La interventora de Reus acusa al exalcalde de impedirle fiscalizar Innova

El Ayuntamiento de Reus que presidi¨® el socialista Llu¨ªs Miquel P¨¦rez impidi¨® que la interventora municipal fiscalizara las cuentas del conglomerado empresarial Innova, que acumula una deuda de 202 millones de euros y cuya gesti¨®n investiga ahora un juzgado. El entramado, formado por 18 empresas y que se llevaba una buena parte del presupuesto municipal de la ¨¦poca, fue gestionado directamente por el alcalde y el equipo de gobierno sin que la interventora pudiera realizar los filtros de control necesarios, seg¨²n relata la funcionaria en una decena de informes emitidos entre 2004 y 2005 a los que ha tenido acceso EL PA?S.

La interventora denuncia en esos documentos las trabas que sufri¨® para conseguir informaci¨®n de las empresas municipales e incluso advierte de que el comportamiento de los responsables municipales era manifiestamente ilegal y que podr¨ªan estar cometiendo un delito de usurpaci¨®n de poderes a funcionarios p¨²blicos. Las cartas e informes fueron remitidas en su momento a los m¨¢ximos dirigentes de la administraci¨®n local, entre ellos a Llu¨ªs Miquel P¨¦rez y al expresidente del Instituto Catal¨¢n de la Salud (ICS), Josep Prat, que entonces era director general de servicios del Consistorio y director de Innova.

Los informes de la interventora hab¨ªan permanecido en el olvido hasta que la diputada de la CUP Isabel Vallet se refiri¨® a ellos el pasado lunes durante una sesi¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n de la sanidad catalana en el Parlament. El exalcalde y todo el equipo de gobierno de aquella ¨¦poca, as¨ª como el propio Prat, est¨¢n imputados en un juzgado de Reus.

La interventora, Margarita L¨®pez, que anteriormente fue subdelegada del Gobierno en Tarragona entre 1996 y 2000 y que ya no trabaja en el Consistorio, explica en un informe fechado el 9 de diciembre de 2004 que Prat se hab¨ªa encargado de tramitar el expediente del presupuesto municipal de 2005 y que a ella solo se le entreg¨® una peque?a parte del documento ¡ªconcretamente, las bases¡ª la v¨ªspera de que este fuera debatido en la comisi¨®n informativa municipal. ¡°La direcci¨®n general de servicios encarg¨® a Faura-Casas (una sociedad ajena al Consistorio) la elaboraci¨®n de las bases, sin ning¨²n tipo de expediente administrativo, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido¡±, expresa L¨®pez en su informe.

La interventora explica que el informe elaborado por esta auditora, que sigui¨® trabajando durante varios a?os para el Ayuntamiento, contiene ¡°ilegalidades¡± en m¨¢s de quince aspectos, entre ellos la Ley de Subvenciones, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria o el Sistema Europeo de Cuentas Econ¨®micas Integradas. L¨®pez explica que el documento que le facilitaron propone sacar ¡°de los controles que la ley se?ala en las sociedades municipales¡±, con lo que la interventora vaticina que el Ayuntamiento e Innova podr¨ªan cometer un delito.

La interventora denunci¨® que era ¡°imposible¡± trabajar en Reus

¡°Se advierte que puede incurrir tambi¨¦n en lo establecido en el art¨ªculo 294 del C¨®digo Penal: impedir actuaciones de ¨®rganos inspectores (¡­) Adem¨¢s, se est¨¢ perjudicando gravemente los intereses de la Corporaci¨®n¡±, expresa la funcionaria. En el mismo informe advierte tambi¨¦n del delito de usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas.

Margarita L¨®pez denuncia tambi¨¦n en sus informes que su funci¨®n de interventora en las sociedades municipales ha quedado limitada a revisar una copia de los estados de cuentas. ¡°La Sindicatura de Cuentas puede pedir los documentos, informes que considere oportunos, como este a?o ha pedido de todas las sociedades municipales las subvenciones recibidas y otorgadas, y que ha costado conseguirlas m¨¢s de cuatro meses, e infinidad de escritos y requerimientos a Prat, que no ha contestado en persona ninguno de ellos¡±, advierte.

En otro informe del 13 de enero de 2005, L¨®pez asegura que es ¡°del todo imposible¡± realizar su trabajo en el Consistorio. La interventora explica que la mano derecha de Prat en Innova, Ester Ventura, lleg¨® a expulsarla de las oficinas del conglomerado cuando la ¨²nica administrativa del departamento pas¨® a prestar servicios al entramando impartiendo un curso de contabilidad. ¡°La acompa?¨® con dos auxiliares que llevan el registro de facturas y gastos y la se?ora Ester Ventura echa a los auxiliares y a m¨ª me dice que no puedo estar all¨ª¡±, relata la interventora. ¡°Me contesta que si yo estoy all¨ª se acaba la formaci¨®n. Son testimonio entre otros los auxiliares y la administrativa¡±, asegura el informe. Ventura es pareja del hombre fuerte de CiU en Tarragona, Josep Poblet, que preside la Diputaci¨®n. ¡°La misma se?ora ha enviado diversos escritos, no teniendo ella ning¨²n nombramiento del pleno¡±, contin¨²a la funcionaria. Para L¨®pez esto es ¡°inviable¡±, y concluye que podr¨ªa incurrir en diversos delitos.

La funcionaria estalla en otro informe de 24 de marzo de 2005. Acusa a los ediles de hacer caso omiso a los informes y dice que Prat deniega sus requerimientos. ¡°Se hace advertencia, una vez m¨¢s, por parte de esta Intervenci¨®n del impedimento en el ejercicio de sus funciones, y por tanto de las posibles responsabilidades que puedan derivarse, as¨ª como la posible responsabilidad contable, incluidas responsabilidades por malversaci¨®n de capitales o efectos p¨²blicos¡±, dice.

La funcionaria llega a recordar que el delito de usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas contempla penas de c¨¢rcel de uno a tres a?os. Tambi¨¦n se prev¨¦n de tres a ocho meses para la autoridad que conociendo su ilegalidad permita ejercitar un cargo p¨²blico a alguien no cumple los requisitos. En la actualidad Prat est¨¢ imputado por pagar desde Innova 720.000 euros presuntamente irregulares al exdirector del Servicio Catal¨¢n de la Salud, Carles Mant¨¦. El exalcalde tambi¨¦n est¨¢ encausado, junto a 14 ediles, por avalar con tres millones de euros p¨²blicos una empresa de capital mixto y privado.