Fiscal¨ªa se centra en un expediente de desarrollo rural y env¨ªa el resto a la OLAF

La Fiscal¨ªa de Valencia ha remitido a la oficina antifraude de la Uni¨®n Europea, la OLAF, el grueso de las presuntas irregularidades en la gesti¨®n de 128 millones de desarrollo rural, cofinanciadas por Bruselas, denunciadas por una funcionaria. El ministerio p¨²blico ha decidido, sin embargo, mantener abiertas y profundizar las pesquisas en uno de los casos investigados: las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de L'Orxa y otra entidad presidida por el alcalde del municipio, Guillermo Moratal, llamada Centro de Desarrollo Rural Aitana.

En este caso, tal y como public¨® EL PA?S, el vago proyecto para un centro de apoyo a un futuro museo de energ¨ªas recibi¨® cerca de un mill¨®n de euros en distintas l¨ªneas de subvenciones, y a pesar de ello el servicio de supervisi¨®n de proyectos de la Consejer¨ªa de Infraestructuras rechaz¨® por tres veces las justificaciones de las obras. Entre otras cosas graves carencias, los impulsores ni tan solo indicaban la parcela en la que se erig¨ªa el inmueble, para cuya construcci¨®n tambi¨¦n podr¨ªa haber recibido, seg¨²n algunos indicios, subvenciones de otras Administraciones.

La fiscal¨ªa se?ala por ello que, "a la vista de la subvenci¨®n otorgada y de los informes desfavorables de los t¨¦cnicos, as¨ª como a la efectiva concesi¨®n de la ayuda" procede la apertura de diligencias de investigaci¨®n espec¨ªficas para "comprobar si efectivamente se ha producido el ingreso de dinero p¨²blico para el proyecto presupuestado y si efectivamente ha sido ejecutado el proyecto, as¨ª como las personas que han realizado su concesi¨®n por poder ser los hechos denunciados constitutivos de un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y prevaricaci¨®n".

El alcalde de L'Orxa, Moratal, es tambi¨¦n el presidente de Fevader, una entidad copada por alcaldes del PP que tramitaba incluso en dependencias oficiales los expedientes que ellos mismos promov¨ªan a trav¨¦s sobre todo de Ayuntamientos.

La funcionaria ha recurrido el archivo del resto de los expedientes denunciados, que la fiscal¨ªa ha remitido a la OLAF "por tratarse de fondos comunitarios". El ministerio p¨²blico, no obstante, deja la puerta a retomar las pesquisas al precisar en su resoluci¨®n, no obstante, que tal remisi¨®n a la oficina antifraude se realiza "al objeto de que se proceda por ese organismo a realizar las comprobaciones necesarias en la tramitaci¨®n de ayudas comunitarias y su posterior remisi¨®n a Fiscal¨ªa en el caso de que existan indicios de haberse cometido una infracci¨®n penal".

La gesti¨®n de los 128 millones de ayudas gener¨® una extraordinaria tensi¨®n en la Consejer¨ªa de Agricultura el a?o pasado, seg¨²n distintas fuentes, que confirmaron que tres cargos dimitieron para no tener que cerrar expedientes plagados de irregularidades que se arrastraban de a?os anteriores, aunque los protagonistas lo atribuyeron a motivos personales. Una de las que dej¨® el cargo fue Pau Aviny¨®, que recientemente ha sido imputada en el caso G¨¹rtel por otras supuestas irregularidades. En concreto, por haber participado presuntamente en el fraccionamiento de contratos para poder conced¨¦rselos directamente a empresas de la trama de Francisco Correa cuando ocupaba un cargo p¨²blico en la Consejer¨ªa de Sanidad.