Los partidos designar¨¢n en tres meses al defensor y al director de RTVA

Los tres grupos del Parlamento y el Gobierno andaluz han empezado la semana con buenos prop¨®sitos. En la primera reuni¨®n para abordar la renovaci¨®n de ¨®rganos elegidos por la propia C¨¢mara, se han propuesto llegar a un acuerdo en tres meses para elegir al director general de RTVA y al Defensor del Pueblo, cuyo mandato expir¨® hace 13 meses.

Las conversaciones tambi¨¦n afectar¨¢n a los consejos sociales de universidades y a la revisi¨®n de funcionamiento de la C¨¢mara de Cuentas. Este m¨¦todo de negociaci¨®n permite lo que se llama coloquialmente un intercambio de cromos, de modo que nadie pierda y todos ganen algo. Pero tambi¨¦n puede acabar en un fracaso y en un gran atasco si cada grupo mantiene posiciones maximalistas.

De momento, los portavoces popular, Carlos Rojas; socialista, Francisco ?lvarez de la Chica; y de Izquierda Unida, Jos¨¦ Antonio Castro, dijeron estar dispuestos a lo mejor. Tambi¨¦n fue esa la posici¨®n manifestada por el Ejecutivo, a trav¨¦s de la consejera de la Presidencia, Susana D¨ªaz, tras reunirse durante una hora con los partidos en sede parlamentaria La meta es que haya consenso antes del final del actual periodo de sesiones, que acaba en el mes de junio. Seg¨²n dicen, no hablar¨¢n de nombres ¡°hasta el final¡± de las negociaciones, ¡°en la ¨²ltima curva¡±, ser¨¢n ¡°el ¨²ltimo eslab¨®n¡±, una vez que tengan claro ¡°los modelos¡± y ¡°los perfiles¡±. ¡°Hay coincidencia en que no haya guerras de nombres¡±, dijo Castro. Habr¨¢ que esperar a ver si estos virtuosos pron¨®sticos se cumplen, pero en casi todas las ocasiones anteriores lo que ha predominado ha sido la trifulca.

En el caso de la RTVA, una de las mayores empresas de la Junta con 1.587 trabajadores, hay acuerdo en el punto de partida: la de preservar la RTVA como una sociedad p¨²blica, conservar los empleos, garantizar la estabilidad de la empresa y, a?adi¨® el PP, la neutralidad pol¨ªtica. D¨ªaz acot¨® que este aspecto se incluir¨¢ en la ley del Audiovisual y ser¨¢ un principio que regir¨¢ para todos los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos, es decir, tambi¨¦n para los de titularidad municipal.

Respecto al director general de la RTVA tambi¨¦n hay consenso en que antes de fichar a alguien de fuera, ¡°el primer sitio donde hay que buscar es en la propia casa¡±, dijo De la Chica.

Tanto la elecci¨®n del director general de la RTVA como del Defensor del Pueblo necesita mayor¨ªa cualificada del Parlamento. En el caso de la RTVA, la sorpresiva dimisi¨®n de Pablo Carrasco, anunciada el 12 de marzo pasado, se ha solventado modificando mediante decreto ley la norma de creaci¨®n de la empresa p¨²blica. El periodista Joaqu¨ªn Dur¨¢n ha asumido de manera interina la RTVA al frente de una subdirecci¨®n general. En caso de bloqueo, el decreto ley permite prolongar esta situaci¨®n hasta que se celebren nuevas elecciones.

Andaluc¨ªa es de las pocas comunidades que obliga a que el director general sea elegido por consenso del Parlamento: en una primera votaci¨®n por mayor¨ªa de dos tercios (72 votos de un total de 109) y por tres quintos (65), en una segunda. Es decir, que es necesaria la participaci¨®n de los 50 diputados del PP, como grupo mayoritario, ya que los dos grupos que sostienen al Gobierno ¡ªPSOE (47) e IU (12)¡ª no garantizan la elecci¨®n.

En el caso del Defensor del Pueblo, el mandato de Jos¨¦ Chamizo expir¨® el 1 de marzo de 2012. Es su tercer mandato. El PP est¨¢ por que otra persona coja el relevo, cuando afirma, como ayer reiter¨® Rojas, un cambio de aires. IU defiende su continuidad, mientras que el PSOE no se sabe con exactitud qu¨¦ opina, pero la tibieza que muestran los dirigentes socialistas sobre Chamizo ¡ªque ocupa una de las instituciones m¨¢s valoradas por los andaluces¡ª lleva a pensar que est¨¢ por su relevo. Cuando se le pregunt¨® ayer a la consejera de la Presidencia si cre¨ªa necesario un ¡°cambio de aires¡± en la Oficina del Defensor, contest¨® que no entend¨ªa lo que significaba esa expresi¨®n, pero inmediatamente record¨® que Chamizo lleva 17 a?os en el cargo y que ¡°no sab¨ªa¡± si la ley permite un cuarto mandato. La ley no establece ninguna limitaci¨®n de tiempo.

La posici¨®n de Izquierda Unida es favorable no solo a que el sacerdote gaditano contin¨²e en su puesto, sino tambi¨¦n a que se cambie la ley del Defensor para que tenga reconocidas las competencias que le asigna el Estatuto de Autonom¨ªa. En la anterior legislatura, el grupo socialista hizo valer su mayor¨ªa absoluta para rechazar un cambio normativo.