El caso de corrupci¨®n urban¨ªstica en Alcauc¨ªn acaba con 51 procesados

La juez del caso Arcos, uno de los principales caso de corrupci¨®n pol¨ªtica y urban¨ªstica en la provincia de M¨¢laga, ha decidido procesar a 51 personas, entre los que se encuentra Jos¨¦ Manuel Mart¨ªn Alba, exalcalde socialista de Alcauc¨ªn, municipio de la comarca de la Axarqu¨ªa.

Se investiga una supuesta trama de construcci¨®n de viviendas en suelo no urbanizable de Alcauc¨ªn (unos 3.000 habitantes). En el auto de procesamiento, la juez Irene Urb¨®n acuerda el sobreseimiento de la causa para otras 15 personas, seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n.

La magistrada imputa al exregidor hasta cuatro delitos diferentes: contra la ordenaci¨®n del territorio, cohecho, prevaricaci¨®n urban¨ªstica y falsedad documental. Mart¨ªn Alba dimiti¨® de su cargo poco despu¨¦s de que se iniciara la operaci¨®n de la Guardia Civil, en marzo de 2009, y despu¨¦s de llevar 18 a?os al frente de la alcald¨ªa. El exalcalde ingres¨® en prisi¨®n pero qued¨® en libertad tres meses despu¨¦s, al pagar una fianza de 120.000 euros. Adem¨¢s de Mart¨ªn Alba, est¨¢n procesados el que fue jefe adjunto de arquitectura en la Diputaci¨®n de M¨¢laga, Jos¨¦ Francisco Mora, que al igual que el exalcalde fue encarcelado y qued¨® en libertad tras abonar la fianza.

La Guardia Civil hall¨® 150.000 en un colch¨®n de la casa del exregidor

La supuesta red de corrupci¨®n pol¨ªtica y urban¨ªstica ten¨ªa su origen en varios proyectos urban¨ªsticos. La causa sentar¨¢ adem¨¢s en el banquillo de los acusados a varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas radicadas en la Axarqu¨ªa, vecinos de la localidad de Alcauc¨ªn y algunos extranjeros que tambi¨¦n adquirieron algunas de las viviendas ilegales.

Las investigaciones de la Guardia Civil apuntaron, en todo momento, a que Mart¨ªn Alba podr¨ªa haber dado sistem¨¢ticamente licencias ilegales de casas sin los preceptivos informes t¨¦cnicos y jur¨ªdicos. Algunas de las autorizaciones se concedieron el mismo d¨ªa que fueron solicitadas y sin el necesario estudio de viabilidad. Se analiza adem¨¢s si los beneficiarios eran vecinos del municipio que vend¨ªan las parcelas, otros que adquir¨ªan ese terreno y posteriormente lo revend¨ªan. El informe inicial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya advert¨ªa que el entonces alcalde ¡°se habr¨ªa enriquecido a cambio de permitir determinados actos¡± urban¨ªsticos ilegales.

El sumario del caso Arcos cuenta con casi 50.000 folios de los que casi 19.000 son atestados de la polic¨ªa. Durante los registros que se realizaron en marzo de 2009 en la vivienda del exregidor (que se neg¨® a facilitar la llave de seguridad de su caja fuerte) los agentes encontraron m¨¢s de 150.000 euros en el colch¨®n de una cama.

Durante la segunda fase de la operaci¨®n, los agentes irrumpieron en la Gerencia Provincial, en los archivos del catastro, en la sede del Patronato Provincial de Recaudaci¨®n ¡ªdependiente de la Diputaci¨®n¡ª, en domicilios particulares y en el despacho del abogado Pedro Jos¨¦ Grandfils. En el Patronato, los agentes se incautaron de documentaci¨®n de la unidad de gesti¨®n catastral posterior a 2001.

La magistrada archiva las pesquisas sobre otras 15 personas

Los agentes, detuvieron a un funcionario del Patronato y a dos exfuncionarios del catastro. El resto de los arrestados ya hab¨ªan sido imputados en la primera fase. Seg¨²n inform¨® la Guardia Civil, los funcionarios del catastro y del Patronato, coordinados por Grandfils, ¡°modificaban las bases de datos del catastro para introducir informaci¨®n falsa o cuando menos enga?osa¡±.

Con este procedimiento se buscaba ¡°dar cobertura legal a la construcci¨®n de edificaciones sobre suelo no urbanizable¡±. A cambio de estas irregularidades, los funcionarios recib¨ªan una comisi¨®n que, seg¨²n algunas fuentes, oscilaba entre 200 y 300 euros por modificaci¨®n.

El sumario revela c¨®mo el exalcalde cometi¨® supuestamente numerosos trapicheos urban¨ªsticos. Con la ayuda de Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputaci¨®n, el regidor certific¨® que en distintas parcelas del municipio hab¨ªa ruinas ¡ªque no exist¨ªan en la realidad¡ª para permitir la construcci¨®n de chal¨¦s sobre los falsos restos, ¨²nica forma de que la construcci¨®n fuera legal. Tambi¨¦n falsific¨® la fecha de expedientes para legalizar casas irregulares o trat¨® de modificar burdamente la normativa urban¨ªstica del pueblo para convertir en urbanizables terrenos r¨²sticos.