La trama del agua adjudic¨® a dedo obras por 100 millones
La pr¨¢ctica irregular ces¨® tras destaparse el ¡®caso Emarsa¡¯ Los contratos fueron firmados por imputados
La entidad de la Generalitat Valenciana encargada del saneamiento de agua (Epsar) concedi¨® a dedo obras por importe de 102 millones de euros entre 2003 y 2010. El organismo, dirigido entonces por dos imputados ahora en la causa sobre el monumental saqueo de la depuradora de Valencia (caso Emarsa), utiliz¨® para ello la tramitaci¨®n de emergencia, prevista en la ley para actuar de manera inmediata ante ¡°acontecimientos catastr¨®ficos¡±, ¡°situaciones que supongan grave peligro¡± o ¡°necesidades que afecten a la defensa nacional¡±.
La entidad p¨²blica Epsar recurri¨® sistem¨¢ticamente a esa f¨®rmula para hacer frente a las fuertes lluvias que cada a?o y por las mismas fechas descargan sobre la Comunidad Valenciana. La ley prev¨¦ que las obras comiencen en un mes desde el momento en que se declara la situaci¨®n de emergencia. De lo contrario, es obligatorio emplear procedimientos que respeten los principios de publicidad y libre concurrencia. Epsar mantuvo la v¨ªa de conceder a dedo, sin embargo, incluso cuando en obras que empezaron a ejecutarse 14 meses despu¨¦s de la emergencia, indic¨® este lunes Carmen Mart¨ªnez, diputada socialista, que ha tenido acceso a 73 de estos expedientes.
La tambi¨¦n alcaldesa de Quart de Poblet se?al¨® que parte de las obras acumularon abultados sobrecostes, que en el caso de Benidorm alcanz¨® el 4.000%. Y que el recurso habitual a la contrataci¨®n de emergencia por parte de la Epsar ces¨® s¨²bitamente tras destaparse el caso Emarsa, que cuenta con una treintena de imputados acusados de vaciar de fondos p¨²blicos la depuradora mediante facturaciones ficticias y pagos de precios muy por encima de los mercados.
Seg¨²n numerosos testimonios, los m¨¢ximos responsables de Emarsa y de Epsar, Jos¨¦ Juan Morenilla e Ignacio Bern¨¢cer, recibieron a cambio suculentas comisiones. Las firmas de ambos figuran en todos los expedientes de tramitaci¨®n de emergencia analizados por el PSPV-PSOE, afirm¨® Mart¨ªnez. Las adjudicaciones fueron finalmente concedidas por los exconsejeros Juan Cotino (presidente de las Cortes Valencianas) y Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n (fallecido en 2009).
La Sindicatura de Comptes advirti¨® frecuentemente sobre el excesivo uso de la tramitaci¨®n de emergencia sin que Epsar rectificase. Y las obras, agreg¨® Mart¨ªnez, recayeron en empresas investigadas por los jueces en otras grandes causas valencianas de corrupci¨®n, como G¨¹rtel y Emarsa.
Sobrecoste del 4.000% en Benidorm
Los sobrecostes de los 73 expedientes de la Entidad de Saneamiento de Aguas (Epsar) analizados por los socialistas contienen un ejemplo pocas veces visto: unas obras tras unas fuertes lluvias en Benidorm fueron presupuestadas y concedidas por 101.894 euros y terminaron costando m¨¢s de cuatro millones de euros. Unos excesos que, seg¨²n dijo la diputada Carmen Mart¨ªnez ¡°hacen bueno a Santiago Calatrava¡±, autor de buena parte de las grandes obras de Valencia en los ¨²ltimos a?os.
La adjudicaci¨®n de los trabajos a dedo, sin concurso ni posibilidad de que se presenten las empresas que lo deseasen, solo puede utilizarse en situaciones de emergencia. Pero en las obras de Benidorm, que se ordenaron tras la gota fr¨ªa de octubre de 2007, el procedimiento acab¨® sirviendo para objetos que dif¨ªcilmente pueden considerarse urgentes, como la reposici¨®n de un jard¨ªn. La supervisi¨®n del proyecto est¨¢ firmada por Jos¨¦ Juan Morenilla, uno de los principales imputados en Emarsa.
La ¨²ltima adjudicaci¨®n de Epsar efectuada mediante esa tramitaci¨®n excepcional fue precisamente la que concedi¨® la explotaci¨®n de la planta de Pinedo a Aguas de Valencia y Agricultores de la Vega de Valencia tras la disoluci¨®n de Emarsa, la sociedad p¨²blica saqueada por sus responsables hasta llevarla a la quiebra.
La diputada socialista Carmen Mart¨ªnez cuestion¨® ayer la emergencia, dado que la liquidaci¨®n de Emarsa estaba prevista y hubiera podido convocarse un concurso p¨²blico. Las adjudicatarias cobraron 9,6 millones por ocho meses de gesti¨®n, un 17% de los 8,2 millones inicialmente previstos.
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