El Parlamento amenaza a AGE con el C¨®digo Penal por revelar secretos

La comisi¨®n de investigaci¨®n sobre las cajas de ahorros est¨¢ sirviendo para que PP y AGE sigan polarizando y acaparando el protagonismo de la vida pol¨ªtica gallega. Despu¨¦s de que el jueves los portavoces de la formaci¨®n de izquierdas, Xos¨¦ Manuel Beiras y Yolanda D¨ªaz, entregasen a los medios de comunicaci¨®n varios informes declarados secretos por la Mesa del Parlamento, en la que el PP tiene mayor¨ªa, ayer la presidenta de la C¨¢mara, Pilar Rojo, emiti¨® un comunicado en el que amenaza con denuncia a los miembros de AGE por un delito de revelaci¨®n de secretos, penado con entre uno y tres a?os de c¨¢rcel. Si el argumento de la coalici¨®n izquierdista es que se deben a los ciudadanos y no al secreto decidido por el PP, el de los populares es que las leyes est¨¢n para ser cumplidas.

?En el fondo del debate se encuentra la confidencialidad de cientos de documentos con supuesta informaci¨®n sensible sobre las antiguas cajas remitidos por la Xunta a la comisi¨®n de investigaci¨®n. La Asesor¨ªa Jur¨ªdica del Gobierno gallego los acompa?¨® de un informe de 23 p¨¢ginas en el que admite que en el Parlamento no hay ¡°ninguna regulaci¨®n sobre el tratamiento de la informaci¨®n reservada¡±, por lo que opta por ¡°tomar como pautas interpretativas, por analog¨ªa¡± lo establecido para el Congreso de los Diputados. Y afirma que el car¨¢cter reservado de los papeles no solo afectar¨ªa a los documentos contables o de planificaci¨®n de las entidades financieras sino tambi¨¦n a los que terceros, como empresas de consultor¨ªa, pudieran realizar con esa informaci¨®n.

Pero hoy las cajas ya no existen, sustituidas por un banco p¨²blico cuya estrategia de negocio poco tiene que ver con ellas. Y los documentos revelados por AGE son precisamente del segundo tipo, informes elaborados por terceros. Es m¨¢s, su contenido ya fue publicado en los ¨²ltimos a?os por varios medios de comunicaci¨®n. Pero como la Mesa del Parlamento, dominada por el PP, los declar¨® tambi¨¦n reservados ampar¨¢ndose en la argumentaci¨®n de la Asesor¨ªa Jur¨ªdica de la Xunta, ahora la presidenta de la C¨¢mara acusa a los miembros de AGE de incumplir sus obligaciones como diputados.

En concreto, el PP apunta a los art¨ªculos del Reglamento del Parlamento que obligan a ¡°no divulgar las actuaciones que puedan tener excepcionalmente el car¨¢cter de secretas¡±. Esto permiti¨® que ayer Rojo amenazase en su comunicado con aplicar otro art¨ªculo del Reglamento, el que indica que si la causa del incumplimiento de sus deberes como diputados ¡°pudiese ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia dar¨¢ cuenta al ¨®rgano judicial competente¡±. Y en este caso, seg¨²n los servicios jur¨ªdicos del Parlamento, lo incumplido podr¨ªa ser el art¨ªculo 199 del C¨®digo Penal, que establece de forma gen¨¦rica que ¡°el que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por raz¨®n de su oficio o sus relaciones laborales, ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de uno a tres a?os¡±.

El comunicado de la presidenta de la C¨¢mara fue emitido casi al tiempo que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificaba la actuaci¨®n de AGE de ¡°grav¨ªsima¡± por ¡°incumplir la ley¡± y se mostraba convencido de que ¡°los ¨®rganos del Parlamento actuar¨¢n en consecuencia¡±. Y desde el PP su portavoz, Paula Prado, indic¨® que se tomar¨¢ ¡°una decisi¨®n jur¨ªdica y no pol¨ªtica¡± sobre el comportamiento de AGE por parte de ¡°la Mesa de la C¨¢mara, que es el ¨®rgano competente en esta materia¡±. ?rgano que est¨¢ controlado por el PP.

El embrollo jur¨ªdico sobre la responsabilidad de revelar los documentos se complica porque las propias consultoras que los elaboraron ya advirtieron en su momento a las cajas o a la Xunta de que los informes eran solo para ellos. KPMG lleg¨® a avisar al Gobierno gallego de que su estudio ¡°no debe ser citado o transferido, ni total ni parcialmente, sin previo consentimiento escrito¡±. Y le recordaba: ¡°Estos t¨¦rminos han sido acordados con ustedes y no aceptaremos responsabilidad alguna respecto de cualquier otro tercero que pudiera tener acceso al informe¡±. Esto es, la Xunta ser¨ªa ahora responsable ante KPMG de que AGE haya revelado esos documentos.

En cuanto a las comparecencias en la comisi¨®n, ayer le toc¨® el turno al director general de Pol¨ªtica Financeira, Manuel Galdo, encargado de supervisar las cajas. Seg¨²n dijo, lo que ¡°torpedea y hunde¡± a la entidad ya fusionada fue el decreto de febrero de 2011 del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero que exig¨ªa m¨¢s garant¨ªas de capital. Galdo critic¨® que esa norma ¡°restringe el cr¨¦dito¡± y ¡°discrimina entre bancos y cajas¡±. Pero BNG y AGE censuraron que el PP la apoy¨®, a lo que Galdo no replic¨® nada.

Desde AGE, Xos¨¦ Manuel Beiras remont¨® a los a?os noventa el inicio del inter¨¦s de la gran banca por ¡°devorar¡± a las cajas de ahorros en toda Europa y acus¨® al exgobernador del Banco de Espa?a Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez de ser ¡°un delincuente que traicion¨® al Estado" que "tendr¨ªa que estar en el trullo¡±.

Tambi¨¦n ayer el que fue representante de la Conseller¨ªa de Facenda en la comisi¨®n de control de Novacaixagalicia, Joaqu¨ªn Caballero, explic¨® que ese ¨®rgano interno tard¨® casi un a?o en tener conocimiento de los blindajes previstos en los contratos de sus principales directivos desde que fueron aprobados por el consejo de administraci¨®n. Esos contratos permitieron que cuatro directivos cobrasen m¨¢s de 18 millones de euros cuando fueron despedidos.