Un juzgado pone bajo la lupa la privatizaci¨®n sanitaria de Madrid

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Madrid investigar¨¢ el proceso de privatizaci¨®n de la gesti¨®n hospitalaria que inici¨® el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Y, a juzgar por la extensa lista de informaci¨®n de tipo econ¨®mico, mercantil, de facturaci¨®n y administrativa que solicita el juez, lo har¨¢ de manera exhaustiva. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a tr¨¢mite la querella presentada por la asociaci¨®n de m¨¦dicos Afem, una de las organizaciones m¨¢s activas en la marea blanca de protesta contra la privatizaci¨®n sanitaria, por supuestos delitos de cohecho, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, entre otros. Adem¨¢s, ha citado a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones pol¨ªticas.

La querella ¡ªun texto de 86 p¨¢ginas m¨¢s 70 anexos de documentaci¨®n elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrile?os¡ª se?ala las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrej¨®n de Ardoz y M¨®stoles (entre 2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan Jos¨¦ G¨¹emes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente n¨²mero dos de la consejer¨ªa) y Antonio Burgue?o, director general de Hospitales. El juez tambi¨¦n cita con abogado al gerente de la Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambi¨® su denominaci¨®n comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

¡°Se trata de una maniobra pol¨ªtica m¨¢s del Partido Socialista y de su sindicato af¨ªn¡±, afirm¨® este viernes el consejero de Sanidad, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty en unas declaraciones grabadas y difundidas por su Gabinete. ¡°Es un acto puramente de tr¨¢mite¡±, a?adi¨®. Capio y Ribera Salud declinaron comentar las imputaciones.

El auto judicial llama a declarar a cuatro testigos, tambi¨¦n altos cargos de Sanidad pero de perfil m¨¢s t¨¦cnico, y requiere informaci¨®n detallada. Pide, por ejemplo, al Registro Mercantil que identifique a los accionistas o socios de empresas relacionadas con Capio (ahora IDC Salud), la empresa l¨ªder en gesti¨®n privada de sanidad p¨²blica en Madrid: Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops, S. L. Tambi¨¦n dirige una comisi¨®n rogatoria a Luxemburgo para que sus autoridades informen de los accionistas, socios y apoderados de HC Investments BV, la empresa con la que termina el rastro de compa?¨ªas accionistas de Capio en el Registro Mercantil espa?ol.

Los denunciantes destacan las vinculaciones entre cargos pol¨ªticos y las empresas que se han beneficiado del proceso

La querella presentada por los m¨¦dicos insiste en los aspectos econ¨®micos, en concreto en ¡°la negligencia en el control del gasto p¨²blico y la facturaci¨®n intercentros¡±. Seg¨²n los contratos, los hospitales de gesti¨®n privada son penalizados si los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros centros de la red p¨²blica. Los m¨¦dicos aseguran que la Consejer¨ªa de Sanidad no dispon¨ªa hasta el pasado mes de abril de mecanismos de control de esa facturaci¨®n intercentros, por lo que dudan de que la Administraci¨®n p¨²blica estuviera realmente cobrando esas asistencias a las empresas.

El magistrado requiere a los gerentes de 13 hospitales, de gesti¨®n p¨²blica y privada, la facturaci¨®n intercentros detallada de los a?os 2010, 2011 y 2012. Se trata de informaci¨®n que los partidos de la oposici¨®n en el Parlamento regional han solicitado a la Consejer¨ªa de Sanidad, pero que esta no ha divulgado o no lo ha hecho de forma desglosada. Ese detalle es el que ahora requiere el juez. A los centros de gesti¨®n privada (Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz, Valdemoro, M¨®stoles y Torrej¨®n), por ejemplo, se les pide ¡°la relaci¨®n circunstanciada de pacientes asignados a sus ¨¢reas¡± atendidos en otros centros.

Estos datos son muy relevantes para los m¨²ltiples recursos que se acumulan en los juzgados contra el proceso privatizador actual de seis hospitales inaugurados en 2008. Tanto Afem como los partidos de la oposici¨®n aseguran que la c¨¢pita (dinero que paga la Administraci¨®n a la empresa por paciente y a?o) que ha establecido el concurso es superior al coste real que suponen ahora estos centros para el erario p¨²blico, por lo que no existir¨ªa ning¨²n ahorro, m¨¢s bien al contrario, en su paso a manos privadas. La facturaci¨®n intercentros es b¨¢sica para conocer el presupuesto real que manejan estos hospitales. Afem tambi¨¦n denuncia ¡°el trasvase injustificado, masivo y sistem¨¢tico de pacientes¡± hacia cl¨ªnicas concertadas mediante enga?o a trav¨¦s del sistema centralizado de citas de Sanidad.

El PP destaca que los hospitales externalizados logran un 95% de satisfaci¨®n de sus pacientes

La querella se detiene asimismo en los casos de puerta giratoria en la sanidad madrile?a. Los dos exconsejeros de Sanidad tienen o han tenido intereses en la sanidad privada tras abandonar sus cargos. G¨¹emes renunci¨® en enero pasado a su puesto en la empresa Unilabs tras conocerse que esta pose¨ªa los laboratorios de an¨¢lisis cl¨ªnicos que se privatizaron durante su mandato. Lamela acumula cargos en empresas y fundaciones dedicadas a la sanidad como negocio. Antonio Burgue?o, nombrado por G¨¹emes en 2008, trabaj¨® durante a?os para empresas del sector. Por ejemplo, asesor¨® a Capio en la apertura del primer hospital que copiaba en Madrid el controvertido modelo Alzira, en 2007.

