La soluci¨®n debe ser pol¨ªtica

El ¨²ltimo auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a no es m¨¢s que la culminaci¨®n del sinsentido en el que nos meti¨® la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Primero, el legislador catal¨¢n cometi¨® el error de plantear la vehicularidad del catal¨¢n como un derecho de los alumnos en lugar de hacerlo como una opci¨®n democr¨¢ticamente tomada por los poderes p¨²blicos. A continuaci¨®n el TC dijo que si exist¨ªa el derecho a recibir la ense?anza en catal¨¢n tambi¨¦n exist¨ªa un derecho an¨¢logo a recibirla en castellano. Y despu¨¦s el Supremo complet¨® la faena reclamando la ¡°reintroducci¨®n¡± del castellano como lengua vehicular en la ense?anza. El TSJC se ha limitado ahora a matizar que la reintroducci¨®n solo debe afectar a las clases que frecuenten los alumnos que pidan la ense?anza en castellano.

Dig¨¢moslo claro: el embrollo en que nos hallamos no tiene soluci¨®n jur¨ªdica. El derecho a recibir (toda) la ense?anza en catal¨¢n es incompatible con el derecho a recibirla (toda) en castellano; ciertamente, si el alumno X que solicit¨® la ense?anza en castellano determina que esa sea la lengua para toda la clase, sus compa?eros, que no solicitaron lo mismo, ven menoscabado su derecho a recibirla en catal¨¢n (un derecho, no lo olvidemos, protegido por una ley org¨¢nica del Estado, cual es el Estatut). Los derechos son incompatibles, claro est¨¢, a menos que se ejerzan en aulas separadas, algo que adem¨¢s de ser muy caro est¨¢ prohibido por la ley de normalizaci¨®n de 1983, la de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de 1998, el Estatut de 2006 y la ley de educaci¨®n de 2010. La ¨²nica soluci¨®n del conflicto es pol¨ªtica. Se trata de pactar entre unos y otros una vuelta a lo que dictamin¨® el TC no en 2010 sino en un lejano 1994: el catal¨¢n como ¡°centro de gravedad¡± del sistema educativo ¡°en atenci¨®n al objetivo de la normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica en Catalu?a¡± (es decir, como opci¨®n tomada por el legislador, no como derecho de los alumnos), ¡°siempre que ello no determine la exclusi¨®n del castellano como lengua docente¡±.

Dado que el ministro Wert y la consejera Rigau no parecen las personas m¨¢s indicadas para llegar acuerdos, acaso har¨¢ falta que, en su pr¨®xima reuni¨®n secreta, Rajoy y Mas aborden tambi¨¦n este asunto. A menos que ninguna de las partes quiera renunciar a la evidente rentabilidad pol¨ªtica que supone mantener abierto el frente ling¨¹¨ªstico.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la UAB