La justicia paraliza el proceso de privatizaci¨®n sanitaria de Madrid
El Tribunal Superior de Justicia acepta la suspensi¨®n que ped¨ªa el Partido Socialista Sanidad hizo un cambio de ¨²ltima hora en las condiciones para reducir la garant¨ªa
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado en un auto paralizar el proceso de privatizaci¨®n de la gesti¨®n de seis hospitales emprendido por la Comunidad de Madrid. La secci¨®n tercera de lo contencioso administrativo ha aceptado las medidas cautelares urgentes que hab¨ªa pedido el Partido Socialista, lo que se traduce en la paralizaci¨®n inmediata de la adjudicaci¨®n de los seis hospitales, certificada por el Consejo de gobierno regional hace seis d¨ªas. La suspensi¨®n es provisional, hasta que la semana que viene el TSJM tome la decisi¨®n de ratificarla o no, una vez la Consejer¨ªa de Sanidad haya alegado lo que considere oportuno, confirman fuentes judiciales.
Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sof¨ªa (San Sebasti¨¢n de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid pretend¨ªa que est¨¦n funcionando con el nuevo modelo para el mes de septiembre.
La demanda de los socialistas se centraba en una modificaci¨®n de ¨²ltima hora que hizo la Consejer¨ªa de Sanidad en las condiciones de los contratos. Solo cuatro d¨ªas antes de la finalizaci¨®n del plazo de presentaci¨®n de ofertas, el Bolet¨ªn Oficial public¨® como correcci¨®n de errores un cambio sustancial en la garant¨ªa que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Sanidad incluy¨® la palabra "anual" en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la pr¨¢ctica en una reducci¨®n del 90% del aval, puesto que el contrato de concesi¨®n es por 10 a?os. En lugar de aportar m¨¢s de 200 millones, las empresas solo tienen que proveer 28 millones de euros.
El auto del tribunal afirma que en el caso "aprecia que, efectivamente, concurren 'circunstancias de especial urgencia' en orden a resolver la medida cautelar". Lo que justifica la adopci¨®n de esta medida cautelar es "el devenir de los acontecimientos, fundamentalmente la ya inmediata adjudicaci¨®n de los contratos anunciada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid", a?ade. El TSJM considera que la modificaci¨®n en la garant¨ªa que pide el Gobierno regional a las empresas "pudiera exceder del ¨¢mbito de rectificaci¨®n de un simple error material, siendo evidente que la cuant¨ªa de la fianza contractual var¨ªa sustancialmente seg¨²n sea del 5% del importe total de adjudicaci¨®n del contrato (diez a?os de ejecuci¨®n) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer a?o)".
Este hecho, la reducci¨®n en hasta un 90% del aval, "podr¨ªa haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garant¨ªa definitiva seg¨²n la convocatoria posteriormente rebajado por v¨ªa de 'correcci¨®n de errores', y afectar¨ªa a las penalidades contractuales de las que en su caso hubiera de responder la garant¨ªa definitiva, con las consecuencias y efectos para los intereses generales que se mencionan por la parte solicitante de la medida cautelar", concluye el tribunal en los fundamentos de derecho del auto.
Ya a principios de junio el responsable de Sanidad del PSM, Jos¨¦ Manuel Freire, empez¨® a denunciar p¨²blicamente las correcciones que la Consejer¨ªa de Sanidad hab¨ªa estado haciendo hasta el ¨²ltimo momento a los pliegos del concurso para la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de los seis hospitales, que interpretaba como un intento de mejorar las condiciones para evitar la falta de ofertas. En concreto, subray¨® la modificaci¨®n en el importe de la garant¨ªa, que supon¨ªa reducirla a una d¨¦cima parte. La Consejer¨ªa de Sanidad respondi¨® entonces a este diario, por escrito, lo siguiente: ¡°El objetivo siempre ha sido que el importe fuera anual, que es una cantidad suficientemente considerable para cubrir las garant¨ªas¡± Y a?adi¨®: ¡°Siempre en la concesi¨®n de contratos p¨²blicos, la cuant¨ªa es anual. Se ha aclarado una duda para evitar una interpretaci¨®n no acorde con lo que se pretend¨ªa expresar en los pliegos¡±.
El Consejo de Gobierno de la semana pasada aprob¨® la propuesta de adjudicaci¨®n de los seis centros, con la que la Comunidad de Madrid espera ahorrar 169 millones de euros. Sin embargo, los contratos de concesi¨®n a¨²n no est¨¢n firmados. El Consejo aprob¨® adjudicar a Ribera Salud centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey; para Bupa Sanitas el Hospital de Henares de Coslada; y para el grupo puertorrique?o Hima San Pablo el Infanta Sof¨ªa de San Sebasti¨¢n de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez.
El proceso por v¨ªa contencioso administrativa se suma a la querella por v¨ªa penal que la Asociaci¨®n de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) tiene presentada en un juzgado madrile?o. Ha sido admitida a tr¨¢mite y dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos de la Consejer¨ªa est¨¢n citados a declarar con su abogado en septiembre pr¨®ximo.
Un proceso muy judicializado
La privatizaci¨®n de la gesti¨®n de seis hospitales p¨²blicos en Madrid, anunciada en octubre pasado, ha generado una cascada de denuncias y recursos que se acumulan en los juzgados madrile?os.
PSOE. Solo el Partido Socialista tiene cuatro procedimientos abiertos. El Tribunal Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite en abril el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE ¡ª50 senadores¡ª contra la privatizaci¨®n de la sanidad madrile?a. Adem¨¢s, esta formaci¨®n tiene un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ayer decidi¨® darle la raz¨®n y suspender cautelarmente el proceso de adjudicaci¨®n de los hospitales. Tambi¨¦n el juzgado de lo contencioso-administrativo n¨²mero 8 de Madrid est¨¢ estudiando un recurso. Ayer mismo solicit¨® a la Consejer¨ªa de Sanidad que se pronuncie en el plazo de 10 d¨ªas sobre una de las medidas cautelares solicitadas por el PSOE para frenar este proceso. Finalmente, los socialistas est¨¢n personados en una querella en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4.
El viernes pasado solicitaron al juez en un escrito ampliar la querella criminal contra Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad ya imputada, a la que acusan de un delito de prevaricaci¨®n y de negociaciones prohibidas a funcionarios por haber firmado la correcci¨®n de errores que reduce en un 90% el aval a las empresas.
Afem. La Asociaci¨®n de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) present¨® una querella en el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Madrid por delitos como prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en la primera fase de la privatizaci¨®n madrile?a, la de los hospitales de Valdemoro, Torrej¨®n y M¨®stoles. El juez ha admitido a tr¨¢mite la querella y ha citado con abogado, es decir, en calidad de imputados, a dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad, entre otros. Afem tambi¨¦n ha presentado un contencioso administrativo en el juzgado n¨²mero 9 de Madrid.
Amyts. El sindicato de m¨¦dicos Amyts tiene otro contencioso administrativo presentado en el juzgado 32 de la capital.
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