Cuando el enemigo est¨¢ en casa

A golpe de resoluciones, Juan Antonio Gallo Sallent se ha convertido en los ¨²ltimos meses en un aut¨¦ntico martillo para los consejeros del Gobierno de Artur Mas. Su gran peculiaridad, no obstante, es que ¨¦l no act¨²a extramuros de la Generalitat. Es uno de sus altos funcionarios: dirige el ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalu?a (OARCC), conocido desde que en enero pasado dictamin¨® que la gran privatizaci¨®n del Ejecutivo, la concesi¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona por casi mil millones de euros, se ten¨ªa que anular. La negativa del Gobierno a asumir la resoluci¨®n del organismo ha generado una situaci¨®n sin apenas precedentes que se alargar¨¢ durante a?os en los tribunales, quiz¨¢s en el Supremo.

No es el ¨²nico contrato p¨²blico que el OARCC ha convertido en un problema para el Ejecutivo. Meses antes una resoluci¨®n dictada por Gallo dejaba tambi¨¦n en entredicho el negocio de las comunicaciones de la Administraci¨®n auton¨®mica que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n (CTTI) dio a Telef¨®nica. Y el ¨²ltimo martillazo data de la semana pasada, cuando el ente decidi¨® tambi¨¦n dejar sin sentido la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de un ambulatorio de L¡¯Escala al grupo privado Eulen, tras el recurso presentado por la Fundaci¨® Salut Empord¨¤.

Esa ¨²ltima resoluci¨®n tambi¨¦n la firma Gallo. Como todo en el OARCC. Este licenciado en Derecho, Ciencias Econ¨®micas y Empresariales, m¨¢ster en Derecho Administrativo e interventor de la Generalitat desde 1999 es director y ¨²nico juez de un ente que naci¨® en junio de 2012. Es un organismo unipersonal cuyas decisiones tendr¨ªan que ser ejecutivas, que ha tumbado contratos multimillonarios y que recibe m¨¢s de un recurso diario sobre alg¨²n contrato p¨²blico.

Desde el nivel auton¨®mico hacia abajo quedan incluidas todas las Administraciones. Para hacerse una idea de los vol¨²menes: seg¨²n la Oficina de Supervisi¨®n y Evaluaci¨®n de la Contrataci¨®n P¨²blica (OSACP), solo en 2011 la Generalitat adjudic¨® 6.100 contratos, un volumen inferior a a?os anteriores por la crisis y las pol¨ªticas de contenci¨®n. Y hay que sumar diputaciones, consejos comarcales, ayuntamientos y las entidades dependientes. En plena crisis por el contrato de ATLL, el consejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell, aseguraba que los litigios por concursos eran habituales. A Gallo no le falta trabajo.

¡°El OARCC es como un McDonald¡¯s, acabas una hamburguesa y ya tienes que hacer otra: quiz¨¢s la siguiente sea con queso¡±, indican fuentes pr¨®ximas a la entidad. En sus primeros siete meses de vida recibi¨® 129 recursos, pero solo el de ATLL gener¨® un gran vendaval pol¨ªtico. Hasta el punto que la dependencia org¨¢nica del OARCC del Departamento de Presidencia ¡ªy del ex secretario del Gobierno y ahora consejero de Justicia Germ¨¤ Gord¨®¡ª gener¨® suspicacias en torno a la independencia del ente y la divisi¨®n en el Gobierno sobre qu¨¦ empresa deb¨ªa ganar la mayor de las privatizaciones: Acciona o Agbar. ¡°El OARCC es totalmente independiente¡±, dicen esas fuentes.

El organismo que dirige Gallo recibe al menos un recurso cada d¨ªa sobre alg¨²n contrato p¨²blico

En su ¨²ltimo informe, la OSACP aconsejaba la necesidad de redimensionar el OARCC y convertirlo en el Tribunal Catal¨¢n de Contratos del Sector P¨²blico. La modificaci¨®n no tardar¨¢ demasiado en llegar. De esa forma, ser¨¢n tres los vocales que firmar¨¢n cada resoluci¨®n. Uno seguir¨¢ siendo Gallo, cuyo cargo tiene vigencia por cinco a?os renovables. La segunda vocal¨ªa la tendr¨¢ la t¨¦cnica que ahora ya trabaja en el organismo y uno tercero podr¨ªa ser elegido a instancias de las asociaciones de municipios. Y, sobre todo, la elaboraci¨®n de los fallos ser¨¢ m¨¢s r¨¢pida que los 30 d¨ªas actuales.

Solo as¨ª se garantizar¨¢ lo que demandaba la directiva europea que instaba a crear una suerte de tribunales administrativos que pudieran frenar contratos p¨²blicos con agilidad si se determinaba que en el tr¨¢nsito de su adjudicaci¨®n no se hab¨ªan cumplido los requisitos o si estos contaban, ya de partida, con alg¨²n fallo. Esa velocidad es imprescindible para evitar que la anulaci¨®n de concursos irregulares acabe siendo imposible si pasa mucho tiempo, ya que su cancelaci¨®n ser¨ªa m¨¢s onerosa para la Administraci¨®n que en primera instancia. Justo lo contrario de lo que estar¨ªa sucediendo ahora con ATLL, si bien la Generalitat defiende en este caso que no darle el contrato a Acciona supondr¨ªa dejar el concurso desierto porque Agbar, el otro licitante, tampoco cumplir¨ªa las condiciones.