La tolerancia cero de Alberto Fabra con los imputados del PP hace agua
La implicaci¨®n en G¨¹rtel del alcalde de Castell¨®n cuestiona el discurso del Consell
El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se ha visto obligado a realizar una lectura restringida de su pol¨ªtica contra la corrupci¨®n. La imputaci¨®n el pasado viernes del alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller, en el caso G¨¹rtel, ha marcado un punto de inflexi¨®n en el discurso del Consell. El sucesor de Fabra al frente de la alcald¨ªa castellonense est¨¢ imputado por el Tribunal Superior de Justicia en relaci¨®n con la contrataci¨®n de Orange Market en 2007 durante su etapa como subsecretario de la Consejer¨ªa de Sanidad.
El vicepresidente del Gobierno valenciano, Jos¨¦ Ciscar, fundamentalmente, y el secretario general del PP, Seraf¨ªn Castellano, han sido los encargados de acotar en p¨²blico la pol¨ªtica de tolerancia cero de Fabra.
Ciscar argumenta que las l¨ªneas rojas marcadas por Fabra no han cambiado, aunque el presidente solo puede aplicarlas en su ¨¢mbito de influencia. El vicepresidente explica que Fabra ha apartado a todos los cargos imputados de la direcci¨®n regional del PP, de la direcci¨®n del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y de la Administraci¨®n de la Generalitat.
Sin embargo, cuando se sacan a relucir las excepciones, el vicepresidente echa balones fuera. Ocurri¨® con Carlos Fabra, que se mantuvo como presidente de la empresa p¨²blica Aerocas hasta que se decret¨® la apertura de juicio oral por delitos contra la Administraci¨®n y la Hacienda p¨²blica. Y ocurre con Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, imputado en el caso Brugal, que ostenta el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante a propuesta de la Generalitat, tras haber gobernado el partido en la provincia durante a?os. En estos casos, Ciscar ha pedido paciencia porque hay que analizar cada situaci¨®n y dejar que el Consell adopte sus decisiones "en el momento oportuno".
El presidente afirm¨® que los encausados no ir¨ªan en las candidaturas
El problema se ha agravado con la imputaci¨®n de Bataller. Es el segundo alcalde de capital que resulta imputado. La primera fue la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Y las cosas se pueden poner peor si, como piensa la oposici¨®n, el juez Jos¨¦ Castro que instruye el caso N¨®os observa finalmente indicios de delito en la actuaci¨®n de Rita Barber¨¢ en la celebraci¨®n de las tres ediciones del Valencia Summit que organiz¨® el duque de Palma, I?aki Urdangarin. Un escenario de pesadilla para el PP de Fabra, que anunci¨® meses atr¨¢s que los cargos imputados no repetir¨ªan en las candidaturas electorales del partido, lo que ha provocado un notable malestar en el grupo parlamentario.
Es precisamente en el Grupo Popular, donde hay nueve parlamentarios imputados y razones para pensar que se llegar¨¢ a la decena, donde se observa con mayor detenimiento la pol¨ªtica de Fabra frente a los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n. En ese mismo grupo, el diputado y presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, ya ha dejado claro que no est¨¢ por asumir las l¨ªneas rojas marcadas por Fabra, quien tras la imputaci¨®n de su sucesor al frente de la alcald¨ªa de Castell¨®n se ha refugiado en los estatutos nacionales del PP para no pedir la dimisi¨®n de Bataller como presidente local del partido. Los estatutos solo obligan, seg¨²n la direcci¨®n regional del PP, a abrir un expediente informativo. A nada m¨¢s. Y el presidente regional tampoco piensa pedir ning¨²n sacrificio adicional.
En el Grupo Popular hay nueve parlamentarios imputados y razones para pensar que se llegar¨¢ a la decena
De hecho, fuentes del Grupo Popular explican que Presidencia ha querido encapsular los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n en las Cortes, donde han frenado la dimisi¨®n de Sonia Castedo, que anunci¨® hace meses que renunciar¨ªa a su acta de parlamentaria por su imputaci¨®n en el caso Brugal. La renuncia al acta, que Fabra ha repetido hasta la saciedad que es personal, trasladar¨ªa la tensi¨®n a la alcald¨ªa de Alicante.
Esta es una de las claves que explican, seg¨²n fuentes del PP, los problemas de aplicar una pol¨ªtica de tolerancia cero hacia los cargos imputados. Con un partido debilitado por la gesti¨®n de la crisis econ¨®mica, una pol¨ªtica de grandes eventos en cuesti¨®n y salpicado de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, Fabra no puede arriesgarse a presentar candidatos nuevos en las plazas m¨¢s importantes. Pero ello plantea otro problema: si el presidente popular abre la mano con los imputados en la confecci¨®n de las listas municipales, puede que tenga que hacer lo propio con las candidaturas auton¨®micas. Y ah¨ª radica buena parte del problema, en la dificultad del presidente para mantener un discurso del que ha hecho bandera.
Dilema en el socialismo valenciano
Recientemente, el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, present¨® un documento titulado Propuesta de reacci¨®n democr¨¢tica en el que literalmente se dice que se proceder¨¢ a la "suspensi¨®n provisional de sus responsabilidades a los imputados por corrupci¨®n".
En la actualidad, los n¨²meros dos y tres de la direcci¨®n del PSPV, Alfred Boix, secretario de Organizaci¨®n, y Jos¨¦ Manuel Orengo, responsable del ¨¢rea institucional y personas de la m¨¢xima confianza de Puig, se encuentran pendientes de la decisi¨®n que tome el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). El alcalde de Gandia (Valencia), Arturo Torr¨®, ha interpuesto una querella contra todos los miembros del consejo de administraci¨®n de una empresa municipal del que formaban parte Orengo y Boix, por entonces alcalde y concejal de Gandia, respectivamente. Les acusa de desviar dinero de una partida finalista a otros gastos municipales.
Si el TSJ tomara en consideraci¨®n la querella de Torr¨® provocar¨ªa un aut¨¦ntico dilema para la direcci¨®n de los socialistas valencianos porque Boix y Orengo tendr¨ªan que dejar sus cargos en el partido y, te¨®ricamente al menos, sus actas de diputado y concejal.
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