El Gobierno propone sancionar a tres cargos p¨²blicos por impedir un desahucio

Ocho personas, entre cargos p¨²blicos del BNG y EU, funcionarios y activistas, pueden ser sancionadas con multas de 600 euros cada una por su participaci¨®n en los incidentes que abortaron en febrero el desahucio forzoso de Aurelia Rey, la octogenaria vecina de A Coru?a cuyos caseros quer¨ªan recuperar el piso en alquiler en el que llevaba tres d¨¦cadas viviendo. La Subdelegaci¨®n del Gobierno, seg¨²n confirm¨® hoy, abri¨® este expediente de sanci¨®n por alteraci¨®n del orden p¨²blico ante la denuncia de la polic¨ªa nacional por la concentraci¨®n sin permiso que acab¨®, en medio de disturbios, impedir la entrada al edificio de la calle Padre Feij¨®o de la comisi¨®n judicial que pretend¨ªa comunicar el desalojo forzoso de la anciana.

El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, los concejales coru?eses Jos¨¦ Manuel Carril (tambi¨¦n del Bloque) y C¨¦sar Santiso (EU), as¨ª como el bombero que se neg¨® a cortar la cadena que manten¨ªa infranqueable el portal del edificio fueron, seg¨²n la denuncia policial, los que m¨¢s alteraron el ambiente y contribuyeron a los disturbios y zarandeos que se registraron con los agentes. Jorquera, para la polic¨ªa, fue el que encabez¨® la concentraci¨®n de unas 200 personas ante el edificio de Aurelia Rey. Est¨¢ acusado de provocar reacciones del p¨²blico para alterar la seguridad ciudadana. Los dos ediles coru?eses tambi¨¦n fueron denunciados por oponer resistencia activa tanto a los agentes como a la comisi¨®n judicial que ten¨ªa que llevar a cabo el lanzamiento (desalojo) de la vivienda.

Tanto Carril como Santiso destacaron ayer desconocer la apertura de ese expediente ya que nadie de los ocho denunciados recibieron notificaci¨®n alguna. Ambos concejales reiteraron que volver¨ªan a actuar igual y defendieron que no cometieron ning¨²n delito. ¡°S¨®lo evitamos una injusticia y no le tenemos miedo a este Estado represor¡±, asever¨® Carril. Defiende que fue ¡°una protesta leg¨ªtima¡± para impedir ¡°una injusticia social¡±. Santiso coincidi¨® en lo mismo y arremeti¨® contra las fuerzas de seguridad por considerar que fueron ellas las que ¡°vulneraron¡± los derechos de los participantes en la concentraci¨®n.

"El hecho de ser diputado o concejal no libra de cumplir las leyes", advirti¨® tajante el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Ju¨¢rez. Record¨® que el desahucio forzoso de Aurelia Rey era "fruto de una sentencia firme" que hab¨ªa ordenado ejecutar "un juez". Aunque fuese "una situaci¨®n de drama personal de una persona muy mayor con muchos problemas", prima el cumplimiento de la ley. Y en contra, remach¨® Ju¨¢rez, "va el hacer una manifestaci¨®n no comunicada e ilegal, el tratar de impedir que puedan actuar los funcionarios, el utilizar la violencia y el provocar una algarada en la calle". Invit¨® a los ochos expedientados a defenderse presentando un recurso contra su sanci¨®n. Adem¨¢s de este expediente sancionador contra ocho personas, la Comisar¨ªa de Polic¨ªa de A Coru?a tambi¨¦n remiti¨® tres denuncias a la Fiscal¨ªa contra los activistas que al colocar una cadena en el portal del edificio impidieron la entrada al mismo y pusieron en riesgo la seguridad de los vecinos del inmueble.

?