cuales est¨¢n en prisi¨®n y otro ha estado encarcelado un mes y acaba de salir en libertad con cargos tras pagar la fianza. El cuarto est¨¢ en libertad con cargos.
El d¨²o Pascual y Vaqu¨¦ utiliz¨® en el grupo Eurobank testaferros de diversas nacionalidades para al menos 41 empresas pantalla, como Moutaz Al Mokhtar Kasem. Los empresarios est¨¢n imputados de 11 delitos cada uno en el caso Eurobank, donde han sido procesados otros 13 exdirectivos y afrontan penas de entre cinco y siete a?os de c¨¢rcel pedidas por la fiscal¨ªa.
En su declaraci¨®n ante Alaya, ambos exdirectivos alegaron desconocer las irregularidades y coincidieron en culpar de los sobornos a su exsubordinado Albarrac¨ªn, que supuestamente se lucr¨® y dirigi¨® la mayor¨ªa de los pagos ilegales. Pascual se defini¨® como un simple asesor del due?o de la empresa, Joan Vila. Los investigadores no han detenido a este empresario andorrano, supuesto responsable de la descapitalizaci¨®n de Fortia Vida, que dej¨® un agujero contable de 50 millones.
La juez suspendi¨® este lunes las dos declaraciones judiciales previstas de los responsables de Uniter y el bufete Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs. A continuaci¨®n, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n dirigi¨® un escrito a Alaya para que le informe cuanto antes de la fecha prevista para retomar las declaraciones.
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