La Junta exige a Rajoy en los juzgados la inversi¨®n que prev¨¦ el Estatuto

Se acab¨® la espera. La Junta de Andaluc¨ªa, a trav¨¦s del consejero de Econom¨ªa, Antonio ?vila, ha formulado el requerimiento previo al contencioso administrativo para exigir al Gobierno central el pago de las inversiones previstas en la Disposici¨®n Adicional Tercera del Estatuto de Autonom¨ªa, una norma que obliga al Estado a destinar a Andaluc¨ªa durante siete a?os un porcentaje de inversi¨®n acorde al peso poblacional en el conjunto del pa¨ªs, en torno al 17,8%. En los ejercicios 2008 y 2009 la Intervenci¨®n General del Estado certific¨® que la desviaci¨®n entre lo realmente gastado y lo correspondiente por ley era de 1.504 millones.

El requerimiento fue registrado el pasado viernes y est¨¢ dirigido a la Secretar¨ªa de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En el escrito, ?vila recuerda que el equilibrio territorial es una obligaci¨®n constitucional y que la disposici¨®n adicional es una norma con rango de ley org¨¢nica, por lo que exige la constituci¨®n de la comisi¨®n bilateral que "vele" por el cumplimiento de ambos preceptos. Esta comisi¨®n, seg¨²n explica el consejero en el escrito, ya cuenta con los interlocutores designados desde 2007, pero no se ha constituido.

?vila entiende este incumplimiento como una "infracci¨®n del principio de cooperaci¨®n y lealtad institucional" incluido en art¨ªculo 103 de la Constituci¨®n.

En funci¨®n de estos argumentos, la Junta requiere al Gobierno central, a quien le corresponde la presidencia de la comisi¨®n bilateral, que la convoque "en el plazo m¨¢ximo de un mes".

Tambi¨¦n reclama en el requerimiento que el Gobierno le remita la informaci¨®n correspondiente a la inversi¨®n "realmente ejecutada" durante 2010 y 2011, que deber¨ªa haber sido recibida hace casi un a?o y cuya falta es interpretada por ?vila como otro ejemplo de "vulneraci¨®n del principio de lealtad institucional". El consejero explica que la ausencia de esos datos impide calcular los recursos que le corresponden a la Comunidad y exige que sean remitidos en dos semanas, como m¨¢ximo. Aprovecha para recordar que antes de final de mes, la Junta deber¨ªa contar con los datos correspondientes a 2012.

El requerimiento de la convocatoria de la comisi¨®n bilateral y de la informaci¨®n es el fundamento previo del contencioso administrativo preparado por la Junta para reclamar las inversiones previstas en la ley.

Econom¨ªa lleg¨® a barajar la posibilidad de recurrir al Constitucional, pero se ha decantado finalmente por esta v¨ªa contenciosa. La Administraci¨®n andaluza reclama las inversiones para generar actividad y porque lo establece un Estatuto aprobado por las Cortes Generales, por el Parlamento andaluz, por todos los partidos pol¨ªticos y en refer¨¦ndum.

La Junta considera que no se trata de un problema de crisis, ya que la norma habla de porcentaje y no de cantidades, por lo que la Junta reclama la ejecuci¨®n en Andaluc¨ªa del 17,8% de las inversiones previstas por el Estado para el conjunto del pa¨ªs. El pasado a?o, seg¨²n los c¨¢lculos de la Junta, el porcentaje de gasto estatal se qued¨® a dos puntos y medio del obligado por la ley.

La disposici¨®n adicional tercera fija la obligaci¨®n de inversiones de acuerdo a la poblaci¨®n para un periodo comprendido entre 2008 y 2014. Los dos primeros a?os se acord¨®, con la certificaci¨®n de la Intervenci¨®n General del Estado, que la desviaci¨®n hab¨ªa sido de 1.504 millones. Esta cantidad no se incluy¨® en los siguientes presupuestos y el Gobierno del PP no ha intervenido ante este incumplimiento. Es m¨¢s, ni se ha previsto en los Presupuestos Generales de 2012 y 2013.