La Generalitat rechaza la ley para intervenir a autonom¨ªas morosas
Homs exige al Gobierno que pague las deudas con Catalu?a antes de exigir puntualidad
La Generalitat de Catalu?a mostr¨® ayer su m¨¢s profundo rechazo a la futura Ley Org¨¢nica de control de la deuda comercial en el sector p¨²blico y que en casos extremos podr¨ªa implicar la intervenci¨®n de autonom¨ªas incumplidoras por parte del Gobierno central. El consejero catal¨¢n de Presidencia, Francesc Homs, asegur¨® que quiz¨¢s quien deber¨ªa ¡°autointervenirse¡± es el Gobierno central por las deudas que arrastra con la Generalitat.
El Gobierno de CiU cifra en cerca de 8.000 millones los pagos pendientes del Gobierno central a la Generalitat. La cifra es la suma de incumplimientos en todo tipo de partidas, especialmente la disposici¨®n adicional del Estatuto referente a la inversi¨®n en infraestructuras. Sin embargo, el recorte que la carta auton¨®mica sufri¨® por parte del Tribunal Constitucional es el argumento que esgrime el Gobierno para no pagar esta supuesta deuda.
Homs admiti¨® que la Generalitat paga ¡°tarde y mal¡± a sus proveedores, pero tambi¨¦n asegur¨® que esta situaci¨®n no se dar¨ªa si el Gobierno central estuviese al d¨ªa en sus pagos a la Administraci¨®n catalana. ¡°Si de lo que se trata es pagar puntualmente, por favor, que nos paguen la deuda. Si lo hicieran las cosas ir¨ªan de una forma bastante diferente¡±, insisti¨®.
Deuda millonaria
En los ¨²ltimos meses los impagos de la Generalitat con sus proveedores han ido agrav¨¢ndose progresivamente. Las universidades, por ejemplo, reclaman 200 millones en deudas, las farmacias otros 300, una cifra similar a la de los servicios concertados. Adem¨¢s debe 35 millones a los consejos comarcales en concepto de becas de comedor y transporte escolar.
Las comunidades que se demoren m¨¢s de 30 d¨ªas en el pago a sus proveedores tendr¨¢n siete meses para enderezar la situaci¨®n y, en caso contrario, ser¨¢n sancionadas por Hacienda hasta casos extremos de perder competencias en los impuestos cedidos. Cuando la demora del tiempo de pago medio de las facturas supere los 60 d¨ªas durante dos meses seguidos el Ministerio de Hacienda podr¨¢ aplicar una bater¨ªa de medidas ¡°correctoras¡±, como un proceso de ¡°retenci¨®n de los importes a satisfacer de los recursos de financiaci¨®n¡± de la comunidad morosa. Pese a que la ley permite la intervenci¨®n en ¨²ltima instancia, el Gobierno insiste en que hacerlo no es su objetivo.
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