Alaya cuestiona que la Junta tenga competencias para pagar los ERE
La juez pide al Ministerio de Empleo que se pronuncie sobre el sistema de ayudas a prejubilados. El Gobierno central no recurri¨® el decreto de 2012
La juez Mercedes Alaya?cuestiona que la Junta haya legislado las ayudas sociolaborales que hoy perciben 5.700 prejubilados. En su ¨²ltimo auto, la magistrada pone en duda la aprobaci¨®n del decreto-ley por parte del Consejo de Gobierno del Ejecutivo el pasado octubre para poner orden en las subvenciones individuales. El detalle m¨¢s llamativo es que Alaya deja el dictamen sobre la norma en manos del Secretario General T¨¦cnico del Ministerio de Empleo, un cargo de confianza nombrado por el Gobierno central y no un funcionario o t¨¦cnico de la Administraci¨®n. Pablo Hern¨¢ndez LaHoz-Ortiz, nombrado por la ministra F¨¢tima B¨¢?ez, decidir¨¢ sobre si con el decreto la Junta invadi¨® las competencias en materia laboral, ¡°cuya legislaci¨®n es competencia exclusiva del Estado¡±, resalta Alaya en su ¨²ltimo auto del pasado jueves.
?Por qu¨¦ es tan relevante este dictamen? El Ejecutivo de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n puso orden en las ayudas para los prejubilados de los ERE el pasado oto?o y elimin¨® las comisiones externas de los brokers. Pero no solo eso. El decreto-ley era un misil para la l¨ªnea argumentaria de la juez Alaya contra las ayudas concedidas entre 2001 y 2010 por el Gobierno.
La norma determin¨® que las ayudas son individuales y sobre todo que no se rigen por la Ley de Subvenciones (estatal) de 2003, un argumento utilizado por la Guardia Civil y la juez de manera insistente para subrayar la ilegalidad del fondo de los ERE. Y ahora la juez intenta desbaratar la fuerza legislativa pero sobre todo judicial de un procedimiento de ayudas que, previsiblemente, dirimir¨¢ el Tribunal Supremo dentro de a?os. La persona a la que Alaya se dirige para apoyar su tesis es un cargo de confianza del Ministerio de Trabajo.
La magistrada cree que se regul¨® sobre una materia exclusiva del Estado
Eso s¨ª, las explicaciones del Ejecutivo central deber¨¢n ser muy medidas, dado que a diferencia de otros decretos, como el de vivienda y el de la subasta de f¨¢rmacos, el Gobierno de Mariano Rajoy no recurri¨® el decreto-ley sobre los ERE de la Junta ante el Tribunal Constitucional. Y el plazo prescribi¨® a los tres meses. Es decir, el departamento de B¨¢?ez no consider¨® que la norma, de gran impacto social dado que afectaba a 5.700 familias que protestaban casi a diario por la paralizaci¨®n de sus p¨®lizas, invadiera competencias propias del Gobierno central.
El enfrentamiento m¨¢s sonado de Alaya con la Junta en el caso de los ERE fue el pasado verano por la exigencia de entrega de las actas de los Consejos de Gobierno, pero ahora la juez cuestiona la capacidad normativa de la Junta para regular el pol¨¦mico sistema de ayudas implantado en 2001, reformado primero en 2010 tras saltar el caso judicial y luego vuelto a modificar el pasado oto?o con m¨¢s precisi¨®n jur¨ªdica que pudiera confrontar las graves acusaciones de la magistrada.
¡°Se pronuncie sobre la procedencia, a tenor de la legalidad vigente en cada momento, del establecimiento por la comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa de un sistema propio de ayudas previas a la jubilaci¨®n ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de regulaci¨®n de empleo¡±, detalla el auto, redactado el pasado jueves, la misma ma?ana del debate parlamentario sobre el estado de la comunidad en el Parlamento.
