Andaluc¨ªa expropiar¨¢ viviendas a los bancos para impedir desahucios
La Junta multar¨¢ hasta con 9.000 euros las viviendas vac¨ªas de las entidades financieras La Administraci¨®n auton¨®mica persigue dinamizar el parque de alquiler
Casi un a?o ha tardado el Gobierno andaluz de coalici¨®n de PSOE e Izquierda Unida en aprobar una medida de fuerte impacto social. La huella de IU impregna de cabo a rabo el decreto ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Funci¨®n Social de la Vivienda aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.
Dos aspectos destacan del proyecto, que entrar¨¢ en vigor a partir del jueves cuando se publique en el Bolet¨ªn Oficial de la Junta de Andaluc¨ªa (BOJA). Por un lado, la expropiaci¨®n del uso de la vivienda a los bancos, durante un m¨¢ximo de tres a?os, en caso de desalojos de familias que cumplan con una serie de requisitos y est¨¦n en riesgo de exclusi¨®n social. Por otro, el fomento del alquiler de viviendas vac¨ªas a trav¨¦s de un sistema de penalizaci¨®n en el que se multar¨¢ con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
¡°Hoy decimos basta, hasta aqu¨ª hemos llegado¡±, tron¨® ayer la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cort¨¦s (IU), cuando present¨® el decreto que puso de contrapunto a la ley hipotecaria que se tramita en el Congreso.
Cort¨¦s, que dirige una consejer¨ªa sin la potencia inversora de otras ¨¦pocas por las sucesivas amputaciones presupuestarias, ha centrado desde el primer d¨ªa su gesti¨®n en la lucha contra los desahucios. En Andaluc¨ªa, una media diaria de 46 familias viven esta situaci¨®n. Desde 2007, se han producido en la comunidad 86.000 desahucios.
En Andaluc¨ªa hay entre 700.000 y un mill¨®n de viviendas vac¨ªas, seg¨²n datos de la Junta, de las que la mitad son propiedad de personas jur¨ªdicas (bancos y empresas inmobiliarias). El decreto deja fuera de las sanciones a las personas f¨ªsicas propietarias de pisos vac¨ªos, a los que se les plantear¨¢ un paquete de incentivos, sobre todo de car¨¢cter fiscal, para que pongan sus casas en alquiler. Tambi¨¦n se crear¨¢ un Registro de Viviendas Deshabitadas.
Para que los bancos, las inmobiliarias o las entidades de gesti¨®n patrimonial pongan en arrendamiento su dep¨®sito de viviendas, la Junta emplea el m¨¦todo del palo m¨¢s que el de la zanahoria, al establecer un r¨¦gimen disciplinario que contempla sanciones muy graves, graves y leves.
En el caso de las muy graves, se penaliza con hasta 9.000 euros a las entidades financieras que tengan viviendas vac¨ªas. El decreto ¡ªque la Junta no hizo p¨²blico en su integridad ya que tan solo facilit¨® un resumen porque estaba ultimando su redacci¨®n¡ª, no recoge qu¨¦ pasa cuando un banco pone en alquiler una vivienda al precio que estime conveniente y no logra arrendarla. ¡°Eso no exime de que no sea considerada una vivienda vac¨ªa¡±, dijo Fomento.
La recaudaci¨®n de las multas se destinar¨¢ a pol¨ªticas de vivienda y al patrimonio p¨²blico de suelo de la Administraci¨®n. De la regulaci¨®n quedan exentas las segundas residencias, las de recreo y las afectadas por la legislaci¨®n tur¨ªstica.
Para dar una soluci¨®n ¡°inminente¡± a los lanzamientos, la Junta podr¨¢ expropiar a las entidades jur¨ªdicas el uso de inmuebles en procedimientos de desahucio en casos de ¡°emergencia social¡±. Se trata de una medida excepcional que se aplicar¨¢ durante un m¨¢ximo de tres a?os y siempre que los afectados re¨²nan, entre otros, estos requisitos: que el desalojo genere una situaci¨®n de exclusi¨®n social, contrastada por los Ayuntamientos, que la vivienda hipotecada sea la habitual, y que se acredite una situaci¨®n de empobrecimiento sobrevenido desde la etapa en la que se concedi¨® el pr¨¦stamo. Como tope, los que se beneficien de esta medida no podr¨¢n superar tres veces el Iprem (532 euros mensuales).
Esta iniciativa se aplicar¨¢ en el ¨²ltimo tramo del proceso de ejecuci¨®n hipotecaria. Es decir, cuando las entidades bancarias ya han embargado la casa y esta ha sido subastada y adjudicada al propio banco. En estos casos, la Junta pagar¨¢ al a?o a la entidad el 2% del justiprecio en el que se haya adjudicado la vivienda. Fomento tiene contabilizadas 119 familias, que han pedido su mediaci¨®n en las oficinas provinciales abiertas hace cuatro meses, que podr¨ªan acogerse a esta soluci¨®n.
Seg¨²n Cort¨¦s, el decreto, que se tramitar¨¢ como proyecto de ley en el Parlamento aut¨®nomo, no corre peligro de ser impugnado. Lo dijo con estas palabras: ¡°Garant¨ªa jur¨ªdica plena como la luna llena¡±. Para el PP andaluz, la Junta ¡°copia¡± las iniciativas de Rajoy sobre la funci¨®n social de la vivienda, aunque con ¡°el radicalismo¡± de IU, opin¨® la diputada popular Alicia Mart¨ªnez, quien apunt¨® ¡°dudas jur¨ªdicas¡±.
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