La batalla final de los ERE entre la Junta y la juez Alaya se acerca

?Es posible lograr un relato ameno y comprensible del meollo actual del caso de los ERE? ?Tiene traducci¨®n al lenguaje cotidiano un palabro como la transferencia de financiaci¨®n? ?C¨®mo explicar la rama pol¨ªtica de la causa para que no se asemeje a una cuesti¨®n de expertos jur¨ªdicos y financieros? Esos son los retos de este reportaje.

La batalla final del caso de los ERE est¨¢ muy pr¨®xima. Durante los a?os venideros seguir¨¢n aflorando corruptelas y delitos cometidos entre 1999 y 2010, pero la cuesti¨®n clave que afecta a la c¨²pula del Gobierno andaluz se resolver¨¢ previsiblemente en los pr¨®ximos meses. Esto es, si el sistema utilizado para pagar los 721 millones fue legal y si sus responsables pol¨ªticos deben ser procesados. Desde enero de 2011 la investigaci¨®n ha descubierto un fraude diverso: los intrusos en los expedientes, las sobrecomisiones pagadas a los intermediarios y las ayudas directas a empresas que no las merec¨ªan.

Pero hace dos semanas la juez Mercedes Alaya abri¨® la caja de los truenos al desarrollar su tesis, anta?o esbozada, sobre el procedimiento: la Junta dise?¨® un sistema opaco para saltarse los controles de la Intervenci¨®n General y poder pagar los ERE millonarios al tiempo que daba subvenciones a las empresas afines al PSOE, lo que permiti¨® un ¡°dispendio continuado¡± de los fondos p¨²blicos.

La decisi¨®n de Alaya se materializ¨® en un sonado auto por el que imput¨® a 20 altos cargos de las diferentes etapas del Gobierno andaluz que pecaron de inacci¨®n, seg¨²n su tesis. ¡°Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucci¨®n¡±, anunci¨® como pr¨®logo de su resoluci¨®n, que ha supuesto un terremoto para el Ejecutivo aut¨®nomo. La trascendencia de su acusaci¨®n afecta a cargos tan relevantes como la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y exministra Magdalena ?lvarez.

Sin embargo, todos los juristas consultados coinciden en que la coherencia judicial indica que seg¨²n la tesis expuesta, la responsabilidad de ?lvarez es cuando menos similar a la del presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, sucesor de ?lvarez al frente de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda. Y los testimonios de testigos recabados se?alan a la consejera actual de Hacienda, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, durante su etapa como viceconsejera. Ambos son aforados y el Tribunal Supremo resolver¨¢ su responsabilidad despu¨¦s de que la juez le env¨ªe una exposici¨®n razonada de hechos. Y entonces sus magistrados resolver¨¢n la madre del cordero actual: si los responsables pol¨ªticos de que el procedimiento se perpetuara a?o tras a?o cometieron delito. Si tiene encaje en el C¨®digo Penal o por el contrario es una cuesti¨®n administrativa.

Hasta que llegue ese d¨ªa en el que el alto tribunal resuelva la cuesti¨®n clave se suceder¨¢n los argumentos jur¨ªdicos enfrentados. Por una y otra parte. Sin embargo, entre ambos extremos hay actores con un papel decisivo como la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que por ahora ha optado por no decantarse y pedir que acudan a declarar al juzgado los t¨¦cnicos de la C¨¢mara de Cuentas y que se aporten todos los informes de la Guardia Civil y la Intervenci¨®n General. Es necesario aportar toda la luz posible antes de posicionarse en esta cuesti¨®n tan compleja, viene a decir el ministerio p¨²blico.

Mientras los fiscales se posicionan, la juez ha esbozado en su auto que la imputaci¨®n de ?lvarez responde a su dise?o de las normas que permitieron el pago de los ERE entre 2001 y 2004, pero a¨²n debe concretar el papel desempe?ado por el resto de altos cargos, entre ellos el ex interventor general Manuel G¨®mez, citado a declarar dentro de semana y media.

La respuesta de la Junta ha sido recurrir ante la Audiencia de Sevilla el auto de Alaya, a pesar de ser acusaci¨®n particular, una situaci¨®n an¨®mala por la que se arriesga a ser expulsada del procedimiento. En t¨¦rminos muy duros, el Gobierno ha condenado la falta de motivaci¨®n de Alaya para imputar a sus altos cargos, porque esta inconcreci¨®n de indicios criminales puede dar al traste con el procedimiento debido a ulteriores nulidades. La Junta est¨¢ personada como Administraci¨®n perjudicada por el fraude de fondos p¨²blicos. En su recurso, el Ejecutivo aut¨®nomo alerta de que la tesis de la juez ¡°subvierte¡± el sistema democr¨¢tico al cuestionar las leyes de Presupuesto aprobadas por el Parlamento donde se incluy¨® a?o tras a?o el fondo de los ERE. Y la ilegalidad de las leyes debe dirimirla el Tribunal Constitucional. ¡°Supone un ataque frontal al Estado de Derecho¡±, avisa el Gobierno andaluz, que considera que de prosperar la imputaci¨®n de sus 20 altos cargos, deber¨ªan sumarse todos los diputados que apoyaron los presupuestos a lo largo de varias legislaturas, todos los que se abstuvieron, as¨ª como todos los que presentaron enmiendas, normalmente, desde la oposici¨®n, porque l¨®gicamente conoc¨ªan el fondo.