El Ejecutivo central pag¨® parte del expediente de la Faja Pir¨ªtica
Alaya pide al Secretario General T¨¦cnico que se pronuncie sobre si las ayudas ¡°est¨¢n o no incluidas en el ¨¢mbito laboral¡±, cuya legislaci¨®n Alaya adjudica al Estado en exclusiva. Hern¨¢ndez debe precisar a la juez si las ayudas ¡°afectan y de qu¨¦ modo¡± a la legislaci¨®n ¡°que en exclusiva compete al Estado¡±, y si hay unas bases reguladoras aprobadas por el Estado para este tipo de ayudas. Adem¨¢s, le pide al alto cargo del ministerio que le aporte informes o antecedentes ¡°que pudieran existir¡± en los archivos del ministerio sobre el seguimiento, informe o control de las actuaciones de la Junta. En 2003 el Gobierno central gobernado por el PP dio un paso m¨¢s all¨¢ y pag¨® parte del ERE de la Faja Pir¨ªtica junto a la Junta. Por ¨²ltimo, Alaya pide la documentaci¨®n sobre los cr¨¦ditos presupuestarios autorizados por el Estado a favor de la Consejer¨ªa de Empleo para gestionar las subvenciones de los prejubilados.
La juez solicita el dictamen despu¨¦s de que la Intervenci¨®n General del Estado, que ha analizado con lupa el fondo de los ERE, plantea en su informe que el sistema de ayudas ¡°se sit¨²a dentro (y no al margen) del orden de competencias fijados por la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa¡±.
Pero los interventores no se mojan, sino que solo subrayan que las ayudas sociolaborales se hayan implantado solo en Andaluc¨ªa y no en el resto de comunidades aut¨®nomas.
La investigaci¨®n se ampl¨ªa y abarca desde 1999
Si hasta ahora la investigaci¨®n del caso de los ERE part¨ªa desde 2001, desde ayer la causa judicial se ha ampliado a 1999, por lo que abarca 12 a?os (1999-2010). Es decir, Alaya investiga la gesti¨®n de cuatro consejeros: Guillermo Guti¨¦rrez, Jos¨¦ Antonio Viera, Antonio Fern¨¢ndez y Manuel Recio, a cuyo director general de Trabajo Daniel Rivera mantiene imputado. ¡°El devenir de la instrucci¨®n y sobre todo de las conclusiones contenidas en los sucesivos atestados de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] (...) han revelado nuevos datos relacionados con otras posibles subvenciones otorgadas por la Junta y el Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa con anterioridad al periodo inicialmente investigado¡±, subraya Alaya en su auto.
El motivo de la ampliaci¨®n del periodo investigado es la existencia de ayudas concedidas a empresas como Jerez Industrial e Hijos de Andr¨¦s Molina en fechas anteriores al acuerdo marco firmado por Viera y Fern¨¢ndez en 2001. Alaya reconoce que dado que la Guardia Civil ya examina estas ayudas, ¡°ya impl¨ªcitamente se ha ampliado el periodo de investigaci¨®n inicialmente acotado¡±. Sobre estas ayudas anteriores a 2001, la magistrada le pide a la Junta que le remita los informes al respecto por el gabinete jur¨ªdico de la Junta. Adem¨¢s, Alaya requiere documentos sobre las modificaciones presupuestarias de Empleo en 2010, en concreto sobre el expediente de generaci¨®n de cr¨¦dito de 20 millones firmados por el director general de Presupuestos.
Los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado cuestionan las ayudas concedidas desde 2000 y subrayan que no existe norma para que la Junta regulara ¡°la concesi¨®n, se establezca sus l¨ªmites, edad m¨ªnima de los beneficiarios, cuant¨ªas, periodos de percepci¨®n, porcentaje de financiaci¨®n p¨²blica de las mismas o forma de tramitaci¨®n¡±.
Por otra parte, el PP censur¨® ayer que la empresa Integrasur 2003, cuyo apoderado es el ex secretario general de Empleo Francisco Garc¨ªa, recibiera ayudas de la Junta por 514.000 euros. Garc¨ªa administr¨® Faescom 92, firma que recibi¨® una ayuda sociolaboral de 450.000 euros. El empresario aclar¨® que Integrasur 2003 es uno de los 520 centros especiales de empleo para los que la Junta ha destinado 30,6 millones en subvenciones al empleo de discapacitados.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
