Inercia, arbitrariedad y partidos

Las inercias son dif¨ªciles de vencer. Es una obviedad constatar que es m¨¢s gratificante dejarse mecer por la corriente que nadar a la contra. La acomodaci¨®n a lo establecido permite que haya mayor eficacia ejecutiva a la hora de vetar a un magistrado del Tribunal Constitucional para tomar parte en los debates sobre el Estatuto catal¨¢n ¡ªpor haber escrito un informe para la Generalitat¡ª que cuando por simple ¨¦tica se debe apartar a todo un presidente del Alto Tribunal que en su d¨ªa ocult¨® al Senado su militancia en un partido pol¨ªtico.

La inercia del statu quo tambi¨¦n hace que sea m¨¢s f¨¢cil justificar el salario de 800.000 euros del presidente de una caja ¡ªo echarle la culpa de la mala gesti¨®n de esa entidad a la crisis¡ª que explicar c¨®mo una familia de cuatro miembros de M¨®ra d'Ebre ¡ªa la que ha desahuciado esa misma caja por una deuda de 1.200 euros¡ª debe sobrevivir con 426 euros al mes.

El discurso pol¨ªtico dominante tiende a situar en el desierto las razones que asisten a las voces cr¨ªticas que ahondan en subrayar la arbitrariedad. Ese fen¨®meno que se da en el mundo judicial y en el socio-econ¨®mico es perfectamente trasladable al universo pol¨ªtico.

Los partidos confunden con frecuencia las cr¨ªticas severas con el populismo, afirmando que aquellas pueden desembocar en la judicializaci¨®n y el desprestigio de los pol¨ªticos. Los ex¨¦getas del estado de cosas y las formaciones pol¨ªticas defensoras de este estado de cosas no se interrogan sobre su responsabilidad por haber generado normas y comportamientos que permiten que la arbitrariedad campe por sus respetos.

El informe de Agust¨ª Colom cay¨® en el PSC como las v¨ªsperas sicilianas en la casa de Anjou.

Como ejemplo reciente, quiz¨¢s para evitar males mayores y preservar la paz social, esta semana tres partidos del Parlament (CiU, PSC y Esquerra) han decidido de nuevo ampararse en esta corriente y vetar el reingreso en la Sindicatura de Cuentas de Agust¨ª Colom, un economista propuesto por Iniciativa, que en su d¨ªa result¨® extraordinariamente impertinente con el Tripartito y con CiU, que ya es mucho tentar.

En 2010, como s¨ªndico explic¨® en un informe que en el Hospital Mois¨¦s Broggi del Baix Llobregat hab¨ªa alrededor de 10 millones de euros sin justificar y que la desviaci¨®n presupuestaria del centro de nueva construcci¨®n era de casi tres millones de euros. La auditor¨ªa apareci¨® en las postrimer¨ªas del segundo Tripartito, cuando el entonces presidente de la Generalitat, el socialista Jos¨¦ Montilla, se aprestaba a cortar la cinta del centro sanitario en plena precampa?a. Era la perla de la corona de su mandato y en su feudo, el Baix Llobregat. Ni que decir tiene que el informe cay¨® como las v¨ªsperas sicilianas en la casa de Anjou.

El otro desaf¨ªo a la m¨¢xima de seguir la corriente, tambi¨¦n perpetrado por Colom, proviene del llamado caso Crespo. Xavier Crespo (CiU) era alcalde de Lloret de Mar (2007-2011) cuando percibi¨® m¨¢s de 200.000 euros procedentes de fondos p¨²blicos por su actividad m¨¦dica, lo que supone una clara incompatibilidad dada su condici¨®n de edil. Ese informe tambi¨¦n lo elabor¨® Colom, pero en este caso, al contrario de lo que sucedi¨® con el del Hospital Mois¨¦s Broggi, el resto de la Sindicatura de Cuentas lo rechaz¨®. Sin embargo, la fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas decidi¨®, a la luz de unos datos que desconoc¨ªa, abrir una investigaci¨®n al respecto cuando este diario public¨® la pol¨¦mica auditor¨ªa en mayo del a?o pasado.

En los dos casos el poder partidista, bien a trav¨¦s de la Generalitat, bien de la Sindicatura de Cuentas, sopes¨® seriamente hacer lo que tanto critica: judicializar el asunto llevando al mensajero a los tribunales. Pero tambi¨¦n en ambos casos sus impulsores debieron caer en la cuenta de que su reacci¨®n era un ejercicio de autojustificaci¨®n obviamente in¨²til.

En democracia las instituciones deben estar sometidas a cr¨ªtica y fiscalizadas sin cuartel, lo que ha de visualizarse especialmente en ¨¦pocas de crisis. Es una de las pocas armas compensatorias contra la arbitrariedad, esa que permite en la Catalu?a del siglo XXI que un parado pierda la prestaci¨®n de desempleo por haber hecho un remiendo, mientras que algunas instituciones financieras amparadas por el secreto bancario puedan no facilitar al juez los justificantes de ad¨®nde fueron a parar, por ejemplo, 9,6 millones de euros del caso Palau.