Patricia Flores fue directora general de Atenci¨®n Primaria con el exconsejero Juan Jos¨¦ G¨¹emes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustituci¨®n de Ana S¨¢nchez, que dej¨® el cargo cuatro meses despu¨¦s de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con m¨¢s poder en la Consejer¨ªa de Sanidad madrile?a. El a?o pasado una frase suya sobre la atenci¨®n a los pacientes cr¨®nicos motiv¨® una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgue?o es director general de Hospitales desde 2008. Unos d¨ªas despu¨¦s de que lo nombrara? Juan Jos¨¦ G¨¹emes dej¨® su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ¨¢mbito de la sanidad privada porque trabaj¨® para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inaugur¨® el modelo sanitario de gesti¨®n privada que ahora est¨¢ impulsando la Comunidad de Madrid.

Uno de los m¨²ltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem? son las vinculaciones entre cargos pol¨ªticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatizaci¨®n. Los dos ¨²ltimos exconsejeros de Sanidad madrile?os, Manuel Lamela y Juan Jos¨¦ G¨¹emes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpic¨® el esc¨¢ndalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s. En 2010 cre¨® la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron cr¨¦ditos y subvenciones. Ahora preside la Fundaci¨®n Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio. Forma parte, entre otras cosas, del consejo de administraci¨®n de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios de gesti¨®n privada del hospital del Tajo en Aranjuez, que se licit¨® mediante una concesi¨®n de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 a?os. El propio Lamela inaugur¨® el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.

En enero pasado, Juan Jos¨¦ G¨¹emes ¡ªen el cargo entre 2008 y 2010¡ª renunci¨® a su puesto en la empresa de an¨¢lisis cl¨ªnicos Unilabs despu¨¦s de que se conociera que esta firma compr¨® en noviembre pasado el 55% de la UTE (uni¨®n temporal de empresas) que realiza los an¨¢lisis cl¨ªnicos de seis hospitales p¨²blicos. Se da la circunstancia de que G¨¹emes formaba parte del Ejecutivo madrile?o cuando se adjudic¨® esta concesi¨®n administrativa, que supon¨ªa la privatizaci¨®n de los laboratorios cl¨ªnicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejer¨ªa de Sanidad decidi¨® en 2008 que las pruebas anal¨ªticas las gestionara una empresa, y sac¨® un concurso para adjudicar el servicio durante ocho a?os, con posibilidad de pr¨®rroga hasta 10. Ofreci¨® 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los an¨¢lisis de los seis hospitales reci¨¦n inaugurados en la regi¨®n, los mismos cuya gesti¨®n ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud gan¨® el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociaci¨®n de Profesionales de Laboratorios P¨²blicos (Aprolap) consider¨® ¡°temerario¡± por ser excesivamente barato. Un a?o despu¨¦s la Consejer¨ªa de Sanidad cerr¨® tres laboratorios p¨²blicos para ceder las pruebas anal¨ªticas que realizaban a la UTE ganadora.

Juan Jos¨¦ G¨¹emes ha asegurado este mediod¨ªa a EL PA?S que no ha recibido ninguna notificaci¨®n oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.

Los m¨¦dicos denuncian que hospitales de gesti¨®n privada "atraen pacientes de otras ¨¢reas de protecci¨®n, a trav¨¦s del denominado Call Center fundamentalmente de hospitales p¨²blicos de gesti¨®n directa por el SERMAS, viniendo obligados estos ¨²ltimos a pagar la prestaci¨®n sanitaria realizada. La elecci¨®n del centro en ocasiones ha sido voluntaria por parte del paciente, pero en otras se ha producido coacciones o enga?os", seg¨²n recoge el auto del juez. Este diario relat¨® en enero pasado c¨®mo m¨¦dicos, administrativos del sistema p¨²blico y pacientes denuncian el sistema de derivaciones a cl¨ªnicas privadas de la Consejer¨ªa de Sanidad. Aseguran que ofrece informaci¨®n enga?osa con la que se ¡°presiona¡± a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administraci¨®n paga por esos procedimientos.

Para Fern¨¢ndez-Lasquetty, la admisi¨®n de la querella no significa "ning¨²n tipo de decisi¨®n", sino simplemente que el juez "lo va a examinar; es un acto puramente de tr¨¢mite". Record¨® que se trata de "hospitales p¨²blicos que llevan ya a?os atendiendo a miles de madrile?os", en Torrej¨®n, Valdemoro y M¨®stoles, y lo est¨¢n haciendo con "un extraordinario nivel de calidad y una satisfacci¨®n de m¨¢s del 95%" de los usuarios. "Por tanto son hospitales que est¨¢n cumpliendo muy bien su labor al servicio de sanidad p¨²blica madrile?a", subray¨®, antes de a?adir que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a concurso para su construcci¨®n, se hizo con arreglo a los principios de la ley, con toda transparencia y toda legitimidad".

El auto del magistrado Sexmero admite la personaci¨®n de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutar¨¢n la "acci¨®n popular". En cambio, el juez rechaza la medida cautelar que le ped¨ªa Afem en la querella: la suspensi¨®n y paralizaci¨®n general del proceso de privatizaci¨®n.

El secretario general del PSM, Tom¨¢s G¨®mez, ha instado este viernes a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de "privatizaci¨®n y desmantelamiento" de la sanidad p¨²blica tras la admisi¨®n de una querella sobre posibles irregularidades en la externalizaci¨®n de servicios sanitarios desde 2004. El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Rub¨¦n Bejarano ha pedido al presidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez, "paralizar de forma urgente el proceso de privatizaci¨®n de los seis hospitales madrile?os a la vista de que el Juzgado N¨²mero 4 ha admitido a tr¨¢mite la querella contra la c¨²pula que inici¨® la privatizaci¨®n de la sanidad en el a?o 2003".