Vivienda intenta negociar con Rajoy el decreto para evitar al Constitucional

La Junta quiere evitar otro conflicto con el Gobierno central en el Tribunal Constitucional y ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy la convocatoria de una comisi¨®n bilateral para debatir el decreto andaluz antidesahucios. El objetivo es plantear medidas para resolver las dudas sobre el decreto ¡°en el ¨¢mbito de cooperaci¨®n entre Administraciones y no en el marco judicial¡±, explic¨® ayer el viceconsejero de Fomento y vivienda, Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa Cebri¨¢n, que invit¨® al Ejecutivo a ¡°sentarse y reflexionar¡±.

El Consejo de Ministros aprob¨® el pasado viernes recurrir el decreto andaluz al entender que invade competencias estatales, pero todav¨ªa no lo ha presentado porque est¨¢ a la espera de un informe del Consejo de Estado. Si quiere recurrir tiene de plazo hasta el 12 de julio, cuando se cumplen tres meses desde la publicaci¨®n de la norma que permite a la Junta expropiar temporalmente el uso de la vivienda a los bancos, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusi¨®n, y multar con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.

La mano que le ha tendido ahora la Junta le puede servir para ampliar ese plazo porque, si la acepta y las dos Administraciones acuerdan sentarse a negociar, la fecha l¨ªmite para recurrir ante el Constitucional se ampliar¨¢ otros seis meses (hasta el 12 de enero), seg¨²n la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional. La consejer¨ªa, por su parte, conseguir¨ªa al menos posponer la suspensi¨®n cautelar del decreto que previsiblemente ordenar¨ªa el Constitucional al admitir a tr¨¢mite el recurso. El alto tribunal tendr¨ªa que decidir en el plazo de cinco meses si levanta esta suspensi¨®n y la Junta puede seguir aplicando el decreto o mantiene la norma paralizada mientras se pronuncia sobre el fondo del asunto (si la norma andaluza invade competencias estatales).

El viceconsejero de Vivienda, en un comunicado difundido ayer, sostiene que el recurso ante el Constitucional es ¡°innecesario y precipitado¡±. ¡°M¨¢s a¨²n cuando lo que est¨¢ en juego es la protecci¨®n de familias en situaci¨®n extrema¡±, a?ade Garc¨ªa Cebri¨¢n, que considera que la comisi¨®n bilateral es ¡°el foro adecuado para estudiar la aplicaci¨®n de la normativa, evaluar sus consecuencias y dirimir las cuestiones entre la comunidad aut¨®noma y el Gobierno¡±.

Cuando el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sa¨¦nz de Santamar¨ªa, anunci¨® el recurso a la norma andaluza, justific¨® la decisi¨®n en que, seg¨²n el Ejecutivo, el decreto afecta al derecho a la propiedad de la vivienda, establece una responsabilidad sancionadora ¡°al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constituci¨®n¡± y fija ¡°una regulaci¨®n contraria al principio igualdad¡±.

La Junta no comparte ninguno de estos argumentos y est¨¢ preparando ya las alegaciones a un posible recurso. El viceconsejero de Vivienda asegura no tener dudas sobre la constitucionalidad de la norma. ¡°Es absolutamente evidente y est¨¢ avalada por la jurisprudencia del propio tribunal y por voces de prestigiosos juristas que cada d¨ªa toman la palabra en defensa del decreto¡±, sostiene Garc¨ªa Cebri¨¢n, que advierte de que el Gobierno andaluz ¡°no va a dar marcha atr¨¢s¡±: ¡°Hay 700.000 viviendas en Andaluc¨ªa, donde desde 2007 se han producido m¨¢s de 80.000 desahucios. Eso es absolutamente insostenible¡±.

Mientras el Gobierno decide si acepta o no la comisi¨®n bilateral, la Consejer¨ªa que dirige Elena Cort¨¦s sigue tramitando expedientes de expropiaci¨®n para frenar desahucios e inspeccionando el parque de vivienda de Andaluc¨ªa para detectar inmuebles desocupados.