El Supremo acusa a un magistrado de ¡°asesorar¡± a un empresario del ¡®caso ITV¡¯

El magistrado Joaqu¨ªn Jos¨¦ Ortiz Blasco est¨¢ a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por su participaci¨®n en el caso ITV, la presunta trama corrupta que pretendi¨® ama?ar concursos p¨²blicos en Catalu?a. El Tribunal Supremo (TS) ve ¡°indicios racionales¡± de delito suficientes para llevar a Ortiz a juicio por prestar ¡°asesoramiento y consejo¡± a un empresario amigo suyo con intereses en el mercado de las ITV. El magistrado preside desde 2009 la Secci¨®n Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que es la encargada, precisamente, de resolver los recursos sobre las concesiones en ese sector.

El Supremo ha concluido la investigaci¨®n y ha dado traslado a la fiscal¨ªa para que solicite, en su caso, la apertura de juicio oral. El auto concluye que Ortiz pudo haber cometido un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y abuso en el ejercicio del cargo. El C¨®digo Penal castiga ese delito con multa y con una suspensi¨®n de empleo de hasta tres a?os. Los indicios que recoge el escrito del alto tribunal son abrumadores y tocan de lleno el coraz¨®n del caso ITV, en el que est¨¢ imputado, entre otros, el n¨²mero dos de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya, Oriol Pujol Ferrusola.

En 2010, el tripartito de izquierdas, que entonces comandaba la Generalitat, adjudic¨® un lote de tres estaciones de la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos a la empresa Atisae. En diciembre, el empresario Ricard Puignou, de la empresa Certio, interpuso un recurso ante la Secci¨®n Quinta, presidida por Ortiz, para pedir que se anulase el concurso de forma cautelar porque la decisi¨®n no se hab¨ªa motivado. Seis meses despu¨¦s, en mayo de 2011, el magistrado imputado le dio la raz¨®n y acord¨® las medidas cautelares.

El proceso, sin embargo, no fue neutro: estuvo marcado por la estrecha relaci¨®n entre el magistrado y su ¡°amigo¡± Puignou, seg¨²n el auto del Supremo. En la causa figuran decenas de correos electr¨®nicos que ilustran c¨®mo Ortiz ¡°orient¨®¡± a Puignou y le ayud¨® a resolver asuntos de su inter¨¦s particular. Con los consejos del magistrado, el empresario pudo ¡°adoptar decisiones con antelaci¨®n¡±.

El auto del Tribunal Supremo concluye que la conducta del magistrado ¡°no puede cobijarse bajo un intento leg¨ªtimo de mediaci¨®n¡±

Uno de esos correos data de octubre de 2010. Puignou explic¨® al magistrado que Atisae hab¨ªa resultado adjudicataria de uno de los lotes. Ortiz le contest¨® unos d¨ªas despu¨¦s con un comentario: ¡°Chapuzas hasta en el recuento¡±. Antes de presentar formalmente el recurso ante el TSJC, Puignou remiti¨® al magistrado un ¡°borrador o proyecto¡± del texto. Ortiz, de nuevo, le contest¨® anticip¨¢ndole su ¡°visto bueno¡±, se?ala el TS. ¡°He podido leer el escrito y hablar con Rom¨¢ Mir¨® [abogado de Certio]. Le he dado mi OK. Conf¨ªrmale que por vuestra parte puede presentarlo. Ya hablaremos despacio. Un abrazo, Joaqu¨ªn¡±. Puignou le da las gracias.

Como presidente de la Secci¨®n Quinta, Ortiz resolvi¨® multitud de recursos judiciales que interpusieron las empresas del sector, inmersas en una batalla por el plan de estaciones de ITV del Gobierno catal¨¢n. El magistrado solo fue ponente, sin embargo, en el recurso de Certio. Tambi¨¦n, en la sentencia que, finalmente, tumb¨® el concurso p¨²blico con el argumento de que, al consolidar un r¨¦gimen de autorizaciones, el tripartito catal¨¢n hab¨ªa atentado contra la libre competencia.

Entre las medidas cautelares y la sentencia, Ortiz mantuvo diversas reuniones. Una de ellas, un almuerzo con dos abogadas de la Generalitat que han declarado como testigos en la causa. Ese encuentro, que fue seguido por los investigadores, es lo ¨²nico que hab¨ªa trascendido sobre la implicaci¨®n del magistrado en el caso ITV. Hasta ahora. El 22 de febrero de 2012, Ortiz cen¨® con Puignou y con el jefe de este, Enrique Marug¨¢n, en el restaurante ¡°habitual¡±. Al d¨ªa siguiente, Puignou llam¨® a Josep Tous, nombrado mediador de la Generalitat en el conflicto de las ITV, para decirle que ¡°el juez¡± (Ortiz) iba a reunirse con las letradas.

El auto del Tribunal Supremo concluye que la conducta del magistrado ¡°no puede cobijarse bajo un intento leg¨ªtimo de mediaci¨®n¡±. Entre otras cosas, porque la mediaci¨®n ¡°no es posible mediante reuniones privadas solo con una de las partes interesadas¡±. Menos a¨²n, razona el auto, cuando existe ¡°una relaci¨®n de amistad¡± con esa parte en conflicto. El TS remiti¨® el auto de imputaci¨®n al Consejo General del Poder Judicial para que este decrete, si procede, ¡°la suspensi¨®n del aforado como magistrado¡±. El delito por el que est¨¢ imputado afecta a cualquier ¡°autoridad o funcionario¡± que preste servicio o asesoramiento ¡°al servicio de entidades privadas o particulares¡± en asuntos en los que debe intervenir por raz¨®n de su cargo.

Adem¨¢s del magistrado y de Pujol, en el caso ITV est¨¢n implicados tres empresarios (Puignou, Sergio Pastor y Sergi Alsina) y dos cargos p¨²blicos: Isidre Masalles, subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, y el citado Josep Tous, que fue n¨²mero dos de la Diputaci¨®n de Barcelona hasta que estall¨® el esc¨¢ndalo, hace poco m¨¢s de un a?o. Seg¨²n los investigadores, todos ellos pretendieron tumbar el concurso de ITV para hacer uno a medida y lograr, adem¨¢s, otras adjudicaciones p¨²blicas en el sector energ¨¦tico. El dirigente nacionalista est¨¢ imputado por tr¨¢fico de influencias: la fiscal¨ªa sospecha que us¨® su ¡°peso pol¨ªtico¡± para apoyar a la trama con el objetivo de ¡°lucrarse personalmente¡±.