ITV a 40 a?os

Dos semanas despu¨¦s de que el Diario Oficial de Galicia regulase ¡ªel 4 de marzo de 1987¡ª la ¡°organizaci¨®n y r¨¦gimen jur¨ªdico del servicio p¨²blico de ITV¡± se constituy¨® la empresa Supervisi¨®n y Control que ya ese mismo a?o se hizo con una concesi¨®n que mantendr¨¢ hasta 2023. La adjudicaci¨®n ten¨ªa fecha de caducidad y deb¨ªa expirar en 2007. La ¨²ltima pr¨®rroga del monopolio en la inspecci¨®n de veh¨ªculos la firm¨® el consejero de Industria del bipartito, el nacionalista Fernando Blanco, a cambio de que la concesionaria limase un 10% las tarifas. En total, ser¨¢n 36 a?os de concesi¨®n en r¨¦gimen de monopolio.

Pese a la rebaja negociada en 2007, Galicia sigue situ¨¢ndose durante 2013 en la franja alta de los precios, desde luego muy por encima de las comunidades que gestionan el servicio directamente o a trav¨¦s de empresas p¨²blicas (Asturias, Andaluc¨ªa y Extremadura). Revisar un veh¨ªculo diesel cuesta en Galicia 47,10 euros, tres euros m¨¢s que en Andaluc¨ªa (43,69) y 14 por encima de lo que pagan los asturianos (32,80). Los precios m¨¢s altos se mantienen tambi¨¦n para las inspecciones de las motos. En Galicia certificar su puesta a punto cuesta 34,65 euros, frente a los 26,71 euros que pagan los andaluces o los 19 euros que abonan los asturianos. Las ganancias que obtienen dichas empresas p¨²blicas garantizan adem¨¢s un retorno a las arcas de esos gobiernos regionales. Aunque Galicia se mantenga en la parte cara de la tabla, por encima de ella emergen otras comunidades que tambi¨¦n pritavizaron el servicio como Madrid y Castilla Le¨®n.

Seg¨²n los datos que figuran en el Registro Mercantil, Supervisi¨®n y Control (SYC) extrajo entre 1992 y 2011 m¨¢s de 170 millones de euros de beneficios gracias a su r¨¦gimen de monopolio. Un tercio de la facturaci¨®n de este ventajoso negocio se corresponde con sus ganancias. En la madeja de firmas que figura en el Registro Mercantil SyC consta como una sociedad del grupo Inversiones Finisterre, filial de Macovi Sociedad de Inversiones SL, que preside Amador de Castro y en la que tiene tambi¨¦n participaciones Epifanio Campo, dos empresarios bien relacionados con el poder pol¨ªtico. El mismo conglomerado maneja otras sociedades dedicadas a la gesti¨®n de residuos, puertos deportivos y a la actividad inmobiliaria. Pero de la contabilidad de la compa?¨ªa se deriva que es la firma que expide los certificados de la ITV la que aporta liquidez al grupo mediante pr¨¦stamos y avales a las empresas hermanas.

Aunque en el a?o 2000 el Gobierno presidido entonces por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar aprob¨® un decreto de liberalizaci¨®n del sector de la ITV modificando el r¨¦gimen de concesiones por el de autorizaciones, el mercado nunca se abri¨® a la competencia ni en Galicia ni en el resto de Espa?a. La Xunta de Fraga en un decreto firmado en 2003 sale en defensa de la concesionaria: descarta autorizar nuevos servicios de inspecci¨®n en tanto no termine su contrato. Ese mismo a?o, el 8 de julio, una resoluci¨®n de la Direcci¨®n Xeral de Industria del Gobierno gallego establece el fin de la concesi¨®n en el 31 de diciembre de 2011. El bipartito que gobern¨® en Galicia entre 2005 y 2009 tampoco hizo nada por romper la posici¨®n hegem¨®nica de SyC en el sector, si bien logr¨® frenar la escalada de tarifas que hab¨ªa puesto en marcha la concesionaria desde que se hizo con el negocio en 1987. El 11 de octubre de 2007 el departamento de Industria que presid¨ªa el nacionalista Fernando Blanco extendi¨® la concesi¨®n hasta 2023 a cambio de bajar un 10% los precios en 2008 y de mantenerlos congelados hasta 2011.

Mientras en otras comunidades se debate sobre la apertura de este negocio a la competencia, que seg¨²n algunas auditor¨ªas rebajar¨ªa las tarifas de la ITV un 30%, en Galicia nadie ha abierto el debate. Em Catalu?a, la Federaci¨®n Catalana de Vendedores de Veh¨ªculos a Motor pleite¨® hasta lograr que el Tribunal Superior de Justicia declarase nulo el concurso por el que se adjudicaron las ITV. El pasado abril El Corte Ingl¨¦s anunci¨® que dos de sus centros comerciales en Madrid (Alcal¨¢ de Henares y Legan¨¦s) albergar¨¢n instalaciones de inspecci¨®n. Lo que hay detr¨¢s de todos estos movimientos en el sector es la intenci¨®n de los concesionarios de coches y las superficies comerciales de colarse en el reparto de una tarta con 500 millones de euros de facturaci¨®n en Espa?a. El Tribunal Constitucional ya desbarat¨® una vez las intenciones de los talleres de colarse en este lucrativo negocio. Entretanto, la ca¨ªda empicada de las ventas de autom¨®viles por la crisis y la falta de cr¨¦dito en los bancos propician que el parque de veh¨ªculos siga envejeciendo en Espa?a. M¨¢s facturaci¨®n para un sector que no ha sucumbido a las ansias liberalizadoras del actual Gobierno.