La Junta esgrime el plan en La Utop¨ªa

No hace ni un mes que el Gobierno andaluz aprob¨® el decreto de la vivienda y el texto, cuestionado ahora por la Comisi¨®n Europea, se ha convertido ya en una baza para negociar con los propietarios de los edificios ocupados por familias desahuciadas, los conocidos como corralas. A efectos de la aplicaci¨®n del decreto, la Junta los considera viviendas vac¨ªas, por lo que podr¨ªan ser sancionados con hasta 9.000 euros por piso. La idea, apuntan desde la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda, es que la normativa andaluza sirva para disuadir a los due?os de los edificios de ordenar el desalojo de sus vecinos.

El decreto se ha colado en medio de la negociaci¨®n que mantienen las Administraciones con Ibercaja y las familias que desde hace casi un a?o ocupan en Sevilla un edificio propiedad de esta entidad, el conocido como corrala La Utop¨ªa. Sus 36 viviendas est¨¢n ahora habitadas por familias a las que el pasado lunes una juez comunic¨® que dictar¨¢ una orden de desalojo en junio si no se marchan de forma voluntaria. La amenaza del desahucio obliga a acelerar las negociaciones, en las que, adem¨¢s de los ocupantes y el banco, participan la Junta, el Defensor del Pueblo y el Ayuntamiento.

En este marco, la Consejer¨ªa esgrime el decreto para presionar a la entidad y lograr un acuerdo. Si se produjera el desalojo, la Junta est¨¢ dispuesta a iniciar los tr¨¢mites de inspecci¨®n para confirmar que Ibercaja no ha puesto a disposici¨®n de los ciudadanos las viviendas, lo que dar¨ªa pie a la multa, se?alan fuentes de la consejer¨ªa.

El decreto prev¨¦ sanciones de 9.000 euros para las empresas por cada vivienda que tengan desocupadas durante al menos seis meses. En la Utop¨ªa hay 36, por lo que la multa podr¨ªa alcanzar los 324.000 euros. ¡°El decreto refuerza nuestra posici¨®n para alcanzar un acuerdo. Las viviendas est¨¢n vac¨ªas y, por tanto, son susceptibles de sanci¨®n¡±, se?alan fuentes del departamento que dirige Elena Cort¨¦s (IU).

La Utop¨ªa fue de los primeros edificios en ser ocupados y se ha convertido en un s¨ªmbolo de los movimientos que luchan contra los desahucios. La consejera de Fomento y Vivienda les visit¨® para darle su apoyo poco despu¨¦s de llegar al cargo y su departamento forma parte de la mesa de negociaci¨®n constituida en noviembre con Ibercaja para buscar una soluci¨®n que convenza a todos.

La mesa de negociaci¨®n no se ha cerrado formalmente, pero Ibercaja la dio la semana pasada por fracasada y ha presentado en los Juzgados de Sevilla una petici¨®n de ¡°desalojo inmediato de la totalidad de los ocupantes¡±. Se lo hizo saber por carta el pasado viernes al defensor del Pueblo Andaluz un directivo de Residencial Murillo, la empresa de Ibercaja que gestiona sus activos inmobiliarios. Seg¨²n este escrito, la decisi¨®n se ha tomado ¡°con pesar, pero con la legitimidad y fuerza moral de quien ha ofrecido, con arreglo a la ley y de buena fe, todo lo que est¨¢ en su mano para encontrar una soluci¨®n razonable que atendiera a los distintos intereses en juego¡±.

Un portavoz de Ibercaja insisti¨® ayer en que ¡°ante la falta de avances¡± el banco ¡°ha decidido ejercer su derecho para tomar leg¨ªtima posesi¨®n del inmueble¡±. A las familias que ahora lo ocupan y que necesiten una vivienda, Ibercaja les ofrece acogerse a su programa Llaves solidarias que, bajo la tutela de una ONG, facilita alquileres sociales.

Los inquilinos de la corrala quieren que estos alquileres sean all¨ª y cuentan con que el decreto aprobado por la Junta les ayude a conseguirlo. ¡°El decreto no soluciona el problema de las corralas, pero nos permite cierta capacidad de presi¨®n¡±, se?ala Juanjo Garc¨ªa, portavoz de Utop¨ªa. ¡°Esperamos una soluci¨®n negociada, no nos servir¨ªa de nada que sancionaran al banco si desalojan la corrala¡±, explica Garc¨ªa.

La juez que lleva el caso tras la denuncia presentada por Ibercaja tom¨® el lunes declaraci¨®n como imputados a 17 vecinos y ha citado al resto para las pr¨®ximas semanas. Las ¨²ltimas declaraciones est¨¢n previstas para el d¨ªa 28 de mayo y los vecinos temen que, a partir de entonces, la juez marque un plazo corto para que dejen los pisos de forma voluntaria antes de ordenar el desalojo forzoso.

El defensor del Pueblo, a quien Residencial Murillo comunic¨® su decisi¨®n de ordenar la salida inmediata de los vecinos, ha respondido al banco con otro escrito en el que manifiesta su sorpresa por que Ibercaja haya dado este paso sin agotar la negociaci¨®n y sin cumplir compromisos adquiridos en las ¨²ltimas reuniones. Entre estos compromisos estaba pendiente una reuni¨®n de Jos¨¦ Chamizo con el presidente de Ibercaja, Amado Franco.