El Supremo obliga a Educaci¨®n a pagar 19 millones a la Complutense

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha conseguido que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n le pague parte del dinero que le debe para infraestructuras tras llevar el asunto a los tribunales. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso EL PA?S, obliga a Educaci¨®n a abonar 19,5 millones de euros a la UCM. Es una de las cantidades incluidas en el plan de inversiones 2007-2011 que la Comunidad de Madrid firm¨® con las seis universidades p¨²blicas madrile?as con criterios ¡°objetivos, transparentes y equitativos¡±, seg¨²n recog¨ªa el acuerdo.

Los campus deb¨ªan recibir en cinco a?os 585 millones fijos para rehabilitaci¨®n, seguridad, accesibilidad, gesti¨®n de infraestructuras y otros 55 variables tambi¨¦n para obras. La Comunidad dinamit¨® ese acuerdo en 2008 con el argumento de la crisis y destin¨® menos presupuesto cada a?o a los campus del que hab¨ªa comprometido en el acuerdo de 2007.

Desde entonces, las sentencias que respaldan la petici¨®n de la Complutense, que arrastra una deuda millonaria desde hace varios ejercicios y ha aplicado varios planes de ajuste y bajadas de sueldo, est¨¢n llegando por goteo. El resto de universidades p¨²blicas tambi¨¦n han planteado recursos. La UCM ya ha recuperado m¨¢s de 80 millones de tres ejercicios (la ¨²ltima corresponde a 2009) y est¨¢ pendiente de lo que decida el juez en la denuncia presentada para 2011.

La nueva sentencia del Supremo, fechada el pasado dos de abril, da la raz¨®n a la UCM con el siguiente argumento: ese plan no era solo una previsi¨®n sino un acuerdo que compromet¨ªa a ambas partes. Los magistrados entienden que la Comunidad de Madrid debe abonar 19,5 millones de euros, la diferencia entre los 41 millones que hab¨ªa comprometido para 2009 en el citado documento de inversiones y los 27 millones que finalmente le consign¨® en los presupuestos de ese a?o.

Educaci¨®n pidi¨® al tribunal que no se admitiera el recurso de casaci¨®n presentado por la Complutense porque consideraba que el acuerdo no equival¨ªa a ¡°un convenio administrativo del que deriven las obligaciones de entrega de las cantidades reclamadas¡±, seg¨²n recoge la sentencia. Los letrados de la consejer¨ªa alegaron que el texto firmado por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, y los seis rectores de las universidades p¨²blicas (Complutense, Aut¨®noma, Rey Juan Carlos, Carlos III, Alcal¨¢ y Polit¨¦cnica) no ten¨ªa ¡°naturaleza obligacional inmediata¡±.

Pero los magistrados han desgranado los aspectos del plan justo para llegar a la conclusi¨®n contraria: la Comunidad ten¨ªa la obligaci¨®n de pagar. Se detiene en los objetivos del documento: ¡°prestaci¨®n de los servicios universitarios¡± y garantizar ¡°la sostenibilidad financiera de las infraestructuras¡± de los campus. ¡°Del tenor del plan en su conjunto no se desprende en momento alguno que lo convenido fuera solo una previsi¨®n¡±, recoge la sentencia, que subraya que se cerr¨® ¡°tras una negociaci¨®n¡±. Incumplirlo, prosigue el texto, ¡°constituye un supuesto t¨ªpico de la inactividad de la Administraci¨®n¡± que recoge la Ley de Jurisdicci¨®n Contencioso Administrativa.

El tribunal no acepta la indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios que reclamaba la Complutense por la redacci¨®n de proyectos que luego no se ejecutaron, porque considera que la universidad no ha argumentado suficientemente que ¡°tales gastos hayan devenido in¨²tiles¡±, ya que los proyectos se pueden retomar cuando el campus recupere los fondos. Tampoco impone el pago de costas a la Comunidad de Madrid.