?Que vienen los rojos!

Parece evidente que problemas dif¨ªciles como el de la vivienda no se pueden resolver con medias tintas. Sobre todo, en un pa¨ªs de contrastes como el nuestro: con m¨¢s millones de pisos vac¨ªos que familias que carecen de ellos y con un mill¨®n de espa?oles viviendo en hacinamientos o infravivienda; con los bancos m¨¢s rentables del mundo y con miles de desahucios por deudas de unos pocos cientos de euros; con una banca rescatada con el dinero de todos y con casi 650.000 familias que, seg¨²n C¨¢ritas, no reciben ingreso alguno.

Como ya es bien sabido, gran parte de las viviendas construidas recientemente en Espa?a no se ha dedicado a uso residencial sino especulativo y ahora es ya muy dif¨ªcil, por no decir que imposible, hacer justicia y ser eficientes en materia de vivienda sin poner en uso el parque sobrante, pues seguir construyendo, como quieren algunos irresponsables, es materialmente insostenible. Y ser¨ªa l¨®gico que cuando se propone limitar el derecho a la propiedad se tengan diferencias y que pol¨ªticas como las que intenta llevar a cabo la Junta de Andaluc¨ªa con el decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci¨®n social de la vivienda generen discusi¨®n. No solo sobre su mayor o menor correspondencia con los principios morales o criterios ideol¨®gicos de cada persona en particular sino sobre su viabilidad y eficacia en sociedades y econom¨ªas complejas como la nuestra.

Pero mientras que ese debate y la cr¨ªtica constructiva son siempre positivos y enriquecedores, la reacci¨®n de los dirigentes del Partido Popular y de los periodistas y medios que suelen jalear sus posiciones pol¨ªticas es francamente visceral y preocupante.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha vinculado la medida a ¡°los comunistas que creen que ha llegado la hora de acabar con la propiedad privada¡±, alg¨²n peri¨®dico ha escrito que ¡°Andaluc¨ªa decreta que tener un piso es antisocial¡±, otros hablan de ¡°asalto¡± y ¡°clara violaci¨®n¡± de la propiedad privada, mientras que alg¨²n comentarista se refiere al decreto como ¡°ucase expropiatorio¡± de la Rep¨²blica Sovi¨¦tica y Bolivariana de Andaluc¨ªa. Otros comparan a nuestra comunidad con Cuba e incluso un diario aprovecha la ocasi¨®n para difamar a Izquierda Unida vincul¨¢ndola con ETA.

El decreto de la Junta es

Pero en todo ese jaleo resulta especialmente sorprendente que el ataque a las medidas del Gobierno andaluz haya sido tan feroz y despiadado en medios que diariamente se declaran valedores de la fe cat¨®lica y firmes defensores de la doctrina de la Iglesia. O que no se hayan defendido por su jerarqu¨ªa. Es sorprendente porque la supeditaci¨®n de la propiedad privada al inter¨¦s social, que es lo que propone la Junta de Andaluc¨ªa, forma parte de la doctrina que han defendido los ¨²ltimos papas. ¡°La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna raz¨®n para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los dem¨¢s les falta lo necesario¡±, se dice en la enc¨ªclica Populorum Progressio. Tambi¨¦n la constituci¨®n Gaudium et Spes fue rotunda al defender ¡°el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer¡±, y cabe recordar que la campa?a ¡°Ni casa sin personas ni personas sin casa¡± es de C¨¢ritas.

Por muy discutible que pueda ser, el decreto de la Junta es innovador y puede ser eficaz si se desarrolla con acierto. Y sobre su legalidad no hay que temer. Nuestra Constituci¨®n permite que el derecho a la propiedad privada se limite por razones de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social, y los tribunales impedir¨ªan que se aplicase si fuese contraria a ella o a otras leyes.

Lo que hay que hacer es debatir con argumentos si la medida resuelve un problema grave, si contribuye a la equidad y si es viable y eficiente, y no responderle, como el PP y su entorno, con apriorismos e incluso con insultos personales. Quien hace pol¨ªtica sin razonamiento ni sosiego solo siembra barbarie.

@juantorreslopez