El primer ¨¢rbitro de esta pelea entre la Junta y Alaya, la Audiencia, es posible que no se moje. Porque los argumentos esgrimidos por el exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez hace un a?o para defender el fondo fueron muy similares a los de la Junta. Y desde entonces la C¨¢mara de Cuentas ha censurado en su informe el procedimiento inadecuado, pero el ¨®rgano fiscalizador no se ha mojado sobre su ilegalidad. ¡°No disponemos de datos objetivos y elementos de juicio suficientes (...) sobre si era ajustado a derecho o no el procedimiento instaurado por la Consejer¨ªa de Empleo¡±, aleg¨® hace un a?o la Audiencia. Est¨¢ por ver si sus jueces dejar¨¢n la patata caliente al Supremo o si la legalidad del fondo se dilucidar¨¢ en Sevilla.

?Cu¨¢les son los dos enfoques contrapuestos sobre el pago de las ayudas en los ERE?

La clave es la utilizaci¨®n de la transferencia de financiaci¨®n, un mecanismo de pago desde la Junta a sus organismos p¨²blicos utilizado durante a?os con regularidad, pero que en los ERE ten¨ªa caracter¨ªsticas muy peculiares y diferenciadoras. Para unos es un m¨¦todo perverso dise?ado con la intenci¨®n de favorecer el fraude. Para otros un sistema legal del que se hizo un mal uso, pero cuya pervivencia no supuso anomal¨ªa ni ilegalidad, ya que los informes de la Intervenci¨®n no dieron a los pol¨ªticos la voz de alarma sobre el menoscabo de fondos p¨²blicos. Al margen de su ilegalidad, est¨¢ claro que el dise?o fue inadecuado, por eso el Gobierno lo ha modificado dos veces desde 2009.

¡°Canal Sur recibe transferencias de financiaci¨®n pero se las gastan ellos, no se dedican a dar subvenciones. El problema es que el poder de decisi¨®n para gastar el dinero radicaba en Empleo¡±, censura el abogado del PP, Luis Garc¨ªa Navarro. Empleo decid¨ªa el destino del dinero, pero quien pagaba era la agencia Idea sin conocer los expedientes. ¡°Al trasvasar dinero a las empresas p¨²blicas se hace mediante subvenciones que hay que justificar con fiscalizaci¨®n previa y a posteriori. En este caso no ten¨ªa ning¨²n control¡±. Este letrado censura la inacci¨®n de los altos mandos de Econom¨ªa y Hacienda ante los sucesivos informes de la Intervenci¨®n General que alertaron del fondo hasta en 15 ocasiones diferentes.

Luciano Parejo, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, opina que la responsabilidad de alertar de la Intervenci¨®n exime en parte a los responsables de las consejer¨ªas que recibieron sus informes: Hacienda, Innovaci¨®n y Empleo: ¡°La Intervenci¨®n ten¨ªa obligaci¨®n de hacer un reparo y no est¨¢ claro que el gestor responsable tuviera la capacidad de maniobra (...) El problema es haber ido aflojando en el rigor de los procedimientos (...) Parece claro que hay irregularidades de bulto. Ahora bien, hay una ley \[la de Presupuestos\] que establece ese dise?o y otorga cobertura¡±, expone.

En definitiva, el procedimiento empleado devino en una corrupci¨®n que provoc¨® el fraude, la duda radica en averiguar si fue antes el huevo o la gallina. ¡°El problema est¨¢ en que cuando se hac¨ªa la transferencia desde la agencia Idea [organismo pagador] hasta la aseguradora, esta es totalmente opaca y ah¨ª se abre la espita del fraude¡±, recuerda Luis ?ngel Hierro, director del Departamento de Econom¨ªa de la Universidad de Sevilla. ¡°Si los nombres de los trabajadores beneficiados se hubieran publicado en el BOJA (Bolet¨ªn Oficial de la Junta), problema resuelto¡±, concluye.

Si seguir como lector el d¨ªa a d¨ªa del caso requiere un esfuerzo considerable, bien es cierto que est¨¢n en jaque mandos clave del Gobierno y quiz¨¢s el sacrificio merezca la pena. Si uno quiere estar al d¨ªa, claro.