El S¨ªndic insta a cambiar el programa que obliga a trabajar para recibir ayudas

?El S¨ªndic de Greuges de Catalunya, Rafael Rib¨®, insta al Consorcio de Atenci¨®n a las Personas del Alt Urgell, participado por el Ayuntamiento de La Seu y el consejo comarcal, a modificar las bases del programa de contraprestaciones sociales para los beneficiarios de ayudas porque pueden vulnerar derechos y crear inseguridad jur¨ªdica. El programa obliga a las personas perceptoras de ayudas sociales de urgencia a trabajar para los ayuntamientos de la comarca a raz¨®n de una hora por cada 15 euros recibidos. Quedan excluidos quienes acrediten tareas de voluntariado o aquellos que certifiquen un deterioro ps¨ªquico o f¨ªsico, siempre que nadie de su familia pudiera sustituirles.

La resoluci¨®n de la sindicatura, tras una queja presentada por el grupo municipal de la oposici¨®n PSC-Progr¨¦s, recomienda al consorcio que impulse un proceso de debate, con todas las administraciones con competencias en materia de servicios sociales, para lograr un consenso sobre su contenido y que suprima la obligatoriedad de los trabajos, sin perjuicio de que los mismos puedan ser voluntarios.

Asimismo, el defensor de las personas recomienda que en aquellos casos en que los profesionales valoren la necesidad de realizar estas tareas, se garantice que las actividades que se exijan a la persona se enmarquen y se justifiquen convenientemente en el plan de atenci¨®n individualizado, que guarden relaci¨®n y puedan contribuir a mejorar la problem¨¢tica que da lugar a la intervenci¨®n social.

Las bases reguladoras objeto de la queja fueron aprobadas el pasado 30 de agosto y entraron en vigor el 1 de octubre. La oposici¨®n municipal asegura que la medida no ha funcionado por las dificultades que entra?aba su aplicaci¨®n, ya que es injusta y crea m¨¢s exclusi¨®n social.

El alcalde de La Seu, el convergente Albert Batalla, ha manifestado hoy que, despu¨¦s de un semestre de prueba piloto, el programa est¨¢ ¡°en la nevera¡±, a pesar de que los resultados han sido satisfactorios ¡°para nosotros y para los usuarios¡±.

El consorcio ha comunicado su intenci¨®n de introducir algunas modificaciones y ha acordado con el Departamento de Bienestar Social y Familia elaborar unas bases unificadas y m¨¢s amplias que den respuesta de forma global a cualquier municipio, y resuelvan posibles dudas. No concreta, en cambio, cu¨¢les son las modificaciones que pretende introducir ni las circunstancias o motivos que lo aconsejan, as¨ª como tampoco las previsiones de materializaci¨®n de estos cambios.

El S¨ªndico se?ala que la decisi¨®n de ¡°parar¡± el proyecto plantea algunos interrogantes, ya que ¡°no queda claro si implica paralizar la concesi¨®n de estas ayudas, inaplicar las bases en su conjunto o solo la exigencia de las tareas de colaboraci¨®n social u otro de los requisitos establecidos¡±.

Rib¨® resalta que se ha de tener en cuenta que en este caso, al existir unas bases ya aprobadas, se ha de asegurar que las personas que lo necesiten tengan acceso a las ayudas y que las decisiones resultantes se adopten ¡°en un marco de seguridad jur¨ªdica¡±. ¡°Por tanto¡±, a?ade, ¡°conviene que esta situaci¨®n se regularice lo m¨¢s pronto posible, ya sea mediante una derogaci¨®n o una modificaci¨®n formal de las bases en el sentido que corresponda¡±.

Por ¨²ltimo, la Sindicatura afirma que ser¨ªa conveniente que el proceso que se inicie permita un debate a nivel t¨¦cnico y pol¨ªtico en profundidad sobre las medidas a introducir para hacer m¨¢s efectiva la intervenci¨®n social. ¡°Este proceso¡±, concluye, ¡°puede ofrecer una oportunidad valiosa para reflexionar y profundizar en la definici¨®n, las caracter¨ªsticas y el procedimiento de concesi¨®n de las ayudas de urgencia no solo en el ¨¢mbito del consorcio, sino desde un punto de vista m¨¢s general¡±.