Cuesti¨®n de fuero

Acomplejada por la execrable red corrupta que anid¨® en sus entra?as durante una d¨¦cada, la Junta de Andaluc¨ªa ha tardado m¨¢s de dos a?os en reaccionar a la investigaci¨®n judicial de la rama pol¨ªtica del caso de los ERE. Es indiscutible que la juez Mercedes Alaya ha acumulado indicios sobrados para sostener que una trama de altos cargos de la Administraci¨®n, empresarios, abogados y sindicalistas particip¨® en un expolio sistem¨¢tico de fondos p¨²blicos.

Sin embargo, la parte de la instrucci¨®n referida a la c¨²pula de la Junta, que est¨¢ removiendo sus cimientos, s¨ª suscita un debate pol¨ªtico y jur¨ªdico de calado. Previsible porque en los m¨¢s de 30 meses de singular instrucci¨®n a nadie con un m¨ªnimo conocimiento de la causa se le ha escapado que Alaya pretend¨ªa llegar al momento actual.

La tesis de Alaya es sencilla: la Junta repart¨ªa el fondo de los ERE con un procedimiento (las ya famosas transferencias de financiaci¨®n) que sorteaba los controles internos y que dio lugar al ¡°dispendio¡± de dinero p¨²blico. Y todos los rectores pol¨ªticos y altos funcionarios que de forma m¨¢s o menos directa tuvieron relaci¨®n con el fondo que gestionaba la Consejer¨ªa de Empleo tienen responsabilidad penal.

Con esta base ha imputado a 20 altos cargos de la Administraci¨®n auton¨®mica, entre ellos la exministra Magdalena ?lvarez, en un auto con una escueta motivaci¨®n y una breve descripci¨®n de hechos que destacados juristas, como el magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, ven muy dif¨ªcil que tengan encaje en el C¨®digo Penal. La resoluci¨®n no permite intuir ni por asomo qu¨¦ tipificaci¨®n delictiva es imputable a los altos cargos, algo extra?o a estas alturas de la instrucci¨®n. Sobre todo cuando esta l¨ªnea del caso se fundamenta en los informes de la Intervenci¨®n que alertaron del procedimiento (que se conocen desde hace m¨¢s de dos a?os) y en el de la C¨¢mara de Cuentas, terminado hace nueve meses. El auto, adem¨¢s, alimenta la idea de que hay una imputaci¨®n selectiva de responsables pol¨ªticos, esquivando a los aforados.

Siendo estos aspectos relevantes, principalmente porque la falta de motivaci¨®n de las imputaciones abre la puerta a la revocaci¨®n del auto, el cap¨ªtulo judicial que empieza ahora promete ser, sin duda, el m¨¢s interesante de cuantos ha habido en el caso de los ERE. Alaya ha puesto ya las cartas sobre la mesa de por d¨®nde quiere encauzar la investigaci¨®n: el papel que tuvieron los m¨¢ximos dirigentes de la Junta en la puesta en marcha de las transferencias de financiaci¨®n, un instrumento presupuestario que en su opini¨®n dio pie al fraude y por el que caben responsabilidades penales.

Cautelosa hasta ahora en esta l¨ªnea del caso, la Junta ha presentado un recurso en el que le dice a la juez que el ¡°camino elegido es harto peligroso para el sistema democr¨¢tico¡±. La respuesta se centra en la defensa del fuero de la Administraci¨®n y ha sido igualmente contundente: las transferencias de financiaci¨®n se aprobaron a?o a a?o en el Parlamento en la ley de Presupuestos y un juez no puede cuestionar una norma de esta naturaleza salvo que presente una cuesti¨®n de inconstitucionalidad; la partida se debati¨® y recibi¨® enmiendas de la oposici¨®n sin que nadie apreciase ilegalidad alguna y una cosa es la creaci¨®n del fondo y el procedimiento de concesi¨®n de las ayudas (que forma parte de una decisi¨®n pol¨ªtica compartida por ejecutivo y legislativo) y otra es el uso perverso que se le dio a posteriori al dinero p¨²blico.