Corrupci¨®n y reinserci¨®n

El Consejo General del Poder Judicial informa de que los juzgados tramitan m¨¢s de 1.600 asuntos por corrupci¨®n pol¨ªtica o financiera. Valencia, seguida de Barcelona, encabezan ese deplorable ranking,con 280 y 215 asuntos, respectivamente. Es una informaci¨®n insuficiente, superficial y oportunista que no satisface las exigencias de transparencia que se esperan de una instituci¨®n como esa. O desconocen o minusvaloran, u ocultan, cu¨¢ntos casos se instruyen en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores de las comunidades aut¨®nomas, que son los ¨®rganos competentes para enjuiciar a los aforados, es decir, a los pol¨ªticos m¨¢s importantes.

Tampoco se informa de cu¨¢ntos de esos casos han acabado con condenas, ni de las cifras de a?os precedentes, para poder comparar y evaluar la eficacia del sistema judicial. Adem¨¢s, las cifras de los procesos solo son indicativas del nivel real de criminalidad, y en este caso de corrupci¨®n, si existen datos criminol¨®gicos de proporci¨®n con la cifra negra, compuesta por la cantidad de delitos similares que no han sido denunciados, pero se sabe que se cometieron por informaciones fiables extrajudiciales. Un c¨¢lculo ponderado de datos reales de la corrupci¨®n punible, la enjuiciada y la no enjuiciada, arrojar¨ªa cifras desconocidas, probablemente muy superiores, y mucho m¨¢s preocupantes.

Las penas impuestas a los humildes ladronzuelos de familias desestructuradas no pueden tener la misma finalidad que las aplicadas a los corruptos de ilustre ascendencia y f¨¢cil acceso a arcas p¨²blicas

Mientras tanto un escalofr¨ªo de indignaci¨®n, impotencia, tristeza y dolor, aunque no de sorpresa, nos invadi¨® antes de acabar el mes de abril, al conocer que hab¨ªamos sobrepasado los seis millones de parados. Mill¨®n y medio en Andaluc¨ªa, casi un mill¨®n en Catalu?a. Encabezamos el ranking europeo de desigualdad. El terrible castigo inmerecido que soportan millones de honrados trabajadores en paro es infinitamente superior al insignificante castigo que, con los datos conocidos, recae sobre los criminalmente responsables de corrupci¨®n pol¨ªtica y financiera. Nada se ha informado de cu¨¢ntos han sido condenados a penas de prisi¨®n, cu¨¢ntos han ingresado efectivamente en la c¨¢rcel, ni cu¨¢ntos han devuelto el dinero sustra¨ªdo, que mayoritariamente es p¨²blico, o sea, nuestro. Es razonable que la ciudadan¨ªa exprese su desconfianza, su desapego y su reproche contra el sistema judicial, por ineficiente, opaco y desigual.

Seg¨²n la Constituci¨®n las penas privativas de libertad estar¨¢n orientadas a la reeducaci¨®n y la reinserci¨®n social. Pero los fines de las penas, su orientaci¨®n y su eficacia, son desiguales seg¨²n quien las sufra. Las penas impuestas a los humildes ladronzuelos de familias desestructuradas y an¨®nimas no pueden tener la misma finalidad que las aplicadas a los corruptos de ilustre ascendencia y f¨¢cil acceso a arcas p¨²blicas. Cuando el joven ladronzuelo sale de prisi¨®n y vuelve a su pandilla, la encuentra tan marginal y propicia al peque?o delito como cuando la dej¨® al ser detenido. Solo se reinserta en su grupo marginal, del que nunca se desinsert¨® del todo. Por eso su reinserci¨®n, en el sentido que proclama la Constituci¨®n, es m¨¢s que problem¨¢tica.

El famoso implicado en negocios de corrupci¨®n tampoco se desinsert¨® totalmente del grupo selecto y privilegiado en que fragu¨® su complej¨ªsimo artificio depredador. Sobre todo porque el corrupto de ¨¦lite casi nunca es inquilino de centros penitenciarios.

Algunos ilustres juristas han llegado a plantear la duda sobre si est¨¢ prevista para ese corrupto la reeducaci¨®n y la reinserci¨®n. Si ya disfrutaba de una esmerada educaci¨®n y de un entorno familiar y social acomodado, ordenado y apacible, su reeducaci¨®n y reinserci¨®n social ser¨ªa, seg¨²n ellos, superflua, ya que ese horizonte est¨¢ alcanzado de antemano. Y su prisi¨®n, in¨²til.

De los datos que nos dio el Consejo del Poder Judicial, y de los que no nos dio, cabe deducir que los corruptos de ¨¦lite, aun condenados, casi nunca pisan las c¨¢rceles. Sabemos que en m¨¢s de una ocasi¨®n han disfrutado de indultos inmotivados e injustificados. Con todo esto, en esta Espa?a de los esc¨¢ndalos, a la cabeza de la desigualdad social europea, ?alguien puede creer que la justicia es igual para todos?

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.