El juez rastrea contratos a dedo a El Bigotes por toda la Generalitat

La sombra de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, supuesto cabecilla de la trama G¨¹rtel en Valencia, sigue recorriendo la Generalitat. El juez Jos¨¦ Ceres, que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, dict¨® en una providencia conocida ayer las imputaciones de dos ex altos cargos m¨¢s: Mar¨ªa Auxiliadora Hern¨¢ndez, ex secretaria auton¨®mica de Educaci¨®n, y Silvia Caballer, ex directora general en la misma consejer¨ªa. El magistrado requiri¨® igualmente nueva documentaci¨®n a seis entes dependientes del Consell y a la misma Presidencia de la Generalitat.

El motivo: el supuesto de fraccionamiento de contratos ¡ªse firmaron 76 para solo 15 actos¡ª que, seg¨²n concluy¨® la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), sirvi¨® para que ninguno de ellos superase por separado el l¨ªmite de 12.000 euros que habr¨ªa impedido d¨¢rselos a dedo a la trama corrupta, como ocurri¨®.

Presidencia de la Generalitat, y en concreto su direcci¨®n general de Promoci¨®n Institucional, contrat¨® en uno de los casos analizados por la IGAE a dos empresas de la trama, DT Consulting y Boomerangdrive para ¡°la adquisici¨®n de 1.200 memorias USB con fines promocionales¡± en el a?o 2005. El importe total del encargo ascendi¨® a 22.500 euros, pero en vez de plantearlo as¨ª, Presidencia realiz¨® dos contratos. Uno, por el ¡°montaje, alzado, colocaci¨®n, extracci¨®n de productos del blister (cartucho), manipulado, empaquetado, producci¨®n y distribuci¨®n¡± (por 12.000 euros), y otro por ¡°creatividad y serigrafiado, manipulado y extracci¨®n manual de disco duro y dem¨¢s componentes del blister¡± (10.500 euros).

Se hizo as¨ª, seg¨²n la Intervenci¨®n General del Estado, ¡°con el fin de no utilizar otros procedimientos de contrataci¨®n (como el negociado), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia¡±. El juez Ceres reclama ahora a Presidencia de la Generalitat que le ¡°informe o certifique las personas, su cargo, y el grado o car¨¢cter de su intervenci¨®n¡± en dicha contrataci¨®n.

El magistrado requiri¨® a la empresa p¨²blica de medioambiente Vaersa; al Consell Valenci¨¤ de l¡¯Esport, a la Sociedad de Proyectos Tem¨¢ticos de la Comunidad Valenciana; al Proyecto Cultural Castell¨®n, y a la sociedad de la Generalitat dedicada a promover parques industriales Sepiva ¡°la remisi¨®n de copia aut¨¦ntica de las normas internas de contrataci¨®n¡±. Y tambi¨¦n: ¡°El acuerdo del ¨®rgano competente de la sociedad por el que se aprobaban dichas normas internas y, en su caso, el informe jur¨ªdico interno o de la Abogac¨ªa de la Generalitat que pudiera haberse emitido previo a su aprobaci¨®n¡±.

Ceres reclam¨® la misma informaci¨®n a la Fundaci¨®n de las Im¨¢genes, dando al mismo tiempo cuenta de una respuesta poco satisfactoria. La fundaci¨®n, se?ala el juez, remiti¨® ¡°tres facturas abonadas a Orange Market como ¨²nica documentaci¨®n que compone el expediente de contrataci¨®n¡± y afirm¨® que no pod¨ªa ¡°concretar la persona que fue interlocutor con Orange Market¡±.

La imputaci¨®n de Silvia Caballer, a la que el PP de Castell¨®n retir¨® de forma ¡°temporal¡± sus funciones en el partido ¡°mientras dure el procedimiento¡±, se debi¨® a su participaci¨®n en otra contrataci¨®n aparentemente troceada. Educaci¨®n contrat¨® a Orange Market para la organizaci¨®n del Congreso de Software Libre celebrado en Castell¨®n en mayo de 2005. Como en el resto de contratos investigados en la quinta pieza separada de la causa, en lugar de hacer un solo contrato, la consejer¨ªa hizo cuatro.

En concreto, acord¨® por un lado el ¡°alquiler, transporte y montaje mobiliario¡± (12.000 euros); el ¡°dise?o, impresi¨®n y montaje de carteler¨ªa¡± (12.000 euros); el ¡°alquiler, transporte y montaje de la moqueta¡± (12.000 euros), y la ¡°coordinaci¨®n y ejecuci¨®n del congreso¡± (12.000 euros). Cuando hace unas semanas fue interrogada como testigo por el juez, Caballer defendi¨® el hecho de haber establecido los contratos de esa forma y neg¨® haber recibido instrucciones para contratar a El Bigotes, lo que ha llevado ahora al juez a imputarla.

Hern¨¢ndez contrat¨®, por su parte, a cuatro empresas de la trama, con las que firm¨® seis acuerdos que tampoco superaron los 12.000 euros, para la realizaci¨®n del Congreso Familia y Escuela en 2006. La IGAE considera, de nuevo, que se trat¨® de un fraccionamiento artificial.